Economía para frenar a la ultraderecha

En el último momento, en contra de las encuestas y casi con la sensación de haber marcado un gol en tiempo de descuento, los electores españoles cerraron el paso en 2023 a la ultraderecha, que iba de la mano del PP, y justo un año después lo han hecho también, con la lengua todavía más fuera, los franceses. Los ultra tampoco condicionan la política de la UE, mientras que en Reino Unido el Partido Laborista ha logrado el mejor resultado de su historia a costa de los conservadores, que desde el Brexit hicieron suyos muchos de los argumentos ultra. Hasta Donald Trump parece tenerlo ahora más difícil en EE UU tras el subidón que ha supuesto la candidatura de Kamala Harris para los demócratas.

Millones de personas respiran con alivio: el anunciado tsunami ultra no se ha producido. Todavía.

“Los electores nos han dado una última oportunidad”, subrayó François Ruffin, el diputado francés que sugirió el nombre de Nuevo Frente Popular (NFP) para unir a la izquierda en una candidatura única.

En Francia en particular, los avisos que anuncian la llegada al poder del Reagrupamiento Nacional (RN) se repiten cada vez con más intensidad desde que en 2002 el patriarca ultra, Jean-Marie Le Pen, se coló en la segunda vuelta de las presidenciales. Los “pactos republicanos” in extremis se van sucediendo, pero cada vez más debilitados. Los datos fríos son impactantes: en la última década, el conjunto de la izquierda ha perdido 150 diputados y más de tres millones de votos, mientras que el RN ha pasado de 2 a 125 diputados y ha ganado seis millones de votos; cinco de ellos en apenas dos años.

Incluso en Reino Unido, el gran resultado laborista se explica más por el sistema electoral y la división conservadora que por el apoyo popular: el nuevo primer ministro, Keith Starmer, logró su supermayoría de 411 diputados (de 650) con apenas el 33,7% de los votos tras crecer solo 1,6 puntos, mientras que el ultra Nigel Farage cuenta con únicamente cinco escaños pese a alcanzar el 14,3%. Y ojo: su partido, Reform, quedó segundo en 103 circunscripciones, la mayoría de tradición laborista.

Las razones que explican el auge de los partidos ultra más allá de su base reaccionaria vienen de lejos y empiezan a estar acreditadas también por múltiples investigaciones académicas y en España por catedráticos como Juan Torres López: sectores crecientes de las clases populares, que solían votar a la izquierda, han ido desencantándose al sentirse abandonados por una agenda política que no siempre prioriza sus problemas —desindustrialización, deterioro de los servicios públicos, pérdida de poder adquisitivo, etc.—, agravados por la Gran Recesión y la falta de horizonte de cambio sustancial cuando la izquierda llega al poder.

Protesta

Como respuesta desesperada, algunos de estos electores optan por un voto de protesta antiestablishment a la derecha populista, que aunque sea demagógicamente, sí se dirigen a los “perdedores de la globalización” y señalan chivos expiatorios como responsables de su deterioro a través de fake news.

Este diagnóstico, que subraya la deserción de parte de los electores de la izquierda tradicional, es también una de las conclusiones de la monumental investigación coordinada por el economista francés Thomas Piketty¹, que analiza datos ingentes en 50 países entre 1948 y 2020, y que certifica la mutación del electorado de izquierdas, que ahora tiene su bastión entre los licenciados universitarios de las grandes urbes, incluso con altos niveles de renta, mientras que entre sus bases históricas reina la desesperanza.

Las recientes elecciones francesas y británicas han acentuado aún más este patrón. En Francia, los obreros que votaron en las últimas legislativas se inclinaron abrumadoramente por el partido de Marine Le Pen (el 57%, frente al 21% del NFP), al igual que los votantes que solo cuentan con estudios básicos, mientras que la izquierda venció entre licenciados y directivos (véase gráfico). En Reino Unido, laboristas y ultra intercambiaron sus perfiles históricos: ahora los laboristas logran sus mayores apoyos también entre licenciados y electores de rentas altas, justo lo contrario que Reform.

Estudios académicos específicos de EEUU² ratifican la misma tendencia: las clases populares se han ido desenganchando de los demócratas hasta el punto de que el 40% de los trabajadores elige a Donald Trump como el mejor presidente estadounidense de los últimos 30 años, por encima de Barack Obama (25%) y Joe Biden (12%), según un estudio del think tank progresista Progressive Policy Institute³.

Hasta en España, donde las izquierdas mantienen el apoyo mayoritario de los trabajadores según las sucesivas oleadas del CIS, el pesimismo está muy instalado entre las clases populares: tras siete años de gobierno progresista, la mayoría cree que las desigualdades se han ensanchado y que seguirán creciendo (veáse gráfico).

