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Amparo Merino: “Queremos que la economía social se expanda a toda la actividad productiva”

La secretaria de Estado de Economía Social reivindica una mayor participación de las mujeres en los órganos de decisión de las cooperativas

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Julio 2024 / 126
Amparo Merino

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Andrea Comas

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El Gobierno de España tiene por primera vez una Secretaría de Estado dedicada en exclusiva al fomento de la economía social, aquella que pone el interés de las personas por delante de los beneficios materiales. Al timón está Amparo Merino Segovia, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y figura destacada del equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Su principal misión, afirma, es dar visibilidad a un modelo productivo conformado por más de 40.000 cooperativas, empresas de inserción, sociedades laborales y cofradías de pescadores que supone el 10% del PIB español y que genera más de dos millones de empleos directos.


¿Por qué se ha decidido el Gobierno a crear una Secretaría de Estado dedicada específicamente a la economía social?

El motivo fundamental es que, desde el minuto cero, la economía social ha sido una prioridad para el Ministerio. Somos plenamente conscientes de que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la economía social es la visibilidad. Por eso pusimos el apellido Economía Social a un ministerio y más adelante adjetivamos con el término “Economía Social” a la vicepresidencia. En la estructura actual del Ministerio de Trabajo y Economía Social tenemos una Dirección General de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, un Comisionado Especial de Economía Social y una Secretaría de Estado focalizada al 100% en la economía social. Todo esto pone de manifiesto que hemos apostado de forma decidida por una forma distinta de hacer economía que tanto está aportando a la sociedad en su conjunto.


El año pasado se puso en marcha la Estrategia de Economía Social 2023-2027. ¿Qué prioridades tiene?

Hemos aprobado una estrategia que es enormemente valiente y la más ambiciosa de la democracia. Además, ha sido consensuada con los actores de la economía social. Sus grandes objetivos se pueden resumir básicamente en cuatro. En primer lugar, queremos visibilizar más y mejor la economía social. Además, queremos fomentar el emprendimiento colectivo, que las entidades que dan vida a la economía social sean más competitivas; queremos poner la innovación al servicio de las personas, al servicio de la sociedad, y, por último, queremos avanzar en feminismo. Estoy muy empeñada en ello: queremos avanzar en igualdad de género, pero siempre desde la diversidad. Y queremos avanzar en sostenibilidad, no solo ambiental, sino económica, social y territorial, porque pensamos que la economía social es el mejor antídoto contra la crisis ecosocial.
 

¿Qué políticas específicas se están adoptando para fomentar el emprendimiento y mejorar la competitividad de las empresas de la economía social?

Somos el único país de la Unión Europea que ha destinado fondos europeos a un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) de la economía social y de los cuidados, con más de 1.700 millones de euros y 10 ministerios implicados. Ya hemos ejecutado el 63,7% del presupuesto, y el interés ha sido apabullante: en la última convocatoria se han presentado más de 400 solicitudes. La economía social es transversal en cuanto a los sectores de actividad que engloba, y nuestro interés es que se expanda a todos los ámbitos de actividad productiva. Otros elementos que juegan a favor del emprendimiento colectivo y de hacer más competitiva la economía social es lo que se conoce habitualmente como relevo generacional —a mí me gusta más decir solidaridad intergeneracional— y, obviamente, la innovación y la tecnología.


¿Qué cantidades se van a destinar este año a todos esos fines?

Dentro del PERTE hay dos programas específicos: IMPULSA-TEC y TRANSFORMA_ES. Y además del PERTE, tenemos una convocatoria anual de ayudas públicas. Acabamos de modificar la orden de bases para adecuarla a las necesidades actuales de la economía social y convocaremos las subvenciones en el mes de septiembre. No puedo dar una cifra exacta, pero será mucho dinero. La cantidad ha ido creciendo en los últimos años: en 2022 se destinaron 10,4 millones de euros, el doble que el año anterior, y en 2023 fueron 11,6 millones.


Se suele decir que las empresas de economía social resisten mejor las crisis que las empresas convencionales. ¿Ha sido así con la pandemia?

