La alternativa educativa para una economía transformadora

El cooperativismo educativo se reunió en Valencia entre los días 23 y 25 de octubre para celebrar el XX Congreso de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE). Este congreso se desarrolló en el marco de la capitalidad española de la economía social, que este 2024 posee Valencia: una excelente oportunidad para reivindicar la identidad de las escuelas cooperativas como agentes de la economía social del espacio educativo. Así se reflejó en una declaración institucional nacida en el congreso, que, en forma de manifiesto y bajo el título Construyendo una Economía Social educativa y transformadora, posiciona el cooperativismo educativo ante los desafíos y las oportunidades que tiene por delante la economía social.

El Consejo de Ocupación y Políticas Sociales de la Unión Europea aprobó en octubre de 2023 la recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social. Este texto insta a promover políticas favorecedoras de la economía social en todos los ámbitos, planteando acciones que puedan hacer suyas tanto las Administraciones como los propios agentes de la economía social.

La escuela cooperativa ha hecho una lectura de esta recomendación y, consecuentemente, ha querido hacer públicas sus propuestas y reivindicaciones, todas ellas con el objetivo de fortalecer su modelo empresarial y pedagógico, alineando el discurso del cooperativismo educativo con aquel que está impulsando la economía social en toda Europa.

Valores y principios

Así pues, la escuela cooperativa se reafirma en su identidad como economía social educativa, una economía social comprometida con una determinada visión de la educación: aquella que, inspirada en los valores y los principios cooperativos, persigue una transformación, en primer término, del propio sistema educativo y, con ello, también de nuestro actual modelo social.

Las demandas que el cooperativismo de enseñanza dirige a las Administraciones con este manifiesto tienen como punto de partida un supuesto previo no por obvio menos importante: que estas Administraciones hagan suya la recomendación de la UE en sus propuestas de actuación, pero también en su espíritu. Y es que necesitamos políticas facilitadoras de la economía social que se basen tanto en un reconocimiento de la singularidad de la diversidad de agentes que actúan en este sector como en el tratamiento diferencial que esta singularidad exige.

Algunas de estas demandas tienen que ver con la necesidad de una normativa que favorezca las transformaciones de centros educativos de titularidad privada en cooperativas educativas. Además, la difusión y la consolidación de la fórmula cooperativa también requiere la incorporación de la propuesta pedagógica de las cooperativas escolares en todos los niveles de la educación reglada, así como la inclusión de referencias al modelo de empresa cooperativa y de economía social en el desarrollo de la normativa curricular de las diferentes etapas educativas.

Complementario a ello sería el fomento en el sistema educativo de una orientación especializada que tenga como objetivo capacitar al alumnado para emprender una carrera profesional en la economía social, y más concretamente para emprender haciendo cooperativa.

La materialización de estas reivindicaciones exige reforzar las vías de diálogo entre las Administraciones y las organizaciones representativas del cooperativismo educativo a partir del reconocimiento de estas como redes legitimadas para actuar como interlocutoras válidas de la economía social del espacio educativo.

Teniendo en cuenta el peso cuantitativo y, sobre todo, cualitativo del cooperativismo en los diferentes sectores en que actúa, la participación del cooperativismo en el diálogo social, asignatura todavía pendiente en muchos ámbitos de la realidad socioeconómica de nuestro país, es clave para la elaboración de mejores políticas sociales y laborales; por ello, este principio debería trasladarse también al mundo de la educación.

Así, resultaría esencial asegurar la participación de derecho del cooperativismo educativo en los consejos escolares de los diferentes niveles territoriales, así como en todos aquellos espacios de participación impulsados por las Administraciones para el diseño de las políticas educativas, incluidos de una manera especial los vinculados a la formación profesional.

Concursos públicos

Otras medidas, como la financiación pública de los gastos de inversión relativos a instalaciones y equipamientos escolares en cooperativas educativas, o la consideración de cláusulas que recojan el hecho de ser empresa cooperativa entre los criterios de las adjudicaciones de servicios educativos mediante concurso público, serían algunas de las actuaciones que plasmarían un compromiso efectivo de las Administraciones con la economía social que hace educación.

Entre estas medidas, el manifiesto hace referencia a la preferencia de las cooperativas de enseñanza en los procedimientos de acceso al concierto educativo. Este, el concierto, es el mecanismo de financiación pública que debe asegurar que los centros educativos que lo suscriben (entre ellos, muchas cooperativas) puedan ofrecer un servicio educativo en condiciones de gratuidad y con las garantías de calidad exigibles a todo servicio público. Y aquí, sí, hay que hablar de infrafinanciación: la que representa el hecho de que los módulos económicos actuales en que se concretan los fondos públicos que aporta el concierto son insuficientes para cubrir los costes reales de funcionamiento de los centros educativos concertados: urge, pues, una actualización de estos.

Vía singular

Las cooperativas educativas defendemos esta reivindicación basándonos en un aspecto básico de nuestro modelo. Si somos economía social y, a la vez, somos escuela, esto significa que representamos una vía singular de entender y hacer educación; una tercera vía educativa que se abre paso entre lo formalmente público y lo estrictamente privado y que, por el carácter de iniciativa social cooperativa de nuestros proyectos, se ha considerado que presenta una configuración cuasipública.

El cooperativismo de enseñanza representa una alternativa de escuela que nace de la economía social y que la entiende, y la proyecta, en pos de un fin compartido con el conjunto del movimiento cooperativo: construir, desde la educación, otra sociedad posible fundamentada en otro modelo social y económico.

Miquel Ruiz es presidente de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).