Proteger a los más vulnerables

Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) son los más fiables sobre la economía y la realidad social. Sin embargo, sus resultados se conocen con cierto retraso y todavía no disponemos de toda la información del impacto real de la crisis causada por la escalada de la inflación (2021-2022). Se trata de la tercera crisis sucesiva que afecta especialmente a las personas que todavía no se habían recuperado de la crisis financiera (2008) ni de la de la covid-19 (2020).

 

En las últimas semanas han aparecido informaciones inquietantes sobre el aumento de las “colas del hambre”, proporcionadas por las organizaciones que atienden a los más necesitados como Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y los servicios sociales municipales. Con información de primera mano, estas entidades alertan del fuerte incremento de las peticiones de ayuda de los más vulnerables mientras que han visto disminuir los recursos disponibles. El riesgo de una fractura social es palpable.

 

Los beneficios de las grandes empresas han crecido ocho veces más que los salarios.

La subida de los precios está siendo disparatada en los capítulos de alimentos y productos energéticos (26,7%), vivienda (24,8%) y carburantes y combustibles (24,7%). Los efectos de la inflación han sido muy diversos. Los beneficios de las grandes empresas, especialmente energéticas y banca, han crecido ocho veces más que los salarios. Esta nueva debacle social provocada por la guerra de Ucrania y una interesada regulación del mercado eléctrico ha agravado la situación de muchas familias, especialmente las que fueron expulsadas de su vivienda tras la crisis financiera y que malviven refugiadas en ocupaciones inciertas.

 

Recuperación del empleo
 

A pesar de las reiteradas adversidades, España ha registrado una importante recuperación del empleo gracias, en buena parte, a la reforma laboral. A finales de junio, el número de ocupados alcanzó los 20.468.000, prácticamente el mismo nivel que el máximo histórico de 2007, (20.510.600), según la Encuesta de Población Activa (EPA). El aumento del empleo ha estado acompañado de un incremento de la contratación indefinida en más de un millón de empleos y la reducción de los temporales en casi 300.000 el último año.  

La recuperación del mercado laboral no ha podido contrarrestar,  sin embargo, la profunda transformación de la economía, que se ha traducido en un deterioro de las condiciones laborales. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social subraya que no es el desempleo lo que define la pobreza y que, por el contrario, dentro del grupo de personas pobres, aquellas que tienen empleo son el grupo más numeroso. En 2020, las personas que sufrían privación material graveen España superaron los 3,3 millones (7% de la población).

 

Van a ser  necesarios  más ingresos fiscales para evitar una fractura social.

Diversos indicadores confirman el deterioro de las condiciones de trabajo. Por una parte, la proporción de trabajadores que permanecen en la pobreza a pesar de tener empleo no deja de aumentar. Los denominados trabajadores pobres han pasado de representar el 8% en 2000 al 10,6% en 2010 y al 12,7% en 2019, según la Confederación Europea de Sindicatos.

Esta tendencia es ratificada por la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 1.000 euros por 14 pagas, que cada día afecta a más trabajadores, especialmente mujeres. En 2020 el 27,5% de trabajadoras percibían unos ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, frente al 11,9% de hombres.

 

El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos ha adoptado medidas decisivas (aumentos del SMI del 36%, creación del ingreso mínimo vital, sustanciales subidas de las pensiones y asignación de 3.295 millones de euros para vivienda) que han evitado daños mayores. Son políticas contrarias a las del Partido Popular en la anterior crisis, que congeló el salario mínimo varios años y redujo el gasto en vivienda.

Los organismos internacionales advierten de un alargamiento de la crisis. En nuestro país es necesario reforzar las medidas de protección para evitar una fractura social. Serán necesarios más ingresos fiscales. Con una deuda pública del 117% del PIB, harán falta más impuestos. Es cuestión de cumplir la Constitución, que establece que los gastos públicos se financian con impuestos progresivos.