España desincentiva el asilo

En España, la inmigración se ha vuelto indispensable para reforzar el mercado laboral y apuntalar el estado de bienestar. Con esta idea, el Gobierno acaba de flexibilizar la regularización de personas de origen extranjero sin papeles por medio de la figura del arraigo y con su apuesta por la contratación en origen. Sin embargo, es mucha la gente que llama a la puerta del derecho de asilo y poca la que logra  protección internacional. A partir de ahora se desincentiva esta vía.

En la Unión Europea, solo Alemania supera a España en número de solicitudes de asilo recibidas, que sumaron 165.767 en 2024. Dos terceras partes eran de personas procedentes de Venezuela y Colombia.  Y si se tiene en cuenta la población de cada país, para sopesar mejor la comparación con los vecinos europeos, España permanece en una posición destacada, solo por detrás de Chipre, Grecia e Irlanda.

Sin embargo, España se sitúa entre los países de la cola por lo que respecta a la protección internacional. La tasa europea de reconocimiento —que mide la proporción de la aceptación de casos en que las personas que han pedido protección podrían sufrir, bien daños graves, bien persecución, si fueran devueltas a su país de origen— es del 42%. La de España se quedó el año pasado en el 18,5% de las resoluciones adoptadas.

Menos refugiados

Son datos del último análisis anual, el de 2024, de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que  subraya "la tendencia" de los distintos países a ofrecer, dentro de la protección internacional, la denominada "protección subsidiaria", antes que el estatuto de refugiado. La protección en el primer caso no es menor, pero sí más limitada en el tiempo y puede comportar más trabas en cuestiones como el reagrupamiento familiar.

Esta tendencia se da también en España. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera "preocupante" la caída del 13% del número de personas a las que se dio el estatuto de refugiado el año pasado (6.355), frente a un incremento del 200% de la protección subsidiaria. Este aumento explica que la protección global mejorara del 12% al 14% de un año al siguiente.

La regulación del asilo en el nuevo Reglamento de Extranjería que entra en vigor este mayo pone más difícil el intento: si una persona ve denegada su solicitud de asilo después de una larga espera de uno o dos años, y quiere intentar regularizar su situación por la vía alternativa del arraigo, todo el tiempo que haya vivido en España hasta entonces no le computará. El contador se pone a cero.

Esta es una de las principales razones por las que varias entidades —Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes— han recurrido parcialmente ante el Tribunal Supremo la reforma de la norma, de la que valoran que facilite otras vías de regularización. La principal, la de flexibilizar el arraigo, figura que ya existía y que sirve para normalizar la situación de personas que viven en la irregularidad.

900.000 regularizaciones

El Gobierno estima que con la reforma se regularizará la situación de 900.000 migrantes en tres años, y explica que hacer incompatibles los procesos de arraigo y de protección internacional evita que se  instrumentalice el derecho de asilo. A modo de compensación, la reforma permite apelar temporalmente una regularización por arraigo a quienes vean denegado el asilo, pero solo si han vivido medio año en España sin papeles, lo que plantea interrogantes como el de qué harán los que están trabajando.

Las entidades críticas subrayan que esta incompatibilidad entre asilo y arraigo "deja en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo" y "desincentiva el ejercicio del derecho", según su comunicado conjunto."Por temor, muchas personas pueden decidir no intentar esta vía, aunque les corresponda. Esta medida tendrá impacto en los derechos y provocará situaciones de exclusión social",  lamenta Diego Fernández Maldonado, responsable de migraciones en el equipo de asesoramiento jurídico de Cáritas Española.

"En España pueden haberse generado falsos demandantes de asilo. Hay gente que piensa que es la única vía para sobrevivir. Pero si se endurecen las condiciones, pagan justos por pecadores. Si no pones recursos y gente, puedes crear derechos y medios legales para regularizar la situación, pero es difícil conseguirlo en la práctica", señala Cristina Faciaben, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CC OO. Según la Agencia de Asilo de la UE, en España hay pendientes de resolver 251.540 casos. En 2024 se resolvieron 90.093.

