Tareas urgentes (de ayer y hoy) para el nuevo Gobierno

Cuando despertó, la economía real todavía seguía allí. Sí, un juego facilón con el microcuento de Monterroso. Pero es que muchas cosas de la vida no van a mejor aunque el crecimiento del país aguante el tipo —e incluso lidere— el de la eurozona, con su flamante locomotora en recesión. Al Gobierno pos-23-J se le acumulan los frentes, y en casos como el del desenganche de la economía de los combustibles fósiles, esencial para frenar el calentamiento del planeta, se cumple el aviso de los gurús de la gestión del tiempo: un problema importante desatendido deviene urgente.

España se desayuna últimamente con revisiones al alza de las previsiones de crecimiento de su producto interior bruto (PIB): el 2,1% la OCDE, el 1,5% el FMI, el 1,9% la Comisión Europea, el 2,3% el Banco de España. Siempre con desaceleración a la vista. El Gobierno mantiene su 2,1%.

¿Pero hay que poner en ello el foco? "La política económica debería centrarse en las cuestiones de mayor repercusión sobre la mayoría de la población. Arrastramos problemas estructurales como el acceso a la vivienda, el paro juvenil, las políticas de dependencia y las pensiones. Y vemos otros sobrevenidos, como las ayudas al sector primario en un contexto de cambio climático y de inflación, o cómo contener la propia inflación", subraya Adela Suñer, desde la Asociación Catalana por el Fomento de la Economía del Bien Común. Una de las claves es, para Suñer, actuar para reducir la desigualdad social, con otra revisión del salario mínimo e impuestos a las actividades especulativas.

Varias transiciones a la vez

"En realidad, los retos de fondo para esta legislatura son estructurales, y van de la triple transición a la que Europa liga los fondos EU Next Generation: la digital, la energética y la social, a la que deberíamos añadir la transición de cuidados, ya que la población envejece", resume el fundador de Economistas sin Fronteras, Juan Gimeno. 

Para este catedrático de Economía Aplicada de la UNED, en cualquier transición, y particularmente en la ecológica, es crucial la lucha antimonopolios. "Hay empresas con una enorme influencia, cuyo nivel de negocio supera el PIB de algunos Estados. De hecho, la inflación está relacionada con los márgenes de empresas con gran concentración de poder, por lo que la política de tipos del Banco Central Europeo (BCE) es absurda".

"Nuestro modelo productivo tiene mucho que ver con los compromisos pendientes: es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero [el principal, el CO2], recortar el consumo, quitar de las carreteras millones de motores de combustión, mejorar la eficiencia del sistema, electrificar procesos. Dejar de emitir y desarrollar técnicas de captura y absorción de CO2 es un reto ético", añade el consultor de planificación Juan Requejo.

Los países de la UE se han comprometido a reducir sus emisiones el 55% en 2030 con relación a 1990. Hasta ahora, España contempla llegar a ese plazo habiendo recortado las suyas el 23%, pero la idea del Gobierno saliente era "incrementar la ambición". La tendencia positiva a partir de 2017, acentuada por el parón de la covid-19, se truncó en 2021 y 2022, según el Observatorio de Sostenibilidad. España es el quinto país de la UE que más aumentó las emisiones procedentes del uso energético por la quema de combustibles fósiles, con una subida del 3,5% sobre 2021, cuando el conjunto de la Unión reculó el 2,8%, según refleja Eurostat.

Para Requejo, geógrafo y economista, se echa en falta una política industrial que ponga firme a este sector. Pone como ejemplo la que se desarrolla en Escandinavia, consistente en alimentar con renovables empresas intensivas en energía como las acerías. "Reducir emisiones porque deslocalizas a China no resuelve el problema, pues China está en el mismo planeta", añade. Requejo llama igualmente a "un cambio radical de modelo en el sistema agrario, que está enganchado al fósil", así como a la reconversión del turismo sostenible, debido al mayor consumo de agua por parte de los turistas. También la soberanía energética renquea. "En el mejor de los mundos, entre auconsumo y comunidades energéticas no llegamos al 22% del sistema eléctrico", lamenta.

Competencias digitales

Otra asignatura pendiente es la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Las gráficas de Eurostat muestran una tendencia a la convergencia con la media europea hasta la crisis de 2008. Desde entonces, y pese al notable avance en 2021, la brecha se ha ensanchado. La Fundación Cotec avisa de que sería necesario duplicar la inversión actual, hasta los 35.000 millones anuales, con el fin de alcanzar la meta del 2,12% del PIB en 2027, que prevé la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

España no sale mal parada en el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la UE, en el que ocupa el séptimo lugar. Destaca, sobre todo, en conexiones de banda ancha y servicios públicos digitales, pero aún hay un 35% de la población sin las competencias digitales básicas que la mayoría de empleos requieren ya.

