Bruselas recomienda la planificación económica

En el año 2020, la deuda pública española representaba el 120,4% del producto interior bruto (PIB), y el déficit fiscal, el 10,1%. Sin embargo, en 2024, según las previsiones de la Comisión Europea, la deuda bajará al 112,1% y el déficit al 3,6.%. Ese año ya no funcionará la claúsula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los presupuestos de los Estados miembros se ajustarán a sus planes plurianuales fiscales-estructurales orientados por la senda de la deuda hacia el 60% del PIB y de un déficit fiscal menor del 3%.

En octubre de 2021, la Comisión Europea retoma la revisión de las reglas fiscales y el 8 de noviembre de 2022 manda su comunicación Orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la Unión Europea a sus instituciones económicas y anuncia nuevas orientaciones para el primer trimestre de 2023.  La Comisión quiere orientar los cambios fiscales, económicos y políticos de los Estados miembros para cumplir los objetivos de deuda, déficit, inversiones, reformas estratégicas y crecimiento sostenible mediante normas más sencillas que las actuales. El documento  tiene  28 páginas, es muy denso y está lleno de acrónimos que hacen muy costoso entenderlo.

 

En la introducción de la comunicación se habla de "abordar las cuestiones económicas y políticas para la coordinación y supervisión eficaz de la política económica de la UE de la siguiente década" .

En la sección 2ª se justifica "la necesidad de un marco de gobernanza económica eficaz" que integre las dimensiones fiscal, de reformas y de inversión para hacer  frente a los retos actuales. 

La sección 3ª describe las piezas básicas para la reforma fiscal y la gobernanza: 

-La supervisión macroeconómica y fiscal, que utilizará el gasto primario neto como único indicador para llevar a cabo la supervisión fiscal anual.

- El gasto primario neto a nivel nacional, que incluye los gastos originados por las medidas de ingresos discrecionales, excluyendo los gastos de intereses  y los cíclicos del desempleo. 

- Los planes fiscales-estructurales a medio plazo nacionales, que establecerán las trayectorias de la deuda hacia un límite del 60% y un déficit inferior al 3%.

- El saldo primario estructural. El nivel de la deuda al final del cuarto año.

- Los informes anuales de situación de los Estados miembros, con el detalle de cómo poner en práctica las inversiones y reformas incluidas en su plan. 

La sección 4ª explica cómo establecer los planes fiscales-estructurales a medio plazo y cómo evaluar el cumplimento de los resultados de los planes.  

La Comisión entrega a cada Estado miembro una senda de gasto primario neto de referencia, que cubre al menos cuatro años, para alcanzar mediante ajustes en los presupuestos anuales un saldo de deuda primaria estructural al final del cuarto año. Si el Estado miembro no estuviera de acuerdo con esta senda, puede presentar otra senda de gasto más gradual. Como paso siguiente, cada Estado miembro preparará un plan fiscal-estructural para su evaluación por parte de la Comisión y su aprobación por el Consejo. En él se describirán los compromisos de reforma e inversión en términos de gasto. Habrá un seguimiento anual por parte de la Comisión y el Consejo en el marco del Semestre Europeo, este año en España. 

 

La evaluación del cumplimiento de los resultados fiscales-estructurales sería a través de la senda del gasto primario neto acordada por el Consejo. Para situaciones excepcionales en las que la senda del gasto no se pueda cumplir, se prevén las clausulas de escape. En el caso de que se active un procedimiento excesivo por déficit público o deuda, podrían venir las sanciones. También se podrán suspender los fondos europeos si no se corrige el déficit excesivo de la deuda con una trayectoria creíble. Las autoridades fiscales nacionales independientes pueden ayudar tanto en el diseño del plan como en el control de los resultados. Para el cumplimento de las reformas e inversiones, se evaluaría la capacidad de reembolso de estas y las reformas inconclusas.

Existe una supervisión reforzada flexible para los Estados miembros con graves dificultades de estabilidad financiera a través de un mayor diálogo y compromiso entre la Comisión y los gobiernos.

 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el principio de unanimidad para las votaciones en el Consejo en temas económicos y otros artículos del tratado parecen hacer difícil que la deuda pública se acerque al 60% del PIB y el déficit quede por debajo del 3%. Parece inasumible, también, que se impulsen inversiones cuantiosas para la transición energética, digital, ecológica, de derechos humanos y en gastos militares y se pueda conseguir reducir el déficit y la deuda y que no se nombre el decrecimiento del uso de materiales y del consumo. Como se reconoce en el mismo documento, "una reforma profunda del marco de gobernanza económica de la UE requerirá un cambio legislativo".

 

Sin embargo, hay señales de que Europa va por el buen camino. La disminución de la ratio de deuda, además de por la inflación y por el crecimiento del PIB, se ve favorecida por: los debates institucionales y ciudadanos como los de 2021 sobre la deuda, no  poner plazos para llegar al 60% y que solo se exija una "reducción plausible", adaptar las reglas fiscales a las necesidades específicas de cada Estado, fortalecer las instituciones fiscales independientes en cada país, exigir reformas que reduzcan los gastos inútiles y corrientes e inversiones que mejoren la productividad, valorar otros desequilibrios macroeconómicos y  reforzar el cumplimiento de las sanciones. 

 Y, sobre todo, hay tres recomendaciones rompedoras: la introducción de la planificación económica para la próxima década, la negociación de la Comisión con los gobiernos de su plan fiscal-estructural, que los involucra en una mejor gestión de lo público, y la supervisión, que se convierte en continua desde el país y desde Europa. Y todo ello para mejora de lo público. La experiencia de supervisión flexible y reforzada exitosa que se aplicó en Grecia entre 2018 y 2022 es un ejemplo: tiene un paro menor que el español (el 11,6% en octubre de 2022).