España, en minoría

La reforma de Extranjería se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en la Unión Europea y en EE UU. El Pacto de Migración y Asilo acordado por la UE en 2024 y que debe entrar en vigor en 2026 costó años y no contenta a nadie, por duro o por blando (véase la pág. 42). España lo defiende. Adaptar el acuerdo acarreará cambios legales. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha prometido un enfoque "humanista, solidario y eficaz".

Este enfoque, sumado a los pasos para regularizar personas en situación irregular está en minoría en Europa. El Ejecutivo rechaza, además, que inmigrantes irregulares a los que se deniegue el asilo se envíen a centros fuera de la UE."Ha desplazado el foco de una visión desde la seguridad a otra más utilitarista y algo más humana: la del trabajo", señala Faciaben.

La aportación de las personas extranjeras a la riqueza del país y a su mercado laboral es lo que se pone en valor, mientras la población envejece. Estimaciones de la AiRef calculan las necesidades de mano de obra foránea entre las 250.000 y las 300.000 personas al año, en un mercado laboral en el que pesan los empleos precarios. Los sectores con mayor presencia de personas extranjeras son el campo, la hostelería, la construcción y los cuidados, pero el Banco de España identifica su presencia en "nuevos sectores de mayor cualificación".

La población extranjera aumentó el 46% entre 2015 y 2024, pero la afiliación de este colectivo a la Seguridad Social se ha incrementado en el mismo periodo el 78%, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las afiliaciones de extranjeros han pasado de pesar poco más del 9% al 13,7%. La ministra  Elma Saiz prevé que el nuevo reglamento de Extranjería se traducirá en permisos de residencia y de trabajo para 300.000 personas al año, en total, en los próximos tres años.

Reforzar el arraigo

Estos brazos abiertos a la inmigración se basan en la simplificación de procesos administrativos para conseguir los permisos de residencia y trabajo y en el acortamiento de tiempos mínimos exigidos. Un cambio importante: para poder tramitar los permisos por la vía del arraigo, ya no hará falta haber vivido en España sin papeles tres años, sino dos.

El llamado "arraigo social" no exige una oferta de trabajo, y, aun así, requiere acreditar que se tienen medios económicos suficientes. En el "arraigo sociolaboral" se requiere una oferta de trabajo, pero con un mínimo de horas semanales menor (20 en lugar de 30). El de "segunda oportunidad" facilita la regularización a quien ya tuvo la residencia y no pudo renovarla. El "socioformativo" permite compatibilizar un curso con 30 horas de actividad laboral a la semana. Al "familiar", una de las vías que más regularizaciones ha permitido, se le aplican algunos límites. Extranjeristas en red, la Asociación APDHE y Coordinadora de Barrios han denunciado aspectos como la regulación de derechos de los menores y nuevas condiciones discriminatorias a familiares de ciudadanos españoles con relación a los de otros países de la UE.

Según el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de abril, la llegada de inmigrantes irregulares a España descendió en el 23,8%. No obstante, en 2024 la cifra aumentó el 14,5%. Llegaron 60.216. Mientras, 2,85 millones de extranjeros cotizan a la Seguridad Social.

Canarias es uno de los principales puntos de la ruta por vía marítima, y sus infraestructuras de acogida se han visto del todo desbordadas, especialmente por más de 5.000 menores. Después de una tensa pugna política, el Congreso ha aprobado un sistema de reparto entre comunidades autónomas en caso de situaciones de emergencia. Falta ver qué harán las comunidades gobernadas por el PP con o sin el apoyo de Vox (ambos partidos votaron en contra), pues rechazan los criterios de reparto.

Contratos en origen

Una pieza clave de la estrategia del Gobierno es la inmigración circular, vía contratación en origen. Supone contratar a trabajadores de otros países para una tarea en España durante cierto tiempo donde se necesite gente, y después, que regresen a su país. "Traer a trabajadores sin darles estatus de ciudadanía debería ser un camino minoritario, no una medida estrella. Quien viene no es un trabajador, sino una persona”, señala el responsable de migración de Cáritas.

Los sindicatos están de acuerdo en ordenar un flujo migratorio que viene, así como en regularizar, para evitar situaciones de explotación sin derechos y competencia desleal. "Pero", indica Cristina Faciaben, "las personas contratadas en origen han de tener las mismas condiciones que el resto".