«Contratar al robot, despedir al humano y no mirar atrás». La frase de Bill Gates tiene la virtud de poner en pocas palabras una lógica que conocemos bien. Una empresa decide qué le resulta más rentable; la sociedad se ocupa después de las consecuencias. El robot no paga una nómina, no cotiza a la Seguridad Social y no necesita una prestación cuando se queda sin trabajo. Pero alguien ha de financiar las pensiones, la protección social y la formación de quienes pierden su empleo. ¿Quién?
No conviene empezar por imaginar un futuro en el que las máquinas sustituyen de golpe a todo el mundo. Las cifras que se manejan sobre el número de robots que habrá en España o en Cataluña dentro de diez años son estimaciones, no puestos de trabajo perdidos que podamos contar de antemano. Un robot puede sustituir tareas, complementar el trabajo de una persona o permitir que una empresa produzca más. Y la inteligencia artificial puede hacer lo mismo con actividades cognitivas que hasta hace poco parecían protegidas.
El error sería pensar que la tecnología elige por nosotros. La pregunta no es solo qué pueden hacer un robot o un algoritmo, sino para qué los desplegamos y quién decide. Daron Acemoglu y Pascual Restrepo estudiaron la entrada de robots industriales en Estados Unidos entre 1990 y 2007. En las zonas más expuestas, cada robot adicional por cada mil trabajadores se asoció con una caída de unos 0,2 puntos en la relación entre empleo y población y una reducción salarial del 0,42 %. Es un estudio situado en un país y un periodo concretos; no permite calcular cuántos empleos se perderán aquí. Sí sirve para recordar que los beneficios agregados de una innovación pueden convivir con daños muy concentrados en trabajadores y territorios.
Con la inteligencia artificial, además, la frontera de la automatización se desplaza. La Organización Internacional del Trabajo calcula que una de cada cuatro personas trabaja en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. Pero exposición no quiere decir despido: la mayoría de los empleos, concluye la OIT, se transformarán antes que desaparecer. El dato no invita a la resignación; obliga a mirar qué tareas cambian, qué puestos se rediseñan y quién se beneficia de ese cambio.
Hay una diferencia fundamental entre usar la tecnología para mejorar lo que puede hacer una persona y usarla para prescindir de ella. No son dos caminos que vengan escritos en el código. Los condicionan el precio relativo del trabajo y el capital, los impuestos, la regulación y la manera de organizar la producción. Si sale más a cuenta invertir en una máquina que contratar a alguien, incluso cuando la máquina apenas aumenta la productividad, el sistema empuja hacia esa sustitución. Acemoglu ha llamado la atención sobre una automatización que elimina trabajo, traslada tareas al consumidor y genera pocos beneficios nuevos que repartir. Mucho coste social; poca riqueza adicional.
Por eso la propuesta de Gates de gravar el uso de la IA —incluso mediante un impuesto ligado a los tokens— merece discusión. No porque haya una respuesta sencilla en la calculadora, sino porque apunta a una asimetría real: las nóminas financian una parte importante de la protección social, mientras las empresas pueden deducir inversiones en maquinaria. Pero, ¿cómo se decide qué robot debe pagar? ¿Cotiza igual el que sustituye a una persona que el que la ayuda a trabajar mejor? ¿Cómo se distingue un uso que complementa el trabajo de otro que lo elimina? Un impuesto directo por robot puede parecer claro y resultar muy difícil de aplicar.
Un estudio sobre la fiscalidad óptima de los robots apunta, además, que buena parte de las mejoras de bienestar puede lograrse ajustando los impuestos sobre la renta; la ganancia adicional de gravar los robots de forma distinta a otros bienes de capital sería pequeña en su modelo. No zanja el debate, pero sí aconseja no convertir el “impuesto al robot” en una consigna que nos ahorre discutir el conjunto del sistema fiscal.
La cuestión de fondo es quién contribuye cuando la producción necesita menos trabajo humano y una parte mayor del valor se concentra en beneficios, activos y tecnología. No se trata de abandonar las cotizaciones sobre los salarios, ni de fingir que capital y trabajo son realidades separadas. Se trata de evitar que la financiación de los derechos sociales dependa cada vez más de una base laboral que puede reducirse, mientras aumenta la riqueza generada por la automatización. Si esa riqueza existe, también debe contribuir al esfuerzo colectivo.
Y aquí aparece otra contradicción que no deberíamos esquivar. Gates alerta de que los incentivos empresariales conducen a despedir personas y contratar máquinas; Microsoft, la empresa que cofundó, invierte a gran escala en inteligencia artificial. No hace falta atribuirle una incoherencia personal para entender lo que está pasando. Una compañía puede cumplir con sus objetivos, aumentar su valor y reducir costes; el resultado conjunto puede dejar a más gente fuera y debilitar los ingresos que sostienen las prestaciones. Lo que es racional para cada empresa no tiene por qué serlo para la sociedad.
Tampoco basta con decirle a quien pierde su empleo que se recicle. La formación es necesaria, pero no convierte a todo el mundo en programador ni crea por sí sola puestos de trabajo en el territorio donde desaparecieron. Las transformaciones económicas tienen ganadores y perdedores, y sus costes se acumulan en personas y lugares concretos. Cuando esos costes se ignoran, no desaparecen: reaparecen como inseguridad, desconfianza y conflicto político.
Hay, por supuesto, una posibilidad mejor. Si la automatización permite producir más con menos horas de trabajo, podemos repartir esa productividad en forma de jornadas más cortas, mejores salarios, más tiempo para los cuidados, la formación y la vida personal. Pero ninguna máquina reparte por sí sola el tiempo libre. Si no cambian las reglas y las relaciones de poder, el aumento de productividad puede traducirse en más beneficios para quienes controlan la tecnología y más incertidumbre para quienes dependen de un salario.
¿Deben cotizar los robots? La pregunta es provocadora y necesaria, aunque quizá no sea la más precisa. Los robots no cotizan como las personas; las empresas que los incorporan y las rentas que generan sí pueden contribuir de otra manera. Lo que toca decidir es si vamos a dejar que la automatización erosione la financiación de la protección social mientras sus beneficios se concentran, o si vamos a organizar la transición para que la productividad se convierta también en derechos, seguridad y tiempo para vivir.