Los datos ponen de manifiesto que sí. Por su propia naturaleza, por su idiosincrasia y por los valores que las inspiran, las entidades de la economía social son mucho más resilientes a los embates de las distintas crisis y mantienen mejor los niveles de empleo.


A pesar de todo, el número de cooperativistas no crece. ¿Por qué?

Si repasamos los datos para ver cómo ha evolucionado el cooperativismo en los últimos años, lo que me parece más interesante es el número de cooperativas que tenemos actualmente en España y el número de puestos de trabajo que generan. La economía social constituye el 10% de producto interior bruto español. Es verdad que en los últimos tres o cuatro años, en algunos sectores del cooperativismo se ha producido cierto estancamiento en cuanto a la creación de nuevas entidades.  Pero fíjese: se ha triplicado el cooperativismo de consumo y también ha crecido el número de las cooperativas de trabajo. En el año 2023 había 1.149 cooperativas de trabajo que generaron más de 3.200 nuevos empleos.
 

El cooperativismo está envejeciendo y hay muchas empresas con problemas a la hora de hacer el relevo generacional.

Creo que aquí hay dos elementos. Por una parte, el arraigo territorial: tenemos que evitar que nuestra gente joven emigre a otros lugares. El otro elemento tiene que ver con la visibilidad. Si nuestra gente joven conociera en su plenitud lo que es la economía social —y tengo la impresión de que no lo saben muy bien—, si supiera lo que aporta, si supiera que la economía social es sinónimo de trabajo decente, de sostenibilidad, estoy absolutamente convencida de que optaría por esta forma de hacer economía. Tenemos que insistir estos dos ámbitos.


Casi dos de cada tres trabajadores de la economía social es mujer. ¿Por qué?

Hay muchos factores. En primer lugar, tenemos sectores de actividad muy feminizados, ya sea en la empresa convencional o en entidades de la economía social: los cuidados, la sanidad, la educación… En el ámbito agroalimentario también hay muchísimas mujeres. Por otra parte, creo que a las mujeres la economía social les resulta más flexible. La resiliencia o el trabajo decente también resultan muy atractivos. Determinadas medidas adoptadas por este Ministerio facilitan la inserción laboral de las mujeres, y me refiero a medidas que tienen que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad o con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que es una medida totalmente feminista porque afecta sobre todo a las mujeres. Lo que yo reivindico es que haya también más participación de las mujeres en la toma de decisiones, es decir, en los consejos rectores de las cooperativas.


Porque las cooperativas siguen siendo todavía gestionadas mayoritariamente por hombres…

Así es, por varios motivos. Uno de los fundamentales es que muchas mujeres tienen dificultades para conciliar. Pese a que hay medidas que mejoran la conciliación y la corresponsabilidad en las empresas, es evidente que las mujeres somos las que más tiempo dedicamos a trabajar en casa.


Energía, vivienda, finanzas, telecomunicaciones, industria, agricultura… la economía social está presente en casi todas las ramas actividad y a pesar del peso que tiene en la economía y en el empleo, carece del reconocimiento que debería tener en amplias capas de la sociedad. ¿Por qué sucede esto?

Estamos en un punto de inflexión. La panorámica es hoy muy distinta a la de hace cuatro años en cuanto a la visibilidad de la economía social. Es evidente, cuando hemos viajado fuera de España, que nuestra economía social es un referente en la Unión Europea y a nivel internacional. Lo tenemos clarísimo. La primera resolución de Naciones Unidas sobre economía social y sostenible ha sido liderada por España. En su discurso en la ONU, la vicepresidenta Yolanda Díaz hizo hincapié en los grandes valores de la economía social. Este es un elemento de visibilización brutal. Durante la presidencia española de la Unión Europea, también impulsada por España, se aprobó la primera recomendación europea de economía social, que —estoy absolutamente convencida— será la antesala de una futura directiva. Tenemos, además, una red iberoamericana de economía social, y hemos suscrito memorandos de entendimiento con distintos países: Brasil, Francia, Alemania, Bulgaria, Senegal... Y en todos estos acuerdos, siempre se nos ha dicho: sois un referente, nos interesa mucho saber cómo estáis impulsando esta forma de hacer economía social.

