Recta final para las nuevas pensiones

¿Conseguirá el Gobierno convencer a Bruselas de que su reforma de las pensiones garantiza la sostenibilidad del sistema y una jubilación digna a los nacidos durante del baby boom? Hay mucho en juego, pues el visto bueno de la Comisión Europea es indispensable para el desembolso de los fondos de recuperación Next Generation EU. La cuestión va a ser, sin duda, una de las protagonistas de la recta final de la legislatura.

El Ejecutivo debería haber enviado a Bruselas el segundo tramo de su reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre, pero a finales de enero las negociaciones con los agentes sociales seguían en punto muerto y el PSOE ni siquiera contaba con el apoyo de Unidas Podemos para su aprobación en el Parlamento. Aunque el retraso no va a frenar el tercer pago de los fondos europeos, de 6.000 millones de euros, previsto para el mes de abril, sí podría complicar el cuarto, de 10.000 millones más.

 

Dos escollos retrasan el acuerdo: el aumento del periodo de cálculo de las pensiones y la subida de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Actualmente, la cuantía de la pensión se calcula teniendo en cuenta la cotización de los últimos 25 años de trabajo, periodo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insiste en ampliar a 30 años —con la posibilidad de eliminar los dos peores para el trabajador— con el objetivo de “adecuar las prestaciones a las nuevas carreras profesionales”. Los sindicatos y Unidas Podemos rechazan la idea por considerar que su aplicación significaría un recorte en la cuantía de las prestaciones. 

Por su parte, la patronal se opone a subir las cotizaciones de los sueldos más altos, medida que traería consigo un aumento —aunque inferior— de las pensiones máximas. Ahora mismo el tope de la base de cotización está en los 50.000 euros anuales, lo que significa que todos los trabajadores que ganan más de esa cantidad cotizan por igual la Seguridad Social. La idea del Gobierno es que el incremento de las bases de cotización se haga de manera gradual de aquí al año 2050.

 

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno para canalizar los fondos europeos de reactivación económica tras la pandemia de coronavirus. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha manifestado que se reserva su opinión hasta que la redacción final de la propuesta española llegue a sus manos. En Bruselas —donde abunda la alergia a todo lo que signifique aumentar el gasto público—no ha caído bien en ciertos sectores la decisión del Gobierno de actualizar automáticamente las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC). El apoyo a la reforma no está, ni mucho menos, amarrado. 

 

Garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones se presenta como una tarea extremadamente difícil en vista del aumento del número de jubilados que se avecina y del hecho de que estos van a cobrar prestaciones más altas que sus mayores. Los integrantes del baby boom —nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la década de 1970— están empezando a jubilarse, lo que obliga a destinar una proporción cada vez mayor de los Presupuestos Generales del Estado al pago de las pensiones.

 

Acompasar la subida de las prestaciones por jubilación a la evolución de los precios va a demandar un gran esfuerzo a las arcas públicas. Según la calculadora del ministro Escrivá, el gasto en pensiones pasará del 12% del PIB actual al 15,5% en 2050. ¿De dónde van a salir esos 3,5 puntos porcentuales de diferencia? Según el ministro, del aumento de los ingresos del propio sistema. 

Como primer paso, el 1 de enero pasado entró en vigor un nuevo impuesto llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que deberán pagar todos los asalariados y autónomos —en total, más de 20 millones de españoles— y que equivale al 0,6% del salario (el 0,5% correrá a cargo de la empresa y el 0,1% el trabajador). El MEI sustituye al llamado factor de sostenibilidad, puesto en marcha por el anterior Gobierno del PP y que vinculaba el importe de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida de los jubilados. El objetivo es ir llenando de nuevo el fondo de reserva de la Seguridad Social —conocido como “la hucha de las pensiones”—, que en 2011 llegó a tener casi 67.000 millones de euros y que hoy está prácticamente vacía. 

25 últimos años de cotización son los que se tienen en cuenta actualmente para calcular la pensión

 

Para un trabajador con un salario bruto de 2.000 euros, el MEI apenas supone dos euros mensuales. Las empresas deben asumir los 10 euros restantes. En principio, el impuesto estará en vigor durante 10 años, pero podrá prorrogarse en función de las necesidades de la Seguridad Social. Escrivá espera recaudar por esta vía el equivalente al 1% del PIB.

El Gobierno también confía en incrementar la recaudación con el retraso en la edad de jubilación real (actualmente 64,2 años) mediante la penalización de la jubilación anticipada y una serie de incentivos para prolongar la vida laboral. Ambas medidas supondrían, según los cálculos del ministro, otro 1,5% del PIB. El dinero restante vendría de los ingresos extra que aportará el nuevo sistema de cotización de los autónomos (0,6%) y de la subida de las bases máximas de cotización (0,5%). En caso de que el gasto aumentase por encima de lo previsto y fuera necesario recurrir al fondo de reserva, el Ejecutivo no descarta una subida adicional de las cotizaciones y otras “fórmulas alternativas”.

