¿Queremos acabar con la pobreza?

Parece que no queremos hablar, debatir, discutir de pobreza. Es difícil encontrar intervenciones de alguna persona que actúe como representante de un partido político hablando de pobreza, haciendo propuestas sobre políticas públicas dedicadas a la pobreza… Pero la pobreza se extiende y se agrava, aunque haya buenos datos económicos. Esto no es necesariamente contradictorio. Conocemos desde hace años cómo una sociedad puede enriquecerse y empobrecerse a la vez. Siempre, la cuestión es dónde ponemos el foco.

La pobreza en España es una grave realidad que viven en sus carnes muchísimas personas, incluso muchas que no se consideran pobres. Las ideas dominantes en nuestras sociedades han conseguido, desde hace décadas, que rechacemos la pobreza y a las personas pobres. La realidad de la pobreza, no obstante, tiene quien la atienda, aunque sea con poco reconocimiento. En abril de 2024, la Unión Europea impulsó un nuevo programa de transferencia monetaria para las familias en situación de vulnerabilidad social. La pobreza infantil es un problema especialmente grave en el caso español, con una porcentaje de riesgo de pobreza infantil del 28,9% (solo superada por Rumanía) y con una tasa de privación social y material grave del 12,3%. En el extremo opuesto se sitúan países como Finlandia y Dinamarca cuya tasa de pobreza infantil no llega al 10% (Eurostat, 2023).

El programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica 2021-2027 (Programa Básico) se empezó a implementar en 2024 con un presupuesto total de 565 millones de euros. Se trata de un programa complejo por el problema al que se dirige y que quiere solucionar (o, al menos, atenuar) y por la diversidad de agentes implicados en su gestión. En este artículo planteamos diversos retos y elementos de reflexión que suscita un plan de estas características.

Un despliegue rápido y con múltiples agentes

La gestión del programa básico recae en las comunidades autónomas, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Provisionalmente, en 2024, se otorgó la gestión a una entidad social, Cruz Roja.

En pocos meses, a lo largo de 2024, las transferencias monetarias, cuyas cuantías parten de los 130 euros al mes para familias de dos miembros, tienen que llegar a familias vulnerables con hijos e hijas a cargo y se deben gastar en productos de primera necesidad. Los ingresos de las unidades familiares, seleccionadas por los servicios sociales, no deben superar el 40% de la renta media. Este programa también tiene la voluntad de detectar casos y priorizar las familias destinatarias; por ejemplo, aquellas en situación administrativa irregular que no tienen acceso a otras ayudas.

Una primera cuestión es que las transferencias monetarias pueden ser condicionadas o no condicionadas, algo que afecta intensamente a la orientación y al trabajo de los servicios sociales. Afortunadamente, en los últimos años, algunas de las organizaciones y de los colectivos que trabajan en el ámbito de la pobreza han generado reflexiones, con poca repercusión pública, encaminada a cuestionar las maneras de abordar la pobreza. Las personas que viven la pobreza se han considerado tradicionalmente personas que necesitan ser acompañadas, tutorizadas, vigiladas… Incluso se las ha tratado como si tuvieran menos dignidad que el conjunto de la población de la que forman parte. El clasismo de nuestra sociedad tiene muchas expresiones posibles, ninguna positiva, cuando nos fijamos en el cómo se considera y se trata a quien sufre pobreza.

Tarjeta monedero

El programa consiste en una tarjeta monedero que, según el Ministerio, es desestigmatizadora porque las personas podrán comprar productos libremente en un establecimiento. Así, la tarjeta monedero les puede ofrecer una autonomía, un reconocimiento de su libertad para decidir y actuar, que no pueden encontrar en un banco de alimentos. Sin embargo, esto tiene sus matices, ya que, por una parte, las personas podrán comprar solamente en los establecimientos seleccionados por el programa con una lista concreta de productos alimenticios (saludables) y de higiene personal que pueden adquirir. Por otra parte, deben "participar activamente" en medidas de acompañamiento del programa para facilitar su inclusión social. El Programa Básico se inscribe, por tanto, en las políticas asistencialistas y condicionadas en un momento en que el debate y las prácticas de los servicios sociales intentan un cambio de modelo.