Desigualdad y pobreza laboral

Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la brecha existente entre el 20% de la población que más tiene y el 20% que menos tiene se redujo el año pasado, pero la renta conjunta del segmento más rico es todavía 5,6 veces superior a la del más pobre, igual que en 2008. Pese a la mejora (en 2021 eran 6,2 veces), en España viven 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, el 26% de la población, y 9,67 millones se las apañan con ingresos inferiores a 10.088 euros al año.

Cáritas ha advertido de que, en 2022, en Madrid tuvo que atender al 20% más de familias vulnerables que el año anterior; en Barcelona, al 28% más; en Valencia,  al 6,8% más. Necesitaban comida, ropa, una vivienda. 

"Los indicadores macro son positivos. Y se han aplicado políticas sociales en la buena dirección. Pero hay franjas de la población a la que todo esto no les llega. Existe pobreza entre personas que trabajan. Abunda también el empleo irregular. Y si pensamos en la agricultura, la ganadería y la pesca, entre los precios y las sequía lo van a pasar mal", señala Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo.

Según las últimas Encuestas de Condición de Vida (ECV), el porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social entre las personas ocupadas, que era del 13,3% en 2013, aumentó al 16,5% en 2022. El informe Entrar y salir de la pobreza, publicado en 2022 por la Fundación La Caixa, alertaba de que "España tiene una de las tasas más altas de pobreza laboral de Europa", y "para un número creciente de hogares, tener un trabajador no es suficiente". Este estudio atribuye el fenómeno a "las dinámicas laborales", más que a cambios en la composición del hogar.

Hay cambios de paradigma en el trabajo a los que no llega la estabilidad que ha proyectado la última reforma laboral, que, por norma, establece que todos los contratos deben ser indefinidos. "La reforma laboral no debe cuestionarse. Por mucho que se critique, sus efectos en la reducción de la temporalidad están siendo positivos. Y no es cierto que el incremento del empleo indefinido se esté produciendo a costa de los contratos fijos discontinuos o de la parcialidad, aunque estos aumenten. El conjunto del empleo crece, y sobre el total no representan mucho más que antes", subraya Martínez. 
De los 20,45 millones de personas ocupadas (EPA del primer trimestre), trabajan a tiempo parcial 2,80 millones. Es el 0,14% menos que un año atrás, sin reforma laboral. Al cierre de 2022 había 13,4 millones de cotizantes con contrato indefinido, de los cuales el 6% eran fijos discontinuos, que se han multiplicado por dos, según datos de la Seguridad Social.

Salarios y renta per cápita

"Estamos viendo aumentar el empleo, pero si es de baja productividad, que es uno de los grandes retos, los salarios no pueden crecer. El sector servicios que tanto pesa en la economía está muy vinculado al comercio y al turismo. Debemos apostar por la tecnología y por la industria, y formar a la gente pera ello, porque en un país con un paro aún tan elevado no tienen sentido las dificultades para encontrar, no solo a personal de la hostelería, sino a personal cualificado", subraya Carmen Poveda, directora de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Barcelona.

España es un país de sueldos bajos. El más frecuente es de 18.503 euros al año. Entre 2000 y 2022, el PIB per cápita en España aumentó el 14%, pero el de la zona euro lo hizo el 21%. Si la paridad en poder adquisitivo de la Unión Europea sirve como base 100, España se sitúa en 85. En 2011, en plena crisis financiera, la distancia era menor, de 93. 

El año pasado, con una inflación del 8,4%, el golpe fue duro para el poder adquisitivo: de media, los salarios subieron el 2,8%. El pacto entre empresarios y sindicatos que sirve de guía en la negociación de los convenios colectivos de 2023 a 2025 deja fuera lo ocurrido en 2022, pero recomienda una subida de entre el 10% y el 12% para todo el periodo. Los sindicatos llaman a mantener el diálogo social.

Vivienda inalcanzable

El corto alcance de buena parte de los salarios dificulta el acceso a la vivienda. Un estudio de Infojobs  y Fotocasa apuntaba al inicio del verano que, en la última década, los alquileres se han incrementado en un 51,4%, de media, cuando los salarios lo han hecho solo el 3,4%.

"La vivienda es uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía según el CIS, y el nuevo Gobierno debe responder con firmeza al desafío. En los últimos años la diferencia entre el aumento de precios de la vivienda y los salarios no ha hecho más que crecer, profundizada con la inflación, como recoge nuestro Observatorio de Vivienda Asequible. Sin embargo, nuestro parque de vivienda social se sitúa solo en el 2,5%, muy lejos de la media europea del 9,3%", reivindica Andrea Jarabo Torrijos, responsable de Comunicación e Incidencia en la Asociación Provivienda. 

