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28-M: Mucho más que unas elecciones locales y autonómicas

A pesar de que están en juego servicios clave del estado del bienestar, el pulso ideológico gana terreno al debate sobre la gestión ante una jornada que será el prólogo de las generales

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Mayo 2023 / 113

El próximo 28 de mayo se celebran elecciones en todos los ayuntamientos del país, en 12 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No solo están en juego varios de los servicios clave del estado del bienestar —la educación y la sanidad tienen la gestión transferida a las autonomías y los ayuntamientos acaban asumiendo todos los servicios esenciales a pie de calle, sean o no de su competencia estricta—, sino que van a desarrollarse en el marco de un pulso ideológico más acentuado que de costumbre y como aperitivo de las elecciones generales, previstas para diciembre.

En los comicios municipales y autonómicos solía primar, sobre todo, la gestión y el perfil de los candidatos, que, en general, se presentaban por encima de las ideologías. Sin embargo, en los últimos años la política española se ha ido polarizando cada vez más en torno a dos polos opuestos anclados hacia sus respectivos ejes y no, como solía ser habitual, hacia el centro.

En la izquierda, el primer Gobierno de coalición desde la II República ha vinculado al PSOE con Unidas Podemos y, a menudo, también con las fuerzas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, incluida ERC. Y en la derecha, el PP se ha visto arrastrado hacia posiciones más duras no solo como consecuencia del auge del ultraderechista Vox, que le ha ido ganando terreno, sino también por el propio fortín ultraliberal con toques trumpistas que ha forjado en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con ambiciones que trascienden su autonomía.
 

Polarización

Esta dinámica de creciente polarización en todo el país ha impactado también en las autonomías y ayuntamientos, al reproducirse en estas instituciones y adoptar agendas con mayor contenido ideológico y vinculadas a las batallas políticas, económicas y culturales que se libran a nivel nacional. O, en algún caso, como muestra Díaz Ayuso, incluso como avanzadilla de su proyecto propio, diferenciado de la dirección de su partido, que ya se llevó por delante a Pablo Casado y que ahora amenaza la consolidación de Alberto Núñez Feijóo.

Como consecuencia de las muchas competencias transferidas y también de la repolitización de las ofertas electorales tras años de primacía de la gestión, el 28-M refleja una nítida contraposición entre izquierda y derecha en casi todos los ámbitos, desde la lucha contra el cambio climático —con las opciones progresistas empujando para acelerar la transición ecológica y la fiscalidad verde—, hasta el modelo de prestación de servicios, incluyendo derechos como la educación y la sanidad, con el PP y sus aliados apostando por la gestión privada, y hasta la fiscalidad, con agresivas rebajas fiscales en Madrid que tienen efectos en todo el país por el efecto añadido de la capitalidad.
 

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Elecciones autonómicas 2023

Modelo de financiación 

La competencia fiscal que supone la continua búsqueda de rebajas impositivas por parte de Madrid, que en la izquierda se considera un caso de manual de dumping fiscal, añade tensión a las cuentas de las comunidades, ya extremadamente tensionadas como consecuencia de los crecientes servicios que deben prestar a pesar de los problemas endémicos de financiación. Esta falta de recursos se ha agravado en los últimos años por la incapacidad de renovar el modelo de financiación autonómica, que está vencido nada menos que desde el año 2014, sobre todo como consecuencia de la dificultad extrema de forjar consensos mínimos entre el PSOE y el PP, los dos principales partidos, cuyo acuerdo es necesario cuando se requieren mayorías cualificadas.

Esta parálisis tiene enormes repercusiones prácticas en las políticas autonómicas y en el día a día de los ciudadanos, puesto que los cálculos de las transferencias, que deben financiar los sistemas sanitarios y educativos entre otras prestaciones de servicios públicos, se realizan a partir de censos de población totalmente superados. Obviamente, ello perjudica a las comunidades que han ganado habitantes en la última década y que, en algunos casos, llevaban además ya años reclamando cambios en el modelo por considerarse perjudicadas, muy especialmente Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Ante la desaparición en la práctica de Cataluña de los debates sobre el modelo de financiación, enfrascada en el procés independentista, es ahora la Comunidad Valenciana la que con más insistencia lidera la exigencia de la reforma del modelo y su actualización.

Valencia se ha convertido, precisamente, en uno de los principales focos del 28-M con repercusiones para todo el país con vistas a las generales de finales de año. Esta comunidad acumula una larga tradición de fijar ciclos políticos en todo el país o anticipar cambios —hegemonía socialista, primero; conservadora, después, y ahora gobierno de coalición de izquierdas—,y todas las encuestas coinciden en que los resultados están muy abiertos, tanto en la comunidad como en la capital.
 

División en la izquierda

La incertidumbre se debe, en parte, a la reconfiguración de los espacios políticos que se vive en todo el país y en las consiguientes incógnitas sobre quién conseguirá representación, tanto en la derecha, con el PP y Vox compitiendo por los restos de Ciudadanos, como en la izquierda, con la batalla campal que ha estallado entre la nueva plataforma Sumar, que lidera Yolanda Díaz, y Unidas Podemos. La compleja relación entre ambos espacios se evidencia en el hecho de que Izquierda Unida (IU) y Compromís se han integrado en Sumar para las generales, pero para el 28-M IU se presenta en Valencia junto a Podemos y compitiendo con Compromís, uno de los grandes puntales de Díaz.

La subida de tono de las hostilidades en la izquierda de la izquierda, que se encuentra en ebullición, lastra las posibilidades de las opciones progresistas de retener las comunidades y ayuntamientos que ganó en 2019. El buen resultado de entonces se convierte ahora en un problema para la izquierda,  porque si el PP recupera alguna comunidad —casi todas las que tienen resultado abierto tienen gobiernos progresistas (véase gráfico)— reforzaría la idea de que el cambio en todo el país está al caer.

Aunque, paradójicamente, quizá sea este el acicate que necesitan Sumar y Podemos para ponerse, por fin, de acuerdo.