El desencanto político de las clases populares, que engorda el voto ultra muy por encima de su núcleo duro racista, tiene incluso una expresión en Francia, acuñada hace años por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon: “fâchés, pas fachos” (cabreados, no fachas). La esgrimen quienes aspiran desde la izquierda a reconectar con estos sectores atendiendo a sus problemas cotidianos —de índole económica, pero también de consideración— en lugar de simplemente estigmatizarlos como “fascistas” o “racistas”, en cuyo caso habría ya en Francia más de nueve millones de fascistas.

Inseguridad

Hacia esta misma dirección apunta el macroestudio encargado por la Fundación Ebert, vinculada a los socialdemócratas alemanes, pero que aborda el fenómeno en toda Europa⁴ y concluye que los electores que se oponen a la inmigración por principios es minoritario incluso entre los votantes de las formaciones ultra. La gran mayoría de estos —estima que en torno al 80% del total— opta por las papeletas populistas “como voto de protesta para castigar al establishment”: “[Estos votantes] sienten inseguridad económica y han perdido la confianza en las instituciones”, recalcan las conclusiones, que alertan que asumir el relato ultra es siempre la mejor vía para reforzarlos.

La receta propuesta para atraer de nuevo a estos electores es justo la contraria: una agenda política que recupere, adaptada a los nuevos tiempos y retos, un programa de izquierdas que priorice las políticas públicas para mitigar los problemas cotidianos de las clases populares y les ofrezca un horizonte de mejora. “Como estos electores están preocupados por la desigualdad, lo que incluye la pérdida del estatus social y la movilidad social, y no se oponen por principio a la inmigración, pueden girar hacia partidos que enfaticen políticas de igualdad y ofrezcan soluciones políticas efectivas para ellos”, concluyen los autores, politólogos de las universidades de Oxford y Reading (Reino Unido).

Los partidos de izquierdas que han logrado detener a los ultra en este reciente ciclo electoral han coincidido en enarbolar un programa similar que parece haberse empapado de estas conclusiones. Cada uno con sus propias fórmulas, pero el Gobierno del PSOE y Sumar en España —así como el recién formado de Salvador Illa en Cataluña—; el NFP y el Partido Laborista —y también el programa económico de Kamala Harris en EE UU (artículo en la página 22)— dicen priorizar programas para impulsar en serio la vivienda asequible —quizá el asunto que más está estrangulando a las clases populares—, la recuperación del poder adquisitivo de las familias, las inversiones en los barrios más tensionados y la mejora de los servicios públicos —en particular, de la sanidad y de la educación—, por encima de otro tipo de reclamos más estridentes.

La mayoría de los expertos señala la calidad de los servicios públicos, muy estresados tras décadas de infrafinanciación, como la piedra de toque para garantizar la salud democrática y evitar la tentación de buscar chivos expiatorios a los que achacar su deterioro. La izquierda francesa incluso eligió como candidata de consenso a jefa de Gobierno a la copresidenta de la asociación Nuestros Servicios Públicos, la economista Lucie Castets, una apuesta que buscaba subrayar el papel central de la calidad de los servicios públicos en su programa común, con independencia incluso del recorrido político de la candidatura.

Reglas fiscales

Sin embargo, entre la asunción programática, la materialización real de estas políticas y que sean percibidas como beneficiosas por los electores enojados media una auténtica carrera de obstáculos. Y no solo por las condiciones adversas del paradigma económico oficial, que pone el foco en las reglas fiscales ortodoxas en lugar de en cómo conseguir los recursos para financiar estos programas. También hay mucho obstáculo de cosecha propia.

En España, el Gobierno depende de los votos de Junts, que se ha conjurado con la patronal Foment para bloquear cualquier proyecto económico con aroma de izquierdas. En Francia, el NFP está lejos de contar con mayoría para llevar a cabo su programa y la tensión entre los partidos que lo integran es tan elevada que en cualquier momento puede estallar en medio de las rencillas que tanto molestan a los electores fâché, pas facho. Y en Reino Unido, la responsable económica del nuevo Gobierno laborista, Rachel Reeves, ha proclamado una fidelidad tal al enfoque ortodoxo de priorizar el ajuste fiscal para crecer luego en términos convencionales que no solo ha desconcertado a economistas progresistas como Mariana Mazzucato y Robert Skildesky, sino que inquieta hasta al Financial Times por su extrema cautela.

Y es que el tiempo se acaba: el partido en el que está en juego esta “última oportunidad” que cita François Ruffin está disputando ya la prórroga.