Salvar los medios para salvar la democracia

El periodismo no es barato. Se trata de una industria con elevados costes, sobre todo fijos: contratar a un número suficiente de buenos periodistas, bien formados y —si se da el caso— liberarlos por un tiempo indefinido para que lleven a cabo investigaciones de largo recorrido es caro. Y en economía, en general, los costes fijos son una fuerte barrera de mercado, por lo que la aportación de capital para sostener un medio de comunicación en condiciones limita el número de posibles propietarios de este tipo de empresas. Pero el periodismo es, a la vez, el garante de un derecho fundamental: el de “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, según la Constitución Española.

Esta realidad sitúa al periodismo y a sus instituciones, los medios de comunicación, en un complejo dilema. A diferencia de otras profesiones con semejante misión —caso de operadores jurídicos y policías— garantizar la pluralidad y el derecho a la información en libertad exige organizaciones (en plural) bien financiadas y que no dependan de una sola fuente de ingresos. Sostenerse exclusivamente por el poder económico o por la Administración pública entraña riesgos en forma de injerencias en el trabajo de los periodistas que van en perjuicio del mencionado derecho fundamental.

Las sociedades comerciales han de rendir cuentas ante un accionariado y, por norma general, deben atender a la demanda de beneficios. Y la vía de ingresos que hoy da más dinero a los medios privados, la publicidad, está asociada a las audiencias, cuyo incremento puede depender de un coste variable, mientras que la contratación de más y mejor personal cualificado, un coste fijo, no se traduce necesariamente en ingresos inmediatos. Es, precisamente, esta estructura de costes e incentivos la que explica una tendencia a la caída del empleo en los medios de comunicación, mientras que, paradójicamente, crecen los lectores y espectadores, sobre todo en los soportes digitales.

Cada vez más vulnerables

Dos crisis sucesivas en menos de 15 años han dejado a los medios en una situación de vulnerabilidad con la caída de la publicidad, cada vez más dirigida a las redes sociales y a los buscadores, y han abierto las puertas a la entrada de capital de grandes fortunas. Ya en 2016, Reporteros sin Fronteras alertaba de cómo los oligarcas han salido de compras en busca de medios mediante los cuales ejercer influencia en sus respectivas sociedades. Desde otra perspectiva, trabajos del investigador Marius Dragomir y un informe del CEU Democracy Institute del Center for Media, Data and Society (CMDS) del mismo autor y Astrid Söderström constatan una correlación entre la financiación pública y la injerencia en la línea editorial de los medios, públicos y privados.

El caso más paradigmático en Europa del primer supuesto es el de Vincent Bolloré, un empresario francés de convicciones conservadoras propietario del 50% de Financière de l’Odet, que, a su vez, es propietaria del 64% de Bolloré, propietaria del 27% de Vivendi, el propietario del 100% del Grupo Canal+ y sus múltiples canales de televisión. Este directivo también es propietario del 23% de Lagardère SCA, propietaria de varias publicaciones y radios, entre las que destacan Paris Match y la red de radio Europe 1. La influencia de Bolloré en la sociedad francesa mediante este complejo entramado societario se traduce en el encumbramiento del candidato de la extrema derecha francesa Eric Zemmour por parte de los mencionados medios, con un papel clave de C News, del Grupo Canal+. En el momento de escribir estas líneas, Bolloré se comprometió mediante Vivendi a suscribir una ampliación de capital en un grupo Prisa en apuros que aumentará su presencia en el accionariado del gigante de los medios español.

Para el segundo caso no hace falta mirar al país vecino. En 2021 y a principios de 2022, fuimos testigos de sendos acuerdos para renovar las direcciones de RTVE y la CCMA catalana que se han tomado haciendo caso omiso a ententes previos y promesas relativas a una mayor profesionalización de ambos entes. El rodillo de la política se impuso a la opinión de los profesionales con designaciones a dedo de perfiles encuadrados en partidos. Y también en Cataluña ha aflorado en los últimos meses en todo el espectro de medios un intenso debate sobre un supuesto uso partidista de la publicidad institucional, que habría favorecido a algunos medios más que a otros sin atender a razones de audiencias o públicos objetivos. La batalla política por retener la secretaría de difusión entre los dos partidos que hasta hace unos meses gobernaban juntos, ERC y Junts, da pistas de la importancia de ese departamento para la agenda de ciertas formaciones catalanas.

