La diana en el corazón

Recordemos primero que desde hace unas tres décadas los fondos de inversión han puesto su diana en el corazón de la economía mundial. Todo aquello que sea necesario para la vida, todo, corre el riesgo de que estos fondos se lo apropien: desde el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, las casas donde vivimos, los centros donde estudiamos, los hospitales a los que vamos, los cuidados de las personas mayores… Nada escapa a la lógica de estos instrumentos financieros, ni siquiera la guerra y la industria armamentista. Y las sedes en paraísos fiscales, la opacidad, la falta de controles… han creado una nueva élite financiera que prospera gracias a los apoyos políticos y las puertas giratorias.

Durante el debate dedicado a vivienda, sanidad y residencias de mayores  dentro de las Jornadas sobre la Penetración de los Fondos de Inversión en España, organizadas por Attac en octubre de 2024, el periodista, abogado e investigador Manuel Rico, autor del libro ¡Vergüenza!, el escándalo de las residencias (Planeta, 2021) explicó cómo los cuidados de las personas mayores, que estuvieron en manos de la Iglesia católica desde el siglo XIX hasta  hace muy poco, hoy generan grandes ingresos económicos.

Residencias de mayores

Con una demanda asegurada por una mayor longevidad de la población y siendo un sector atomizado propicio para operaciones de fusión y adquisición y con un elevado flujo de caja, semejante botín no podía escapar a fondos y grandes empresas como Domus Vi, Orpea, Ballesol, Sanitas, Vitalia Homes, Amavir, Colisée, Clece, Caser, Emera y Clariane.

El Estado ausente es uno de los incentivos para que estos fondos inviertan. No pagan impuestos, pero viven de ellos. Y los recortes en costes laborales y alimentación es una de sus herramientas de trabajo, recortes que les generan buenos beneficios, pero empobrecen la vida de las personas residentes.

Sanidad

La periodista Sara Plaza, coordinadora de sanidad en El Salto, analizó de dónde proceden los principales problemas en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y cómo los fondos de inversión han penetrado en siete hospitales públicos. Su origen se debe al modelo PFI (Private Finance Initiative) de colaboración público-privada, importado de Reino Unido. En toda España hay ya 16 hospitales que se guían por este modelo, siete de ellos en Madrid.

Un modelo impuesto por el PP, pero no solo por el PP. Para saber qué está pasando hay que remontarse a la Ley General de Sanidad de 1986, una  norma elaborada por el PSOE que incluye dos artículos que incluyen la posibilidad de un modelo público-privado. Ahí se abrió la puerta. La Ley 15/1997, aprobada por el PP y el PSOE, que regula el sistema público-privado, implementa un sistema que ha llevado a modelos como el fracasado de Alzira, en la Comunidad Valenciana, basado en cuatro pilares: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada. En este modelo se cede el terreno público a una empresa para que construya el hospital y gestione los servicios no sanitarios.

Los fondos también están llegando a la sanidad privada , al negocio de la fertilidad y a empresas como Quirón, que gestiona cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid.

Para Sara Plaza, la primera solución es la derogación de la Ley 15/1997. Lamentó que no lo haya hecho la actual ministra de Sanidad, Mónica García, pero hasta ahora el Gobierno solo ha sacado una propuesta para limitar la entrada de empresas en la sanidad pública, no para eliminarla. Limitar no es derogar. Y al final lo que parecen excepciones se convierte en la norma.

Vivienda

El abogado Manuel Gabarre, investigador especialista en fondos, cofundador del Observatorio Contra los Delitos Económicos (CODE) y autor del libro Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños, 2019), señaló al referirse a la vivienda: “Se suele pensar que hay un problema de oferta pero es falso”. Lo que establece los precios es el modelo de vivienda, que es fundamental para determinar la calidad del suelo, del urbanismo, la cantidad de zonas verdes. En países como Reino Unido y Países Bajos el suelo urbano se expropia por su valor agrícola. En España, cuando un suelo es recalificado, pasa a valer mucho más. Se inicia así un ciclo de especulación sobre el suelo.

Cuestión fundamental es la normativa hipotecaria. En Alemania siempre hubo que poner el 20% para adquirir una hipoteca. En España hasta 2013 se concedía hipotecas por el valor total de la propiedad. Esto llevó a un modelo dominado por la propiedad frente a otros países donde había un reparto más equilibrado entre propiedad y alquiler.

Otro factor clave es la protección al inquilino, que es fuerte en estos países. En España, la única protección al inquilino dura cinco años, en los que el propietario no puede subir el alquiler más de lo marcado por el IPC; mientras que en Alemania el contrato de alquiler es indefinido y solo puede subir de acuerdo con la inflación. Tampoco hay control sobre los pisos vacíos, salvo en Cataluña y Navarra.

En 2013, en España, el Estado indirectamente había asumido el control de muchas viviendas por la quiebra de empresas y créditos no devueltos. Las viviendas pasaron a la banca (cajas de ahorro). Como también quebraron, el Estado las rescató a través de la Sareb o de operaciones de rescate. De aquí salieron cuatro grandes entidades: Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Según la normativa del Basilea III, tenían que vender estas viviendas y si no lo hacían y cumplían las ratios de solvencia habrían sido disueltas, como le pasó al Banco Popular. Entonces hicieron grandes operaciones antes de 2019 con tres grandes fondos: Cerberus, Blackstone y Lone Star. En solo seis operaciones, financiadas por la gran banca internacional, compraron 500.000 viviendas. De manera similar se vendieron otras 500.000 viviendas que tenía la Sareb.

Como el objetivo de estos fondos es ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible,  lo que hacen es trocear el gran patrimonio que tienen y venderlo, bien a particulares bien a pequeñas entidades inmobiliarias para que pongan esos pisos en alquiler. Esto ha provocado  que en estos años se haya perdido un gran patrimonio público de vivienda. Se malvendieron a estos fondos por 20.000, 30.000 euros viviendas que ahora valen 200.000. Y se da la situación de que no hay ninguna protección para el inquilino.

Ahora no es posible comprar para aquellas personas que no tienen una ayuda familiar. Y están abocados a un mercado de alquiler en el que la protección al inquilino es muy escasa.