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Foto: Andrea Comas
Foto: Andrea Comas

La economía social es poco conocida en el ámbito educativo. En las facultades de Económicas o de ADE se oye poco hablar de cooperativismo.

Conozco muy bien la situación por mi condición de profesora universitaria. Le doy la razón, aunque en algunos planes de estudios de ADE, por ejemplo, sí tiene presencia. Tenemos que insistir en el ámbito universitario y en la formación profesional para dar a conocer la economía social. En estos últimos meses nos hemos desplazado a muchísimas universidades para hablar de economía social. La Semana Universitaria de Economía Social, que se celebra en distintas universidades, es un buen ejemplo. Desde el Ministerio estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades en determinados programas que daremos a conocer cuando salgan adelante.
 

Preocupa mucho la proliferación de falsas cooperativas. ¡Algunas tienen 2 socios y 40 empleados! ¿Qué va a hacer el Gobierno en este sentido?

Como somos muy conscientes de esta situación, en el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Economía social (APLIES) hemos establecido algunas previsiones al respecto. La ley tuvo una primera vuelta en la legislatura anterior, pero su tramitación se interrumpió por la convocatoria de elecciones y ahora la estamos impulsando de nuevo. La nueva ley reforma tres leyes: la ley de empresas de inserción, la ley de economía social y la ley de cooperativas. Las cooperativas están descentralizadas normativamente y, por tanto, cada comunidad autónoma legisla por su cuenta, pero aquellas cooperativas que trasciendan el ámbito autonómico se regirían por esta nueva ley. ¿Qué queremos hacer con ella? Modernizar la economía social, poner la innovación a su servicio y fomentar la igualdad. Yo soy feminista, y queremos hablar de economía social feminista. Y también queremos establecer nuevos requisitos para evitar las falsas cooperativas, especialmente a la hora de contratar y subcontratar.
 

Aunque parece que han dado un giro a su posición, los sindicatos no han sido tradicionalmente muy partidarios del cooperativismo. ¿Hasta qué punto supone esto un freno para la economía social?

Tenemos que escuchar actualmente el discurso sindical, que tanto en España como a nivel europeo ya está muy ligado al cooperativismo, a la economía social y también a la cogestión. Cuando se habla de la necesidad de democratizar la empresa se pone como ejemplo la economía social. Yo lo tengo clarísimo: sindicalismo y economía social tienen que ir de la mano. Son dos pilares fundamentales para mejorar la vida de las personas y para el bienestar de la sociedad.


¿Se ha planteado el Gobierno incluir a las organizaciones de la economía social en el diálogo social junto con la patronal y los sindicatos?

En la Secretaría de Estado, y Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, tenemos continua interlocución con la economía social. Yo siempre digo a la gente de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social): el diálogo lo tenéis siempre abierto con nosotros. Tenemos un Consejo para el Fomento de la Economía Social, un espacio de intercambio de opiniones para llegar a acuerdos, y el El APLIES está consensuado con la economía social. Es el mejor ejemplo de cómo la participación, la escucha y el diálogo está dando sus frutos.


¿Qué le diría a una persona joven que esté pensando en montar una cooperativa o unirse a una empresa de economía social?

Le animaría con fervor, sin dudarlo. Cuando entras en este campo, te das cuenta de lo que es la economía social, de todo lo que aporta, de sus valores hacia dentro y hacia fuera. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es el nivel de satisfacción de las personas que trabajan en la economía social. Por tanto, ánimo, no, lo siguiente. La gente joven tiene que emprender colectivamente. Soy una gran defensora de lo colectivo, de la solidaridad, y no hay mejor ejemplo que la economía social. Es un ejemplo de arraigo territorial, además de los muchos empleos que genera para gente inmigrante, para gente con dificultades de inserción, etcétera.

¿Quién es?

Amparo Merino

Amparo Merino Segovia (Cantimpalo, Segovia, 1965) es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que ha trabajado durante dos décadas. Apasionada feminista, en las elecciones generales del 23 de julio concurrió como número 3 de la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una amplia actividad docente y divulgativa en torno a la negociación colectiva, la responsabilidad social de las empresas, los derechos de los trabajadores en la era digital, la igualdad y la conciliación.