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Más acción pública ante la crisis plural

La guerra en Ucrania, que se agrava día a día, es el desafío más serio que afrontamos a principios de este incierto verano. Los riesgos se extienden peligrosamente a los tres pequeños Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), que temen ser barridos del mapa ante las crecientes amenazas de Putin. 

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Julio 2022 / 104

La guerra ha tumbado de nuevo la economía mundial, que camina hacia una tercera crisis cuando aún no se han restañado las heridas de la debacle financiera de 2008 y del colapso de la pandemia en 2020. Hay dos consecuencias bien diferenciadas territorialmente. En el mundo desarrollado, el acelerado crecimiento de los precios de los productos de primera necesidad, muy superior a la media de la inflación, está empobreciendo a millones de familias. En los países pobres, más de 40 millones de personas se enfrentan a una grave carestía de alimentos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La guerra ha empeorado la situación causada por la peor sequía de las últimas cuatro décadas.

Un dramático reflejo de las tensiones en África ha sido la  muerte de unos 30 inmigrantes ante la valla de Melilla a manos de la gendarmería marroquí. Es una tragedia para quienes solo tratan de escapar del hambre con la inaceptable tolerancia del Gobierno español y de la Unión Europea. 

Decepción

Son acontecimientos que certifican el insostenible aumento  de las desigualdades. En este contexto, resulta decepcionante el aplazamiento hasta 2024 de un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. La iniciativa, impulsada por la OCDE, habría proporcionado unos ingresos fiscales adicionales de 150.000 millones de dólares, una propuesta insuficiente. Si se hubiera aceptado la recomendación de la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto a las Sociedades (ICRIT, por sus siglas en inglés) se podrían obtener 500.000 millones de dólares. La iniciativa, que en la UE iba a ser implementada mediante una directiva, ha sido bloqueada por Hungría.

Estos datos ponen de relieve que hay recursos suficientes para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Las multinacionales que dominan el mundo se oponen. Mientras tanto, continúa la concentración de riqueza y disminuye la progresividad fiscal, como indican recientes estudios de Capgemini y EsadeEcPol.

La situación de España es frágil por la elevada deuda y un déficit estructural de 50.000 millones. Se enfatiza que por primera vez hemos superado los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero se olvida que hay un millón de desempleados más que en 2007. Y una de cada tres mujeres gana el salario mínimo o menos. Mientras, la renta de los hogares es inferior a la de antes de la pandemia.

Hay recursos suficientes para atender  las necesidades de los más vulnerables

Una amplia mayoría está de acuerdo en que lo público desempeña una función necesaria

Ante la acumulación de desafíos, al Gobierno no le debería temblar el pulso a la hora de aprobar un impuesto a las petroleras y eléctricas, que han obtenido mayores ganancias no por una mejora de la productividad, sino por la subida de los precios y una interesada aplicación del sistema marginalista, que beneficia a quienes deciden qué energía utilizar en cada momento. Las eléctricas son empresas muy reguladas. Ha sido precisamente esta regulación adaptada a sus intereses la que les ha permitido obtener unos excedentes inmensos con los que acometer cuantiosas inversiones internacionales. No pueden alegar ahora que sus beneficios proceden del exterior, porque todo ha salido de una tarifa que, en principio, solo tenía que remunerar los costes.

Las sucesivas crisis han puesto de relieve la importancia de las instituciones públicas para proteger a los ciudadanos y a la economía en general. Los fondos europeos (más de 800.000 millones de euros), las rondas de financiacion del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de 300.000 millones, y las ayudas directas a los más vulnerables han sido determinantes para evitar el colapso de familias y empresas. Una amplia mayoría de ciudadanos (el 66%) está bastante o muy de acuerdo en que el sector público desempeña una función necesaria para sociedad, según una encuesta de Funcas. El Gobierno debería sintonizar más con esta mayoría y potenciar las instituciones públicas, que han sido el verdadero soporte ante la pluralidad de crisis a que nos enfrentamos.