El desafío fronterizo de Europa

Querer frenar la inmigración no casa con la liberalización económica y la lógica empresarial, escribe Hein de Haas, cofundador y codirector del International Migration Institute de la Universidad de Oxford, en su libro Los mitos de la inmigración. Si, por una parte, hay pocas vías de inmigración legal y segura, pero, por la otra, la demanda de trabajadores sigue ahí, el resultado es mucha inmigración ilegal muy bien tolerada en la práctica, aunque se critique con grandes aspavientos.

“La inmigración en sí no es un problema, es un signo de la globalización. Europa puede pactar dialogar consigo misma, pero ni gobierna las guerras ni puede predecir cuánta gente arriesgará su vida en un cayuco”, valora Cecilia Estrada, directora de la Cátedra de Migrantes y Refugiados Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas. En los últimos tres años, en África han tenido lugar siete golpes de Estado, lo que da idea de la inestabilidad que vive el continente. No en vano vienen ahora más subsaharianos que magrebíes.

Más llegadas a Canarias

Canarias, principal destino por vía marítima de personas desesperadas, ha visto aumentar en un 85,1% las llegadas entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. Total: 26.758. En Ceuta, el 182,6% más: hablamos de 2.026.

El PP y, más, Vox, han encontrado en la gestión de este drama humanitario un flanco de ataque al Gobierno de Pedro Sánchez, en pleno endurecimiento de la política migratoria en Europa al calor del auge la ultraderecha. En esta clave se explica la carga restrictiva del pacto migratorio que el Parlamento Europeo aprobó en primavera tras años de debates y que entrará en vigor en la UE en 2026.

Saltarse el pacto de la UE

Este compendio de normas, que fija los derechos de quien puede optar al asilo y que, de facto, refuerza las fronteras, se presentó como el único acuerdo posible en la UE, pero las concesiones a los partidos antiinmigración de poco han servido. Ya se abren grietas, por flojo. Mientras que Alemania impone controles fronterizos, el Gobierno neerlandés, donde manda el partido ultra de Geert Wilders (PVV), ha pedido no aplicarlo. La Hungría de Viktor Orbán, igual. Polonia y Austria no están convencidas. Cambiar los tratados de la UE para aceptar excepciones es abrir un melón complicado, pero en el pacto hay modos de inhibirse.

Solidaridad flexible

De entrada, según el pacto, la solidaridad es obligatoria: todo el mundo debe acoger cada año a una parte de solicitantes. Sin embargo, en aras del acuerdo, se aceptó que, en su lugar, se puedan pagar 20.000 euros por cada peticionario que no se admita, o destinar el dinero a proyectos en países de origen, o incluso participar en deportaciones. Es la solidaridad flexible.

Además, se establece un reparto de 30.000 solicitantes de asilo, según la población o el PIB. La cifra equivale solo al 10% de las llegadas irregulares que hubo en 2022 y en 2023. Su alcance es, pues, corto.

La filosofía del Convenio de Dublín, según la cual la responsabilidad del asilo recae en el primer país de la UE adonde llega la persona, se mantiene, aunque se permite que un Estado miembro pueda examinar solicitudes de protección internacional presentadas en otro por reagrupamiento familiar.
 

Más Frontex

Las ONG denuncian el mayor papel que el pacto atribuye a Frontex, la agencia que vigila la frontera exterior de la UE, en la gestión de los retornos de las personas migrantes. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ya ha propuesto triplicar el número de guardias fronterizos y costeros europeos, hasta 30.000.

“El pacto hace más gruesa la frontera exterior de la Unión, y uno de los peligros que veo en su implementación es que acabe cambiando la frontera sur de Canarias, ya que se contemplan procedimientos exprés, lo más rápidos posible, en frontera”, reflexiona Blanca Garcés, investigadora sénior del área de migraciones del CIDOB.

Garcés se refiere a un eventual cambio en la gestión: “Como se constata con Marruecos, la política de vecindad del Gobierno español no se distingue de la de otros países, pero la actuación de este sí es diferente en la gestión de las llegadas, como se ve en las transferencias de Canarias a la Península”.

Riesgo de 'hot spots'

“Si los procedimientos deben ser exprés y en frontera, se corre el riesgo de crear algo parecido a hot spots como los de Turquía. El pacto migratorio plantea que los Estados puedan restringir los movimientos secundarios en determinadas zonas, de modo que podríamos verlos en la UE,” alerta Silvia Almenara, del Centro de Investigación Interdisciplinaria de Bruselas sobre Migración y Minorías de la Vrije Universiteit. Alude al acuerdo entre la Unión y Ankara de 2016: la UE le concedía a la segunda ayuda económica y visados más ágiles para que Turquía taponara su frontera oriental en sus campos de refugiados. También derivó en miles de personas atrapadas y hacinadas en las islas griegas.

