Ampliar los derechos laborales a todas las plataformas digitales

La empresa de reparto Glovo es uno de los iconos de la economía de plataformas en España. En diciembre pasado, anunció un cambio de modelo laboral, aún por concretar, para abandonar la operativa con la que la Inspección de Trabajo y el Tribunal Supremo consideran falsos autónomos y pasar a combinar, según su propia web, contrataciones directas con el recurso a empresas de logística de última milla.

Las plataformas digitales, que ponen en contacto a gente que necesita algo con gente que lo ofrece a través de una app, irrumpieron como un vendaval a finales de la primera década del siglo XXI. A menudo, se presentaron como  ejemplo de economía colaborativa, pero pronto se constató que en la mayoría de casos no eran puras intermediarias, sino empresas que organizaban la actividad, fijaban los precios y podían desconectar (despedir) a quienes ofrecían el servicio bajo su marca, vía algoritmos. Un puñado de emprendedores vio en el potencial de la tecnología una oportunidad de negocio: iban a poder crear empresas muy competitivas, capaces de eludir buena parte de costes fijos, en nombre de la flexibilidad del trabajo (la economía de los bolos), la modernidad, los nuevos modos de vida y la innovación. Igual que iba a ser posible convertirse en un gigante mundial del alojamiento sin tener en propiedad una sola habitación, caso de Airbnb, también lo sería liderar el sector del reparto sin tener que contratar personal que repartiera paquetes. Así arrancaron Glovo y Uber Eats.

El capital riesgo se frotó las manos. No importaba perder dinero  si se logra dominar un mercado. Calaba la hipercomodidad, conseguir cualquier cosa con un clic.

De los tribunales a la ley

La Unión Europea se ha pasado más de una década debatiendo cómo regular estos nuevos tipos de empresa que uberizaban el trabajo. Entiéndase por el palabro el retroceso a condiciones laborales propias del siglo XIX: vivir pegado a un móvil a la espera de un encargo, cobrar por tarea, sin ingresos regulares, competencia extrema entre trabajadores, sin derecho a vacaciones, a cotizaciones ni a desempleo, depender de las valoraciones de la clientela y la empresa a partir de algoritmos, posibles desconexiones sin explicación, etc.

A falta de regulación , han sido los jueces quienes han ido decidiendo si debían hacerse contrataciones. España fue pionera en 2021, con la ley rider, limitada al personal de reparto y que pudo hacerse con acuerdo entre sindicatos y patronal. Sin embargo, a finales del pasado octubre, la UE acordó finalmente una nueva directiva que busca zanjar el asunto sobre dos pilares: presume la laboralidad de las personas trabajadoras de las plataformas de cualquier sector, no solo los riders, si se dan ciertas condiciones (recae sobre la empresa tener que demostrar lo contrario), y establece las primeras normas sobre el control y el uso de sistemas de algoritmos en el trabajo. Los países tienen menos de dos años para adaptarla y aplicarla.

"Queremos transponer lo antes posible esta norma europea, que expande la presunción de laboralidad a los distintos sectores de todas las plataformas y, además, al igual que conseguimos con la ley rider en España, la transposición debe hacerse con diálogo social. El mundo de las plataformas online aún no ha sido estudiado a fondo. Glovo y Uber Eats son solo la punta del iceberg de un modelo que está expandiendo la precariedad y que rompe la colectividad allí donde entra", subraya Raquel Boto, adjunta de la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO. De cara a la nueva etapa, Boto echa en falta "una gestión algorítmica más desarrollada para el conjunto de trabajadores": del derecho a información transparente a la participación. CC OO ha llamado al personal de reparto a pelear por sus derechos.

¿Cómo se adaptará la norma?

En la misma línea, Fernando García, extrabajador para Uber Eats y coordinador de plataformas digitales en UGT y de este sindicato en Glovo, enfatiza: "Después de muchas presiones, las grandes plataformas han perdido la batalla de la directiva, pero pueden ganar la batalla de la transposición", en alusión al hecho de que la legislación de la UE es de mínimos, al corresponder el derecho laboral a los distintos países. "La explotación laboral es vieja, pero el algorimto es nuevo", añade García, quien reclama una Autoridad Laboral Europea que no se limite al asesoramiento, sino a la supervisión real.

Cuidados, traducción, limpieza, conducción de pasajeros, canguro, profesorado, abogacía, atención psicológica... Las plataformas se implantan y abaratan costes en numerosos ámbitos. Pueden prestar el servicio físicamente en la localidad donde se solicita o bien realizar una tarea online, donde la competencia entre aspirantes a la tarea es mundial.

Entre 2022 y 2025, en los países de la Unión Europea se prevé un incremento del 52% de la cantidad de personas trabajadoras a través de plataformas, más allá de su uso esporádico, según datos del Ejecutivo comunitario, que calcula en medio millar el número de estas en la UE. En 2025, se estima que 43 millones de trabajadores y trabajadoras ofrecerán tareas vía app. Hace tres años, en 2022, sumaban 28,3 millones. Ya entonces, la Comisión avisó de que la cantidad era similar a la que sumaba la mano de obra de la industria manufacturera.

Más de la mitad de estas personas, el 55%, percibe por su trabajo menos de lo que marca el salario mínimo neto por hora de su país, si tiene fijado uno. Una mayoría aplastante de estas personas, 9 de cada 10, son autoempleadas, pero, según la Comisión, el 19% del total (5,51 millones) tiene visos de estar clasificados de forma errónea, circunstancia que acarrea consecuencias negativas: ingresos imposibles de prever, largas horas de espera no pagadas para alcanzar salarios decentes, falta de desarrollo profesional, protección social inadecuada, riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Para el Estado, resulta en una merma de ingresos en impuestos y cotizaciones.

Regularización masiva

En el caso de Glovo, el Ministerio de Trabajo estima que la regularización pendiente afectará a 60.000 personas que desde 2021 (ley rider) han trabajado para la empresa. Actualmente, Glovo, presente en 23 países y 900 ciudades españolas, funciona con cerca de 15.000 repartidores (se desconoce la cantidad de cuentas realquiladas, a menudo, a personas sin papeles). Los impagos a la Seguridad Social se cifran en 267 millones. Delivery Hero, propietaria de Glovo desde 2022, calcula entre 440 y 770 millones el impacto en sus cuentas en contingencias relacionadas con su participada en su informe financiero de 2024 (hace unos meses, la horquilla iba de 330 a 550 millones), y se refieren a la Seguridad Social, multas, reclamaciones de IVA y otros gastos.

El cambio de Glovo se ha realizado bajo presión judicial —incluida la espada de Damocles de pena de cárcel para su cofundador Oscar Pierre— , pero también regulatoria, sindical y de sus competidores.

Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, ha demandado a Glovo por competencia desleal y le reclama 295 millones de euros por daños y perjuicios. Uber Eats, tras operar con falsos autónomos, se vio forzada a laboralizar la relación con los repartidores tras la aprobación de la ley rider (y por presión sindical, a indemnizar a 4.400 repartidores). Pero, viendo cómo Glovo la ignoraba (solo contrató a cerca de un millar, de su pata de Groceries) y, con menores costes, se comía la mayor parte del pastel, pidió por carta al Gobierno que hiciera cumplir a su rival y luego reabrió cuentas independientes. Hoy opera en modelo híbrido. Glovo lamenta que la Inspección "solo se haya fijado en nosotros". Es la guerra por controlar el mercado.