Frente a situaciones como la del primer ejemplo, el de Bolloré, la economista Julia Cagé propuso en 2016 en su libro Salvar los medios de comunicación (Anagrama) un modelo de sociedad a medio camino entre la sociedad de acciones y la fundación, un tipo de institución diseñada para ahuyentar aquellos que solamente buscan lucrarse de los medios y ejercer su influencia de forma despótica.
 

La propuesta de Cagé

A grandes rasgos, el de Cagé es un modelo que sigue dando incentivos a la entrada de capital privado en las empresas mediáticas, que guste o no, ya es un hecho. Pero, a la vez, limita el poder de decisión de los grandes socios, aleja a aquellos que solo quieren obtener beneficios desde que las contribuciones de capital quedan congeladas y no proporcionan dividendos, e incentiva la constitución de un poder más granular con un papel preeminente de los periodistas y usuarios, otorgándoles un peso superior en la toma de decisiones en tanto que su derecho a voto crece de forma más que proporcional respecto al capital invertido. A cambio, los grandes contribuyentes pueden optar a bonificaciones fiscales reservadas, hasta ahora, a la inversión en entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones.

Al detalle, las sociedades propuestas por Julia Cagé distinguen tres grupos de accionistas: los trabajadores del medio, sus usuarios y grandes contribuyentes. En su libro, Cagé establece un umbral del 10% para identificar a estos últimos. Aquellos contribuyentes que aportaran más del 10%, sigue la economista, verían su derecho de voto reducido el 40%. Así, si un accionista aporta el 18% del capital de la empresa, la reducción se aplica sobre el porcentaje que supera el 10%. Cabe subrayar que tanto el 10% como el 40% son cifras de ejemplo, ya que Cagé considera que pueden cambiar en función de las prioridades del legislador. Luego, los trabajadores y aquellos usuarios que individualmente o mediante una sociedad no aporten más del 10% del capital verían cómo sus votos aumentan más que el de los grandes contribuyentes. De esta manera, se establecen mecanismos para limitar el poder de aquellos que tienen más capacidad de aportar capital.
 

Presión para cambiar

En septiembre de 2021, la sala de conciertos Gaveau de París acogió la asamblea general de la asociación Un Bout des Médias, promovida por Julia Cagé y otros nombres relevantes del periodismo francés para pedir los cambios legislativos y empresariales necesarios para avanzar hacia propuestas como la mencionada: hacia instituciones que garanticen una mayor seguridad financiera para el ejercicio del periodismo.

En sintonía con la propuesta de Cagé de 2016, reclaman, entre otras cuestiones, una gobernanza democrática en los medios a todos los niveles, otorgar la última palabra en lo relativo a transferencia de títulos al órgano de gobierno y más transparencia financiera de las cuentas de la empresa y sus accionistas.

Buena parte de las sugerencias de dicho colectivo no requieren grandes cambios legislativos: tampoco en el caso de España. Una modificación menor de la Ley 50/2002 de Fundaciones para incluir el derecho a la información entre los fines de interés general bastaría para que un medio de comunicación pudiera registrarse como entidad sin ánimo de lucro sin necesidad de apelar a otros fines. Hecho esto, es el Protectorado autonómico el responsable de aprobar unos estatutos que reflejen un sistema de gobernanza que dé más poder a trabajadores y a usuarios, obligue a la transparencia financiera u otorgue al ente gobernante la potestad de dar el visto bueno a la venta de participaciones. Esto último no implica cambiar ninguna ley. Y en las entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones ya está previsto que no haya ningún reparto de dividendos ni se puedan recuperar las sumas aportadas, un agravio comparativo respecto a las sociedades mercantiles que se podría compensar con las bonificaciones fiscales obtenidas, también previstas en estas formas jurídicas.

Algunos objetarán, y con razón, que una medida de este tipo por sí sola no salvará a los medios de comunicación. Es obvio que cabe concebir el mencionado modelo como una pieza más en un complicado engranaje de políticas públicas y empresariales. Pero la relación coste-beneficio de esta política es claramente positiva. Realidades complejas como la de los medios requieren de un esfuerzo creativo que propuestas como la de Julia Cagé pueden encarnar en un momento de crisis sin precedentes de un sector que, simple y llanamente, es uno de los sostenes de cualquier democracia. 

También firman este artículo Samuel García, Raquel Lorenzo, Marc Riudavets y Enric Vila, miembros de Espai Zero Vuit.