El gasto público en protección social en España se sitúa por debajo de la media de la UE, en un indicador en el que Finlandia va primera. Destinamos menos que la media en todas las categorías de gasto público (incluyendo sanidad)salvo seguridad y medio ambiente.
El funcionamiento de las transferencias sociales que ayudan a paliar la desigualdad de los hogares con rentas más bajas respecto de los que disfrutan de ingresos más elevados resulta ineficiente en España. En ello coinciden la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos (OCDE).
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone calcular la cuantía de las pensiones sobre lo cotizado en los últimos 35 años. El Gobierno lo ve "razonable".
La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), que en España sufrió un retroceso importante bajo el pretexto de la crisis, se incrementó un poco en 2017, y pasó de suponer un 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB) a un 1,2%.
La cumbre social celebrada en noviembre pasado presentó un informe sobre lo ocurrido con las políticas públicas durante los 10 años transcurridos desde el inicio de la crisis. En materia de acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas del país como demuestra la persistencia de desahucios, el gasto público ha ido perdiendo peso en los presupuestos generales del Estado.
Macroeconomía: Inversión, consumo, gasto público y superávit exterior favorecen el beneficio de las empresas en su conjunto. Con matices según el país.
La alta velocidad cumple este año su 25.º aniversario en España. Desde 1992, según Renfe, 357 millones de viajeros la han utilizado, sobre todo Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla. Son los cuartos trenes más rápidos del mundo.
Son los millones de euros que costaron las pensiones el pasado septiembre, según anunció el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La cifra superó el mes pasado y por primera vez el listón de los 8.000 millones.