50.000 euros anuales es la base máxima de cotización actualmente. Todos los trabajadores que ganan más de esa cantidad cotizan por igual. El PSOE quiere subirla

 

Algunos economistas discrepan de los cálculos optimistas de Escrivá. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), sostiene que la subida de la cotización máxima tendría un impacto recaudatorio “muy modesto”, que cifra en menos del 0,2% del PIB —en lugar del 0,5% calculado por el Gobierno— y que, por tanto, contribuiría “de forma muy limitada” a garantizar la sostenibilidad de las pensiones. En su opinión, ampliar el periodo de cotización a 30 años solo incrementaría los ingresos de la Seguridad Social en un 0,3% del PIB en el año 2050, cantidad “muy inferior a la que sería necesaria para restaurar el equilibrio del sistema” .

El poder adquisitivo de los nueve millones de pensionistas que hay en España parece, al menos por al momento, garantizado. El año 2023 es el segundo en que se aplica la actualización de las pensiones en línea con el IPC de los 12 meses anteriores. Como consecuencia de la espiral inflacionista desatada por la pandemia de coronavirus, la cuantía de las prestaciones subió en enero pasado el 8,5% con respecto a 2022. 

8,5% aumento de la cuantía de las pensiones este año debido a la inflación de 2022

 

Según los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, los pagos a los jubilados se elevarán hasta los 190.000 millones de euros, casi 20.000 millones más que el año pasado. La pensión máxima ha subido a 42.829 euros anuales (3.059 al mes en 14 pagas) y la mínima, a 10.959 euros anuales (983 euros al mes), con 65 años y sin cónyuge a cargo, mientras que la pensión mínima de viudedad ha quedado en 743 euros mensuales. La edad necesaria para cobrar la pensión íntegra sube otros dos meses —irá aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027— y se exigen tres meses más cotizados a la Seguridad Social, por lo que ahora son necesarios 37 años y medio para recibir el 100% de la prestación.

 

España es el país más adelantado en la recepción de los fondos europeos Next Generation EU y el primero en pedir el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 6.000 millones de euros. Si la Comisión acaba dando luz verde a este tercer tramo —y nada parece impedirlo—, España habría cumplido 121 de los 416 hitos que contempla el plan de recuperación.

 

Para obtener el cuarto desembolso, previsto para la próxima primavera, es imprescindible que esté lista la segunda fase de la reforma de las pensiones. Un sí de la Comisión certificaría que el sistema público de pensiones español es sostenible y capaz de hacer frente a sus compromisos, al menos en un futuro cercano. El visto bueno de Bruselas enviaría un mensaje de tranquilidad a una ciudadanía preocupada por el cobro de sus prestaciones en el futuro, como reflejan las encuestas del CIS y de otros institutos demoscópicos, y restaría credibilidad a quienes insisten en la necesidad de complementar la jubilación con planes de pensiones privados o de combinar el actual sistema de reparto con uno de capitalización en el que cada trabajador ahorre por su cuenta con vistas al retiro.

 

Pero igual que sucede con las empresas de seguridad que agitan el miedo a los okupas y a los robos en uno de los países más seguros del mundo, las entidades financieras tratan de persuadir a sus clientes de que se hagan un plan de pensiones privado. Mutua Madrileña, por ejemplo, envió en enero a sus clientes un vídeo de su gestora de fondos, Mutuactivos, en el que, después de advertir del peligro de que bajen las prestaciones públicas, acaba recomendando la contratación de un plan privado de jubilación. “Seguro que todos estaremos de acuerdo en que el hecho de que las pensiones supongan ya 4 de cada 10 euros en los Presupuestos Generales del Estado y que estos reconozcan un agujero en el sistema de 40.000 millones de euros solo en 2023 no resulta nada tranquilizante”, afirma la presentadora del vídeo, que también ha sido insertado como publicidad en las páginas web de varios medios de comunicación. Y agrega: “Es muy probable que las pensiones tengan que reducirse, es decir, que terminemos cobrando una pensión en términos relativos inferior a la que podría correspondernos hoy en día y que tengamos que ocuparnos personalmente de mantener nuestro poder adquisitivo”. 

3.059 euros al mes en 14 pagas es la pensión máxima que se cobrará este año

 

Pese a la insistencia de las entidades financieras —y de algunos sectores de la derecha— de la conveniencia de optar por la vía privada, los instrumentos individuales raramente ofrecen la rentabilidad esperada y, en ocasiones, arrojan resultados desastrosos. Los planes de pensiones individuales, por ejemplo, perdieron en 2022 el 10% de su valor debido al mal año en los mercados de valores y de renta fija. Ha sido el peor ejercicio en lo que va de siglo para estos instrumentos de ahorro. Según Iverco, patronal del sector, la rentabilidad anual media de estos productos en los últimos 25 años ha sido de apenas el 2,5%.