La desprotección de los ciudadanos ante los abusos y fraudes bancarios en España se ha convertido en un serio problema social y económico. Las cifras de reclamaciones extrajudiciales y judiciales son agobiantes. En 2021 en el ámbito extrajudicial se presentaron 1.119.000 reclamaciones en los sectores bancario, seguros y de inversión financiera, de las que 702.000 (63%) se resolvieron en contra de los clientes, según ha señalado el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.
En el ámbito judicial los resultados son claramente favorables a los clientes de manera aplastante, pero los retrasos en los juicios son desesperantes y neutralizan en parte sus efectos. Desde junio de 2017 los tribunales han recibido 713.129 demandas judiciales por malas prácticas bancarias realizadas mediante contratos con cláusulas abusivas. Desde entonces los jueces han dictado 420.154 sentencias que en un 97,4% han sido condenatorias para la banca y favorables a los consumidores, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, a finales de 2022 quedaban todavía por resolver 212.969 asuntos. El magistrado José María Fernández Seijo, uno de los mayores especialistas en esta materia, subrayaba recientemente en el Congreso de los Diputados, la gravedad de la situación: “Hipotecas, préstamos u operaciones financieras que están firmadas con anterioridad al año 2013 o 2014, en el año 2022 o 2023 todavía no han tenido una respuesta judicial en primera instancia que sea razonable; es decir, tenemos a miles de ciudadanos y ciudadanas de este país que llevan más de diez años esperando a que se corrobore algo que ya nos han dicho los tribunales”. Solo en el Juzgado de Barcelona competente en esta materia hay cerca de 4.000 demandas que todavía están sin admitir a trámite. El magistrado considera muy positivo el proyecto de la Autoridad y que no restrinja su actuación solo a los consumidores.
Es evidente que el colapso de los tribunales y el consiguiente retraso en las sentencias favorece a las entidades financieras. Los bancos, a sabiendas de que perderán el caso con una elevada probabilidad, prefieren aplazar al máximo la resolución de los asuntos y retardar así la devolución de las cantidades reclamadas. Esta conducta supone una grave pérdida de reputación de las entidades financieras que en buena parte ha sido generada por las enormes cantidades de dinero público empleadas por su rescate, que ha sido costeado por los contribuyentes. Tal como señala el Banco Mundial, tomando los datos de Eurostat, España es el país en que el saneamiento de los bancos ha sido el más elevado de la Unión Europea. Los últimos datos de Eurostat, referentes a 2021, elevan a 73.261 millones de euros. Una factura que no cesa de crecer año tras año.
Ante esta situación claramente insostenible, el Gobierno aprobó el pasado noviembre el proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que pretende reforzar la protección de los clientes en sus conflictos con las entidades mediante el establecimiento de una vía extrajudicial. Las funciones y competencias de esta autoridad están siendo debatidas actualmente en el Parlamento. La verdad es que la iniciativa no es una originalidad del Gobierno. Se trata de una normativa establecida por la Unión Europea en 2013, que España todavía no ha transpuesto completamente. La Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios de 21 de mayo de 2013 fue transpuesta parcialmente mediante la ley 7/2017. Esta ley estableció un plazo de ocho meses para que el Gobierno elaborase una normativa para regular un sistema institucional de protección del sistema financiero”.
Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III, censura el incumplimiento de la ley y censura la situación creada: “Durante cinco años no se ha hecho nada”. “En realidad”, añade, “todo parece indicar que nadie tenga interés en proteger al cliente financiero”.
La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolvería las reclamaciones en el ámbito bancario, seguros y de inversión financiera, cuando las cantidades demandadas fueran inferiores a 20.000 euros, en un plazo de 90 días y de manera gratuita. Para las reclamaciones sin contenido económico, la Autoridad podría establecer una compensación al cliente de hasta 2.000 euros. La Autoridad se financiará mediante una tasa de 250 euros que pagarán las entidades financieras por cada reclamación. La materia de las reclamaciones incluirá tanto incumplimientos del Código de Buenas Prácticas así como por el abuso de las cláusulas consideradas como tales por los altos tribunales. La Autoridad contará con un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros, estará adscrita al Ministerio de Economía y dispondrá de autonomía e independencia funcional y se financiará con las tasas recabadas a las entidades por las reclamaciones admitidas. Las resoluciones de la Autoridad serán vinculantes para las entidades financieras que deberán cumplirlas en el plazo de 30 días y en todo caso podrán ser recurridas por cualquiera de las partes ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
La propuesta ha sido criticada por la patronal bancaria AEB, especialmente por las tasas tanto por su cuantía como porque tenga que pagarla la entidad financiera. Su secretario general, Javier Rodríguez Pellitero ha presentado objeciones a que la cuantía de la tasa de 250 euros esté desconectada del importe de la reclamación. Considera que este criterio “no se ajusta ni siquiera a la jurisprudencia Constitucional”.
Sin embargo, las críticas más radicales han procedido del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), que sigue controlado por el Partido Popular, formuladas a través de un durísimo dictamen contra el proyecto de ley. El Consejo sostiene que “la Administración no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado, ya que ello comporta la invasión del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial”.
El profesor Zunzunegui ha mostrado su “sorpresa porque el Consejo vaya mucho más allá que la propia patronal bancaria y considera “muy grave el bloqueo de la Autoridad que significa su actitud”. En su opinión no es aceptable hablar de controversias entre particulares que deben regirse por el derecho privado. Zunzunegui destaca por el contrario que “estamos ante una relación especial entre banca y cliente que son partes muy distintas. Ya vemos que a los bancos no se les va a dejar caer. Además, los bancos son entidades de interés general que presentan características sistémicas. Hay que asegurar una banca sostenible y reforzar la protección de los clientes. A su juicio la idea del proyecto que está en la recta final del debate parlamentario es muy positiva.
