España: ambición climática a medio camino

Reunión plenaria del Senado, 14 de mayo. “Los agricultores y ganaderos dicen que usted es el enemigo número uno para el campo” y además "divide a la sociedad, polariza y levanta muros", espeta el senador del Partido Popular (PP) Jorge Martínez Antolín a la hasta ahora ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en uno de los últimos rifirrafes parlamentarios en España de la vicepresidenta tercera saliente. A partir del 9-J, Ribera sigue su batalla en favor de una economía descarbonizada desde un escaño de la Eurocámara de Bruselas y Estrasburgo, tras haberse convertido en los últimos años en una voz de referencia en el Consejo de la Unión Europea. Su propia designación como cabeza de lista socialista en las europeas denota la importancia adquirida en la agenda europea por la transición energética, entre llamadas  a "una pausa regulatoria" del Pacto Verde, hoy amenazado.

"España es uno de los países europeos que más tiene que perder por el cambio climático y el más vulnerable, según la agencia AEMET. También es de los que más tiene que ganar con la transición energética. A la vez, cuenta con una ventaja geográfica que lo posiciona como líder estratégico en Europa en la producción de energía solar y eólica", señalan Peter Sweatman y Adriana Rodríguez, primer ejecutivo e investigadora, respectivamente, de la consultora Climate Strategy. Ambos reconocen "la ambición significativa" del Gobierno durante la presidencia de la UE —ejercida durante el segundo semestre de 2023, en que se cerraron algunos expedientes importantes de la agenda verde—, pero piden que siga empujando.

Ya hay nuevo plan

"España ha sabido cambiar el eje Norte-Sur en Europa en función del predominio de la industria. Ha sabido sacar a relucir las ventajas de la transición energética, es un referente", opina Ismael Morales,  responsable de política climática de la Fundación Renovables. Aun así, esperaba una mayor ambición en diversos aspectos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hoja de ruta del país en la transición energética, tales como el peso de las energías limpias en la demanda energética final y en la reducción de la dependencia energética. La versión actualizada de este plan respecto del aprobado en 2020 obtuvo la luz verde de Bruselas en enero pasado. A finales de este junio debe ser ya definitiva.

El PNIEC 2023-2030 sube el listón en buena parte de sus objetivos: incrementa el peso de las renovables en la generación eléctrica del 74% al 81%, eleva del 23% al 32% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto de los niveles de 1990 y prevé una disminución del consumo de energía final al 41,7%, entre otros indicadores. En energías limpias, propone el 23% más de megavatios de eólica y casi el doble de fotovoltaica por encima del primer plan. Pese a la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno sigue adelante con sus planes de cierre de las centrales nucleares, pero a seis años vista mantiene la misma potencia que la actual por lo que respecta a los ciclos combinados, tecnología que utiliza gas y vapor para generar electricidad.

Electrificar más

"El PNIEC no da suficiente importancia a la electrificación de la demanda energética, que debería ser el motor de un sistema más eficiente y descarbonizado. Si hay mucha oferta de renovables, pero si no aumenta la demanda electrificada...en parte, sucede por la no electrificación del sector residencial y la del transporte. Proponemos que el 50% de la demanda final de energía sea electrificada ya para 2030", explica Morales, en lugar del 31% previsto en el plan. La Fundación Renovables reclama  instrumentos de control y monitorización para desarrollar el PNIEC.

Las ONG reclaman al Gobierno un acelerón en esta década crucial para poder alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo. Ecologistas en Acción, por ejemplo, pide que las emisiones de GEI se recorten al 55%. Parte de la red de organizaciones que integran Gas No Es Solución critica el modelo de grandes infraestructuras a gran escala pensados para exportar hidrógeno como el H2MED, un corredor de hidrógeno verde que conectará la península Ibérica con el centro de Europa, por sus costes sociales, ambientales y territoriales. La red alerta de que las infraestructuras pueden quedar sobredimensionadas si no se planifican con mayor detalle. Para dentro de seis años, Enagás ha estimado una capacidad de 74,3 GW de electrolizadores, que producen hidrógeno mediante un proceso químico que separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua. El PNIEC plantea en este sentido alcanzar para 2030 11 GW. Parte de estos proyectos se prevén ubicar en zonas de escasez de agua.

Contar con las pymes

Climate Strategy subraya en sus aportaciones a la actualización del plan la necesidad de incorporar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como palanca clave para una transición energética justa que sea aprovechada por la economía real. "Tienen una oportunidad única para entrar en el espacio que solían ocupar las grandes industrias clásicas, pero para participar en la implementación de las nuevas tecnologías limpias falta financiación", señala Sweatman y Rodríguez. Llaman a lanzar un plan de inversión climática con la innovación a largo plazo como pilar que garantice una diversificación de los beneficiarios de las ayudas públicas, para abrirse a pymes y start-ups.

Transición ecosocial

Sin embargo, el modelo mismo de transición está siendo cuestionado desde distintos ámbitos. "El Pacto Verde es una continuación  del capitalismo y solo llevará a gestionar la escasez de recursos, y, de ahí, puede conducir al ecofascismo. La transición actual se basa en electrificar el transporte, en desplegar renovables a gran escala y en la digitalización. No cuestiona el problema de fondo: la Tierra no dispone de suficientes materiales ni energía para ello, ni se contemplan mecanismos de redistribución, protección y garantía de necesidades básicas para todas las personas. Hace falta una propuesta desde la justicia social", exige la bióloga Eva Vilaseca, portavoz de Asamblea Catalana pera la Transición Ecosocial, formada por 60 entidades, redes y movimientos de la sociedad civil y un centenar de activistas críticas con el modelo actual y partidarios de "vivir con menos, vivir mejor". Sus propuestas abarcan de las infraestructuras a los cuidados, pasando por una renta básica agrícola condicionada a la conversión a la agroecología, o las moratorias indefinidas de desahucios para quien no pueda pagar el alquiler o la hipoteca.

