A por la “contaminación cero”

Las ciudades europeas tendrán que ponerse las pilas en lo referente a la calidad del aire. Una nueva directiva, cuya aprobación estaba prevista a finales de abril, rebaja a la mitad los límites de los principales contaminantes que puede tener el aire que respiramos para el año 2030.

Según Javier López, eurodiputado de Socialistas y Demócratas y ponente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, casi ninguna ciudad cumple la normativa europea. “Más del 91% de la población europea vive bajo una mala calidad del aire”, reconoce López, que presentó la directiva en una charla el pasado abril en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona. Aunque también apunta a que se ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años.

Para las organizaciones ecologistas reunidas en la Campaña Clean Cities —una coalición europea formada por más de 70 ONG—, el acuerdo es agridulce, porque, si bien mejorará mucho los parámetros de aquí a 2030, aún queda lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS).

La contaminación atmosférica es la causa ambiental número uno de muertes prematuras en la Unión Europea. Las instituciones calculan que en Europa unas 300.000 personas mueren al año prematuramente por culpa de la calidad del aire de las ciudades donde viven. En España, el cálculo llega a las 20.000 muertes evitables.

Según la OMS, el aire contaminado produce desde accidentes cerebrovasculares hasta cardiopatías, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias agudas y crónicas. “Las fuentes de contaminación del aire son múltiples y específicas de cada contexto”, explican desde la organización. “Las principales fuentes de contaminación del aire exterior son el consumo doméstico de energía para cocinar y calentarse, los vehículos de combustión, la generación de energía, la incineración de residuos y desechos agrícolas y la industria”.

Valores límite

El texto de la nueva normativa establece valores límite y objetivos más estrictos “para diversos contaminantes, incluidas las partículas, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono”, explican desde el Parlamento Europeo. “El objetivo es garantizar que la calidad del aire en la UE no sea perjudicial para la salud humana, los ecosistemas naturales y la biodiversidad y alinear la normativa de la UE con las más recientes directrices de calidad del aire de la OMS”.

La directiva introduce un objetivo tan ambicioso que le llama “contaminación cero” en calidad del aire para 2050; es decir, garantizar que, de aquí a esa fecha, la calidad del aire haya mejorado tanto que la contaminación ya no se considere perjudicial para la salud humana ni para el medio ambiente.

A corto plazo

La exigencia de reducir a más de la mitad la exposición media del público a las partículas finas y al dióxido de nitrógeno de aquí al año 2030 implica muy poco tiempo, tomando en cuenta que la directiva ya tiene un trámite de trasposición a los países miembro de dos años.

Marta Villanueva Cendán, presidenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y concejala de Salud del Ayuntamiento, reconoce que ciudades como la suya tienen dificultades que no siempre dependen del ámbito local. Villanueva, que participó en abril en la presentación de la normativa, explicó que el problema de ciudades como Barcelona es que la mayor parte de la contaminación, proveniente de los coches, no corresponde a residentes en la ciudad — que se desplazan en transporte público o en bici —, sino a personas que llegan en coche desde el área metropolitana. Por tanto, la política debe ejercerse desde un ámbito mayor que de las ciudades.

Posibilidad de indemnización

Otra de las medidas destacadas de la nueva normativa es el establecimiento de un derecho efectivo de las personas a ser indemnizadas cuando puedan comprobar que los daños a su salud se han producido total o parcialmente como resultado de una violación de las normas sobre valores límite y planes de calidad del aire o en relación con la contaminación transfronteriza. A su vez, la norma aporta más claridad sobre el acceso a la justicia, y especifica sanciones efectivas.

Entre otras medidas muy técnicas, se hará una revisión periódica de las pruebas científicas para comprobar si las normas de calidad del aire vigentes siguen siendo suficientes para proteger la salud humana y el medio ambiente, y si es necesario regular otros contaminantes del aire. La primera revisión se llevará a cabo a finales de 2028, con el objetivo en particular de garantizar la total alineación con las recomendaciones de la OMS. Además, se apoyará a las autoridades locales reforzando las disposiciones sobre seguimiento de la calidad del aire, modelización y planes de mejora.

“Queda mucho por hacer, aunque las nuevas medidas son un avance importante respecto a la anterior directiva, que quedaba anticuada porque era de 2008”, añade Cristina Arjona, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, miembro de la campaña Clean Cities. “Era necesario, ya que la OMS actualizó sus estándares en 2021. Es fundamental que las administraciones se pongan a trabajar, que se tomen en serio la implantación de zonas de bajas emisiones. Esperamos que haya multas para quien no cumpla, que sea restrictivo y vinculante y que se controle el cumplimiento de los límites legales. Es importante que no se den pasos hacia atrás, que no sea un greenwashing. Porque en la actualidad tenemos ciudades que están diciendo que han implantado “zonas de bajas emisiones” cuando se trata de entornos que ya eran peatonales o con restricciones de tráfico. Y, lo que es peor, hay ciudades como, por ejemplo, Logroño, que van para atrás y están eliminando carriles bici”.

Por su parte, la organización Salud por Derecho opina: “Es una buena noticia que la directiva recoja una revisión de los indicadores de contaminación cada cinco años a partir de 2030. Y es muy positivo que se incluya el acceso a la justicia de grupos vulnerables cuando el incumplimiento de esta norma tenga un impacto negativo en su salud, así como mejorar el acceso a la información”. Pero les preocupa “la inclusión de exenciones en la directiva y la ampliación de las fechas límite para el cumplimiento de los límites de contaminación que puede llegar a retrasarse hasta 2040 en algunos casos. Estas medidas pueden comprometer la efectividad de la directiva en la protección de la salud”.