La rapidez con la que se ha tenido que desplegar el programa también ha impedido hacerlo con todo a punto. Así, en el caso de Cataluña, algunos entes locales han desistido de aplicarlo. El exceso de burocracia y controles ahogan unos servicios sociales desbordados por una realidad social que requiere más recursos y apoyos. Además, falta conocimiento y diagnóstico sobre la realidad que se quiere transformar, empezando por conocer las necesidades de las familias y hacerlas partícipes de las políticas para superar las situaciones de pobreza. Si bien estos programas europeos tienen una serie de controles e indicadores de seguimiento, no se evalúan de forma rigurosa para conocer su efectividad ni se conciben con perspectiva de género e interseccional.

Grandes olvidadas

Las políticas alimentarias han sido las grandes olvidadas a pesar de ser un tema que incumbe a toda la población y al futuro del planeta. El hecho de que las tarjetas monedero deban gastarse en determinados productos condiciona el tipo de establecimientos que son susceptibles de entrar en el programa. El concurso público a escala estatal ha sido ganado por grandes superficies algunas de las cuales ni siquiera están próximas al lugar de residencia de las familias beneficiarias. El ámbito rural, como a menudo sucede, no se tiene en cuenta en el momento de diseñar las políticas públicas.

Algunos de los debates que suscitan estas políticas públicas nos pueden ser útiles para replantearlas, mejorar su efectividad o transformarlas. Por una parte, en un momento en el que la renta básica se sitúa como una propuesta factible, las políticas de transferencias de rentas como el programa básico van en la línea contraria. En Cataluña se avanza con un programa piloto para implantar la renta básica, pendiente de ser definido al no saber la asignación presupuestaria, y poder hacer un seguimiento y evaluación de su impacto. También genera cada vez más consenso el impulso de una prestación universal para la crianza, como recomienda el Consejo Económico y Social en su informe sobre infancia de 2024, así como incrementar significativamente la inversión pública en infancia.

Aporofobia y políticas públicas

Por otra parte, si es desde la proximidad y el conocimiento de la realidad social de cada territorio que se pueden articular estas transferencias económicas, seguramente se deberían reforzar las entidades locales sobre las que recae finalmente la gestión. Las políticas alimentarias podrían avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria, articulando y promoviendo experiencias sostenibles de base local, fortaleciendo el comercio de proximidad y la economía social y solidaria.

Si bien un programa como el Programa Básico pretende aliviar las situaciones difíciles que viven miles de familias, el marco de referencia se sitúa en la perspectiva aporofóbica que culpabiliza a las personas en situación de exclusión y pobreza. La selección, el control para evitar posibles estafas, las sanciones por incumplimientos y el seguimiento de planes de trabajo están en los fundamentos de las políticas de transferencias de rentas tradicionales. Este marco lo cuestionan otras propuestas como la renta básica y que se presentan justamente para romper con esta visión que individualiza y culpabiliza las situaciones de pobreza.

La lucha contra la pobreza infantil es un tema que genera, aparentemente, un amplio consenso, pero las políticas públicas que se han impulsado han sido más bien marginales. Y en estos márgenes, se sitúa el Programa Básico. La preocupación por la pobreza, las políticas dedicadas a la pobreza, los debates necesarios convendría que salieran de esos márgenes. Deberían pasar a la centralidad para poder formar parte de una conversación colectiva de la que forme parte el conjunto de la sociedad. La pobreza es vivida por muchas más personas de las que pensamos y afecta al conjunto de la sociedad. Son muchas las evidencias que tenemos de cómo una sociedad más cohesionada, con menos desigualdades, con reducción de la pobreza será más beneficiosa para el conjunto de sus integrantes. Hay que hablar en serio, analizar, proponer y actuar, para avanzar decididamente en la reducción de la pobreza y acabar con la ilusión, falsa, de que invisibilizando la pobreza parece que no existe.