En paralelo, las fuerzas conservadoras, a rebufo de los partidos de extrema derecha y populistas, intentan capitalizar los primeros impactos de la transición a una economía verde. La UE ha asumido algunas renuncias a su política de sostenibilidad (v. página 36), empezando por la flexibilización de las condiciones ambientales de la Política Agrícola Común (PAC). El PP ve en dicha flexibilización, acompañada de una simplificación de trámites administrativos aceptada por el Gobierno "un rotundo fracaso de Ribera", acusada de "abanderar el ecologismo radical" por el PP y Vox.

Que viene el lobo

La hasta ahora vicepresidenta niega la mayor y ha asegurado en reiteradas ocasiones que su política combina agenda verde y social. Uno de los demonios que han salido de la botella a resultas de las políticas ambientalistas del Gobierno, reflejados en el mencionado rifirrafe del Senado del 14 de mayo, es el lobo. Esta especie ha sido incluida entre uno de los grandes carnívoros “estrictamente protegidos”, un estatus que va más allá del que en diciembre pasado propuso la Comisión Europea. El Congreso de diputados, con apoyo de Vox, Junts y PNV, ha aceptado tramitar la iniciativa del PP para retirar al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), invocando los daños del animal a la cabaña ganadera y los perjuicios económicos que causa. Es una tesis distinta de la que avala sobre el tema el comité de expertos de patrimonio natural.

Otro demonio es la pobreza energética. En 2023, el 20,7% de la población española tenía dificultades para mantener su casa a la temperatura adecuada, el 17,7% más que en 2022, según la Encuesta de Condiciones de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. Para paliar la escalada de precios posteriores a la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo amplió la cobertura del bono social y batalló en Europa para arrancar la llamada "excepción ibérica". Se trata de que España, igual que Portugal, pudiera fijar un tope al precio del gas usado para generar electricidad. Su aplicación ha supuesto un ahorro de 5.000 millones de euros.

La rehabilitación de edificios es una asignatura pendiente. De haberse ejecutado el Plan Nacional de Rehabilitación enviado a Bruselas, cada año se habría podido ahorrar una cuantía equivalente a 3,3 millones de tep de gas ruso que el país importó en 2021, según cálculos de Esade. La tasa real de rehabilitación de hogares es baja: el 0,08%, frente al 1,75% de Francia o al 0,70% de Italia.

Otro demonio es la sequía, de la que, según el PP, el Gobierno culpa de ella a los agricultores de regadío. El Gobierno ha aceptado garantizar un precio medio de 0,37 euros por metro cúbico hasta que entren en funcionamiento nuevas desaladoras comprometidas en el plan hidrológico.

Regenerar ecosistemas

Último gran demonio: la Ley de Restauración de la Naturaleza, una de las normas ambientales más relevante de las últimas décadas, objeto de gran controversia. Ante el deterioro de más del 80% de los hábitats europeos, aceptar esta ley compromete a los países de la UE a regenerar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos en mal estado en su territorio de cara a 2030 (y la práctica totalidad en 2050). Ya no se trata de proteger y conservar, sino de recuperar, como apremia la comunidad científica. El Parlamento Europeo dio luz verde a la ley por los pelos, solo porque un puñado de conservadores se rebelaron contra el no. Cuando ya se había dado por descontada, en marzo pasado un grupo de países liderado por Hungría la bloqueó.

Cuando se tramitó en la Eurocámara, la ley incluyó la posibilidad de suspender sus objetivos en circunstancias extraordinarias que obliguen a ampliar tierras de cultivo para garantizar producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE. Pero ello no ha impedido que las 14 comunidades autónomas y ciudades autónomas donde gobierna el PP en España hayan escrito a Ribera para  protestar por una ley que , a su juicio, supone “un nuevo mazazo al sector primario” y no está claro que se pueda garantizar "alimentación de calidad a buen precio". Otras de las críticas de PP y Voz tienen como blanco el impulso de la  producción (el 25% de tierras de cultivo, de superficie ecológica en 2030).

"¿Cómo puede ser un atentado a la agricultura la restauración de la naturaleza? Si perdemos calidad de suelo, si se erosiona, si se desertifica, si no hay agua, ni polinizadores, no hay ecosistema, no es viable nuestro entorno, ni tampoco la actividad agrícola. Hay que evitar caer en trampas dialécticas", reclamaba Ribera en un acto sobre el Pacto Verde organizado por la Agrupación Europeísta Cuidar el Futuro, en mayo. Según la Comisión Europea, cada euro invertido en restauración se traducirá en, al menos, ocho de beneficios.

"Algunos partidos intentan apelar a audiencias nicho con mensajes negativos sobre la transición que no están basados en la evidencia y que ni siquiera se apoyan en una mayoría de votantes", señalan Sweatman y Rodríguez. Según Oikos, el 94% de los españoles opinan que el cambio climático se da por razones antropogénicas y el 97% cree que es un problema grave. Parece haber conciencia sobre el qué. La cuestión, como siempre, reside en el cómo.