COP 30 y redes eléctricas: más allá de la retórica sobre el cambio climático

A medida que se aproxima la próxima Conferencia de las Partes (COP30), que tendrá lugar entre el 6 y el 21 de noviembre en Belém (Brasil), aparecen noticias alarmantes sobre los aumentos de las emisiones globales de CO2 que son replicadas por representantes cualificados de diferentes organismos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. Desde estas instancias se indica que la solución es bien conocida por todas las partes y que esta pasa por una reducción drástica y sostenida en el consumo de fuentes fósiles que, por más consensuada que sea, contrasta con la lentitud de los compromisos efectivos y con la creciente distancia entre la retórica política y la magnitud real del desafío climático.

Las sucesivas cumbres del clima han ido emitiendo, año tras año, declaraciones que reconocen la urgencia de actuar con mayor eficacia. Desde París hasta Dubái, los textos finales de cada COP repiten con creciente énfasis la necesidad de acelerar la reducción de emisiones y de traducir los compromisos en políticas verificables. El problema no es, por tanto, la falta de diagnóstico, sino la ausencia de modelo de ejecución concreta y de gobernanza en su seguimiento que garanticen la realización de las metas fijadas.

Los números, como siempre, aportan una obviedad ineludible. La energía final consumida proviene en promedio sobre un 70%-80% de fuentes fósiles que emiten CO2, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2024). Cambiar esta situación exige eliminar progresivamente dichas fuentes y orientar el modelo energético hacia una electrificación masiva, complementada con tecnologías de captura de carbono en aquellos sectores de difícil mitigación. Así, habría que esperar un paulatino aumento en el consumo eléctrico que debería pasar del rango del 20%-30% del total de energía consumida a ser la energía casi totalmente dominante. Esto implica que la capacidad de transporte y almacenamiento de energía de la red se debería ver más que triplicada o cuatriplicada en muchos casos.

Veamos un ejemplo. Dentro de los objetivos de cero emisiones en 2050, consideremos un diseño de una gran ciudad y su zona de influencia con varios millones de habitantes y de vehículos particulares (entre 2 y 2,5 millones de vehículos), con autobuses urbanos e interurbanos de transporte de viajeros y camiones de transporte de mercancías (sobre las 50.000 unidades) dentro de los cánones que debe cumplir una ciudad sostenible e inteligente. Una ciudad de estas dimensiones debería transformar por completo su sistema energético, su infraestructura de recarga y su logística urbana, garantizando un suministro eléctrico estable y descarbonizado capaz de alimentar simultáneamente la movilidad, la vivienda y la actividad industrial.

Una estimación simple y conservadora basada en consumos de 0,2KWh/Km para turismos y 1,5kWh/km para vehículos pesados dentro de un rango de kilometrajes usuales nos da una necesidad de 30TWh de energía anual en horizonte 2050 que requiere una potencia instalada sobre 3,5GW. O si se prefiere traducido a un equivalente de las actuales estaciones de servicio, podrían ser unas 200 estaciones distribuidas en el entorno de la gran ciudad con una potencia media de 17MW. Esta potencia debería ser suficiente, en esta simple y excesivamente simplificada descripción, para carga rápida, ultrarrápida, o para suministrar electricidad para producción de combustibles sostenibles. Independientemente del número de estaciones y de si la carga de vehículos es lenta o ultrarrápida o de si es carga particular o en estación pública, los valores de potencia nueva sobrevenida serían estos para satisfacer la demanda.

Como referencia, se ha propuesto en la planificación en marcha una ampliación que para toda España cuente, en un horizonte 2030, de un incremento de 27,6GW para cubrir todas las demandas especialmente las industriales y, obviamente, el transporte. Ante esta propuesta, que parece responder a una reacción a las demandas de los sectores industriales, cabe preguntarse si hay propuesta activa para responder a las demandas derivadas de la planificación según los objetivos enmarcados en conseguir cero emisiones en 2050, sobre todo teniendo en cuenta las enormes incertidumbres que hoy representan los nuevos consumos energéticos –IA, Big Data– , el impacto de la industria 4.0 o la imperiosa necesidad de reducir las emisiones del parque residencial o industrial y de servicios edificado.

En este caso hay que preguntarse si se están planificando las infraestructuras que se requerirán para el transporte de acuerdo con los idearios de alcanzar realmente una descarbonización en 2050 de cero emisiones que a todos los efectos pasa por la electrificación ya sea mediante batería, hidrogeno y pila de combustible, o la síntesis de combustibles sintéticos.

La situación es, cuando menos, desconcertante. Si se analiza el tiempo que se tarda en plasmar realmente los resultados tangibles a una reacción frente a una demanda identificada, resulta desalentador observar que los anunciados incrementos de capacidad de la red eléctrica no han recogido aún las demandas derivadas de la planificación del sector, provocando la situación en la que puede no haber tiempo para desplegar las infraestructuras de redes y de nuevas estaciones de servicio para asegurar la descarbonización del sector transporte, lo cual conlleva a presenciar un fracaso casi seguro en un futuro próximo.

En ese contexto la respuesta es más retórica que efectiva. El discurso político se mueve al nivel de acontecimientos como la COP, declaraciones de principios de la Unión Europea y de los gobiernos o incluso con detallados programas sobre presupuestos del CO2, pero la ejecución de los programas se queda distante del propósito, Y tal como recuerda el refrán: entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho.

Si realmente se está planificando un futuro descarbonizado, cabe interrogarse si existe una estrategia integral y un análisis de las infraestructuras que serán necesarias ¿Se están incorporando las previsiones identificadas en las propuestas ministeriales de crecimiento de la red eléctrica que se desarrollarán durante los próximos 10 años por Red Eléctrica Española y las compañías distribuidoras? ¿O sólo se ha reaccionado a la acumulación de demandas provenientes del sector privado industrial preocupado por su competitividad o de sectores públicos como puertos y aeropuertos que se ven presionados por las reglamentaciones dictadas por Bruselas? Y, finalmente ¿Se ha tenido al menos en cuenta los estudios de prospectivas en el consumo energético elaborados de acuerdo con la estrategia cero emisiones en 2050?

De momento, a falta de más detalles, a tenor de los datos existentes en los borradores de la propuesta ministerial, los números para asegurar un futuro descarbonizado no está suficientemente identificados y claros. El futuro de grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla parece que no contemplaría la perspectiva de la descarbonización en el transporte. Aquí no hay empresas privadas, o grandes grupos empresariales o industriales que hayan presentado demandas concretas. Aquí más bien nos encontramos delante de una enorme dispersión de realidades que requieren que la iniciativa pública, ayuntamientos, consejos comarcales, provinciales, diputaciones, y gobiernos autonómicos tomen una decidida y comprometida iniciativa.

En síntesis, persisten las sospechas que se está reaccionando pero no actuando contundentemente para afrontar una planificación que indique cómo encaminar y encarrilar el trabajo hacia un futuro de cero emisiones en 2050. La COP jugará su papel, habrá muchas noticias de los diferentes organismos y sus dirigentes sobre las emisiones de CO2 y el cambio climático, pero en el día a día habrá que ver y seguir de cerca si las actuaciones realmente recogen e integran una planificación efectiva o simplemente se está sobreviviendo, acumulando parches e improvisaciones que responden a sucesos como el apagón, a pesar de los 13500 y pico millones anunciados recientemente, sin llegar a consolidar una senda real de descarbonización.