Más desigualdad tras la pandemia

Las noticias dominantes insisten en la fuerte recuperación de la economía. Hay datos para el optimismo para las grandes corporaciones. Las empresas del IBEX 35 obtuvieron unas ganancias de 28.500 millones de euros en el primer semestre, frente a unas pérdidas de 15.000 millones en los mismos meses del año anterior. Las exportaciones se dispararon el 23%, mientras que las ganancias de los bancos superarán en un 18% las obtenidas antes de la pandemia. Los banqueros españoles tienen motivos de satisfacción. Son los segundos mejor pagados de la zona euro (2,3 millones de euros anuales), solo superados por los malteses.

De todas formas, España va rezagada respecto de Europa, que ya ha recuperado el 97% de la actividad económica de antes de la pandemia, mientras que este país solo ha alcanzado el 93%. La tasa de desempleo se encuentra todavía por encima del 15%, aunque como ha señalado Raymond Torres, director de Funcas, “es la primera vez en nuestra historia reciente que el empleo cae menos que la actividad económica”. 

Sin embargo, la cuestión más inquietante es que la pandemia ha agudizado las desigualdades y ha causado más pobreza. El aumento de las desigualdades es un fenómeno global debido al creciente peso de las finanzas, la concentración económica y la implantación de las nuevas tecnologías. Una investigación del economista Jan Eeckhout, desarrollada en su libro The Profit  Paradox, desvela que mientras que en 1980 los beneficios de las corporaciones representaban el 10% de los costes laborales, en 2012, las ganancias  eran ya el 43%.

Grandes propietarios

El abaratamiento del precio del dinero acordado por los bancos centrales para afrontar la pandemia y estimular la economía ha propiciado al mismo tiempo una revalorización de las propiedades que en su mayoría pertenecen a los ricos. Los grandes propietarios se han podido endeudar en óptimas condiciones y multiplicar sus patrimonios. En España, los 236.100  millonarios, con bienes de más de un millón de dólares (852.000 millones de euros) vieron aumentar su patrimonio el 2% en 2020, mientras que el conjunto de la economía se encogió el 11%, según la consultora Capgemini. 

Lo más preocupante es la situación de las familias más pobres, que ha empeorado notoriamente. La Encuesta de Condiciones de Vida del pasado julio refleja que durante 2020, más de 1,1 millones de ciudadanos engrosaron el grupo social que sufre pobreza severa (personas que no pueden comer carne o pescado cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada, ni disponer de lavadora o de teléfono). Este colectivo asciende a 3,3 millones de personas, el 7% de la población.
El Gobierno reconoció para los más vulnerables un nuevo derecho, el ingreso mínimo vital, un importante avance social, pero su aplicación está resultando más complicada de lo previsto. Las ayudas, que en el 68% van dirigidas a mujeres, han llegado a 680.000 personas, apenas una tercera parte de los 2,3 millones, que había previsto el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El precio de la luz

Un indicador de la tensión social ha sido la subida rampante del precio de la electricidad, en torno al 35%. Familias y empresas se han sentido desprotegidas. Los aumentos de la luz, butano y carburantes elevan el gasto de las familias en 500 euros anuales, según la OCU. Es una realidad que refleja el creciente poder de las compañías y las dificultades del Gobierno para racionalizar un mercado cuyos criterios fueron definidos en Europa a gusto de las compañías durante el apogeo de las ideas neoliberales.

Gobierno y supervisores deben controlar el poder de los monopolios

La subida del salaro mínimo contribuiría a reducir las diferencias sociales

Reducir las desigualdades es una prioridad. Es decisivo que Gobierno y supervisores redoblen sus esfuerzos para controlar el poder de los monopolios. Ha sido muy relevante la multa impuesta por la CNMC de 61 millones de euros (infracción muy grave) a filiales de las grandes constructoras por amañar las licitaciones para la conservación de ocarreteras del Ministerio de Fomento.

El Gobierno de coalición debe tomar medidas para limitar el poder de mercado de las grandes compañías, fortalecer los derechos de los más vulnerables y el poder de negociación de los sindicatos. La subida del salario mínimo contribuiría a una reducción de las desigualdades que ya se ha demostrado que entorpecen el crecimiento económico.