La recuperación social se aleja

La rápida propagación de la nueva variante del virus (ómicron), el brutal encarecimiento de la energía (gas y electricidad), el súbito aumento de la inflación y el bloqueo de las cadenas de suministro globales han trastocado las esperanzas de los ciudadanos en una próxima recuperación económica. Este panorama de incertidumbre hay que enmarcarlo en los desafíos de fondo, como los mediocres resultados alcanzados en la pasada cumbre por la emergencia climática en Glasgow (COP26) y el aumento de la tensión bélica en la frontera entre Ucrania y Rusia. 

La recuperación económica se aleja. El Banco de España y la Organización para la Cooperación y Desarrollo  Económicos (OCDE) han recortado notablemente el crecimiento previsto de la economía española para 2021 hasta el 4,5%, tras la caída del 10,8% el año anterior. Son dos puntos menos que la previsión del Gobierno, lo que se traduce en que no se alcanzará la actividad de antes de la pandemia hasta 2023.

Hay que significar que los trabajadores cargarán sobre sus espaldas las consecuencias del fuerte encarecimiento de los productos y servicios que más precisan. El aumento súbito de los precios, hasta el 5,5% en noviembre, empobrece directamente a los asalariados, que solo en muy contados casos logran aumentos salariales equivalentes. Los incrementos pactados en los convenios colectivos hasta noviembre registraron subidas medias del 1,5%.

Este panorama de pérdida del poder adquisitivo agrava las condiciones de precariedad laboral en la que ya se encontraban el 48% de los asalariados en 2019, según un estudio de CC OO y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, con base a la explotación de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Las condiciones precarias de trabajo afectan especialmente a los jóvenes (75%),  inmigrantes (67%) y mujeres (54%). La investigación, que ha ampliado el análisis hasta mediados de 2021, indica que la crisis por la pandemia de covid-19 ha aumentado aún más la precariedad laboral global. 

Los salarios pierden peso

La crisis financiera de 2008 y la sanitaria de 2020 han aumentado las bolsas de pobreza y han agravado las desigualdades salariales. El número de familias en que todos sus miembros estaban parados ascendió a 1,1 millones el pasado septiembre, el triple que en 2007, cuando las que estaban en esta situación eran 379.000. En el mismo periodo, el número de hogares en los que no había una persona activa ha pasado de 4 millones en 2007 a 5,2 millones en la actualidad. El deterioro también se refleja en la proporción de parados, que ahora alcanza el 14,57% de la población activa, mientras que en 2007 era del 8%. 

La sociedad que surge tras las dos crisis de este siglo es mucho más desigual

Es difícil de entender el retraso del Gobierno en solicitar los préstamos de la UE

La crisis sanitaria ha provocado que España sea el que registra la mayor desigualdad de los países europeos entre el 10% que obtiene mejores salarios y el 10% que gana menos, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). La realidad es que los salarios han seguido perdiendo peso en el conjunto de la economía hasta representar el 60% del PIB, cinco puntos menos que hace una década. 

Medidas urgentes

Estos indicadores confirman que la recuperación social real se aleja y que la sociedad que surge tras las pasadas crisis es mucho más desigual. Durante los nueve primeros meses de 2021, los cinco principales bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) obtuvieron unos beneficios de 16.000 millones de euros, el 50% más que en el mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia. Hay que recordar que estos bancos, como el resto de europeos, han estado financiados por el BCE con créditos fuertemente subsidiados de más de dos billones de euros.

La población más vulnerable vive con verdadera angustia los precios desbocados de la energía. El recibo de la luz ha subido el 35% en lo que va de año, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La fragilidad en que se encuentran un tercio de los hogares españoles requiere medidas urgentes. Ante la lenta recuperación económica y el fuerte deterioro social resulta difícil entender el retraso del Gobierno en solicitar los 70.000 millones de euros en préstamos a la Unión Europea que tenía concedidos. El Ejecutivo solo consideró necesario pedir los 70.000 millones a fondo perdido. No es momento para desaprovechar ayudas.