Más vivienda social y asequible, más financiación para políticas de vivienda inclusivas, hasta llegar al 0,55% del PIB. Mayor implicación de actores sin ánimo de lucro en su provisión. Despliegue de la ley de Vivienda. Son tres peticiones de Provivienda, además de un pacto que blinde un cambio estructural.
Fruto de esta situación, la tasa emancipación de jóvenes, que era del 22,1% en 2015, reculó al 15,9% en 2022. Los españoles requieren de 11 años de ingresos para comprar una vivienda, el 35% más que en 2000. Las nuevas hipotecas cayeron el 18,3% hasta abril. Y los inversores extranjeros ganan protagonismo en la compraventa.

"Falta lealtad institucional entre Gobieno central y comunidades autónomas, que deberían ir de la mano. El camino es promover la vivienda social de alquiler, pública o controlada, y hay que apostar por un banca pública hipotecaria que la financie, así como poner coto a los alquileres turísticos que tensionan los precios y expulsan a los vecinos", declara Requejo, quien sugiere, por otra parte, que se explore ya una renta básica universal (RBU) acompañada de una profunda reforma fiscal. 

"Las rentas mínimas garantizadas más eficaces no llegan al 50% de beneficiarios", justifica. El ingreso mínimo vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno Sánchez ha llegado, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al 35% de potenciales perceptores, la mitad de lo que dice el Ministerio de Inclusión.

"La economía global está en un proceso de financiarización: la dimensión financiera se antepone a la real. Ello contamina el precio de la vivienda. El capital extranjero entra a mansalva. También impacta sobre los precios agrícolas, la gestión de las pensiones y la evolución del industrial. Pensemos que el 50% de las empresas manufactureras españolas está controlado por capital de fuera. Es, pues, un sector bien valorado, pero las decisiones de inversión y las mejoras de las condiciones laborales se fijan fuera", reflexiona Juan Laborda, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III.

Entre el euríbor y el súper

En todo caso, cuando el nuevo Gobierno salga a escena, encontrará a buena parte del público con el poder adquisitivo ya no menguado, sino menguante. Por una parte, los tipos de interés han subido del 0% al 4% en solo un año (más el preanunciado cuarto de punto extra de julio), lo que supone pagar más de 3.000 euros al año adicionales si se tiene una hipoteca media vinculada al euríbor. Por otra parte, los precios siguen subiendo, aunque menos que antes.

La inflación de los alimentos se situó en mayo en el 12%, y ya es habitual ver cómo en las tiendas de ultramarinos y en los supermercados las frutas y verduras se compran por piezas. Según el Banco de España, aunque la inflación en su conjunto vaya a aterrizar por debajo del 2% en julio —y siga dando alas a la competitividad de las empresas españolas que exportan, que tiran del PIB—, los alimentos seguirán encareciéndose.

La perspectiva de retirada de las medidas para afrontar el impacto en precios que aceleró la guerra de Ucrania no mejora el panorama (algunas, como la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad o los descuentos a los abonos de transporte se mantendrán).

Menos alentadoras son aún las nuevas reglas fiscales que se cocinan en la UE, en suspenso para sostener a la población durante la pandemia. Pese a que el Ejecutivo comunitario ha propuesto una senda de reducción flexible de la deuda y el déficit públicos, en la negociación entre gobiernos Alemania lidera la exigencia de compromisos numéricos de los recortes: un 1% al año si los países están muy endeudados y el 0,5% si se pasan por poco del listón del 60% del PIB. España se ha comprometido ante Bruselas a rebajar el déficit al 3% en 2024, año en que la deuda pública debería bajar al 109,1% del PIB. 

Austeridad

"La inflación ha permitido al Gobierno disponer de mayores ingresos por impuestos, que aumentaron el 8,1% cuando los gastos lo hicieron el 3%. Pero la inflación va a la baja y empieza la presión para que se eliminen las medidas excepcionales por la guerra de Ucrania. Hay que ir con cuidado con el gasto público", declara Poveda.

"Si persiste una política monetaria restrictiva, y se le suma el regreso de la austeridad fiscal, el impacto para España será negativo, porque, además, coincidiría con la importante crisis de deuda privada anglosajona que se está gestando. Pero si paran las subidas de tipos y no vuelve la austeridad dura, vienen dos o tres años tranquilos. España tendrá una posición casi privilegiada en Europa", vaticina Laborda.

En este contexto, Gimeno ve casi una ventaja el hecho de que los fondos europeos vayan con cierto retraso, porque operan como estímulo. “El proceso va más lento de lo que quisiéramos, pues se requiere un gran esfuerzo de gestión y coordinación entre administraciones, pero este año se aceleran las licitaciones”, constata Poveda. En teoría, grandes proyectos como el coche eléctrico, el hidrógeno verde y los semiconductores harán de tractor para las pymes. Una incógnita es si habrá tiempo para ejecutar todo el dinero más allá de 2026-2027.

A falta de recursos, siempre queda tomar en serio el fraude fiscal. Según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, en España asciende a 240.000 millones de euros, o el 20% del PIB, mucho más de lo que suman las ayudas europeas.