Pactos bilaterales

Para Almenara, “el acuerdo ha terminado siendo un instrumento que carga el peso en el discurso del control migratorio que enarbola la ultraderecha y que no reflexiona en términos humanitarios”. Esta investigadora se muestra crítica con los pactos que proliferan con países que hagan de tapón. Egipto, Túnez, Mauritania, Líbano… “Ahora llegan más personas vía Canarias a resultas de los pactos bilaterales. Si Túnez o Libia contienen la inmigración, se activan rutas alternativas, pues el movimiento de gente no se para”, apostilla. En este sentido, la profesora Estrada lamenta que no se valore “si allí donde se concentran personas para que no lleguen a Europa se respetan los derechos humanos. Los procedimientos no son transparentes. Es mirar hacia otro lado". A estos pactos se suma otro tipo de externalización, como cuando la Italia de Giorgia Meloni paga a Albania para poder llevar a sus campos de identificación y acogida a los solicitantes de asilo rescatados en el mar. Esta política ha sido elogiada, entre otros, por el Partido Popular. También ha suscitado el interés del Gobierno laborista británico.

“En realidad, más que una crisis migratoria, cada repunte de llegadas nos confronta a una crisis por nuestra falta de preparación estructural para responder, falta de coordinación, de recursos y de procedimientos claros”, remarca Estrada. Pero la gestión concierne a quienes logran llegar a suelo europeo. Desde 2014, la International Migration Organisation ha contabilizado 30.333 desaparecidos en el Mediterráneo.

Reparto de menores

La inmigración ha devenido arma arrojadiza entre partidos, sobre todo en lo que respecta al reparto de personas menores de edad que llegan sin familiares, alrededor de 5.600. A finales de septiembre el Gobierno, el Ejecutivo de Canarias y el PP negociaban una solución, después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, denunciara que les han dejado solos, pactara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedir más financiación del Gobierno (que pague la atención de los menores cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad y la gestión cuando se supere el 150% de capacidad) y aprobara un protocolo de acogida de menores con trámites policiales que, según las ONG y la Fiscalía, dificultan la acogida y pueden vulnerar derechos. El Ejecutivo central culpa al PP de la situación porque votó en julio (con Vox y Junts) contra una reforma de la Ley de Extranjería a favor de un reparto obligatorio de niños y niñas entre autonomías. Junts pactó con el PSOE que la Generalitat se ocupe de "la gestión integral" de la inmigración.

Inmigración circular

Gobiernos como el español impulsan la inmigración circular, una vía para que las personas de países terceros puedan trabajar en Europa durante un tiempo, y que las empresas encuentren los perfiles que buscan. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se han firmado acuerdos con 20 países, con los que se abren “nuevas vías de cooperación”. Fue la bandera del presidente Sánchez en su gira por Mauritania, Gambia y Senegal. Tanto Estrada como Almenara alertan del riesgo de que la inmigración circular reproduzca “dinámicas de explotación” y “mano de obra de segunda” si trabajar cierto tiempo no se asocia a otros derechos (cotizar, asistencia médica prolongada, reagrupamiento familiar, etc.).

Entre nuevas llegadas y un discurso político copado, la inmigración ha pasado del noveno al primer lugar entre las preocupaciones de la ciudadanía, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque la inquietud cae si se pregunta por los problemas que afectan “personalmente”.

Al mismo tiempo, y volvemos a las tesis de Hein de Haas, “a finales de octubre o principios de noviembre”, se aprobará la reforma del reglamento de Extranjería que busca agilizar la regularización de personas migrantes, según la ministra Saiz.

Regularización masiva

De hecho, todos los grupos políticos, incluido el PP, y salvo Vox, apoyaron en primavera estudiar una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a cerca de medio millón de personas que viven en España en situación irregular para acabar con “la vulneración de derechos humanos” y para que a quien carezca de papeles no se le impida contribuir “económica y fiscalmente” a la sociedad. Funcas avisa de que la estimación del medio millón de  personas sin papeles que se maneja se ha quedado vieja y que, en realidad, hablamos de casi 700.000.

Si se concreta, no sería la primera regularización masiva de parte de las personas que la solicitaban en España. Hubo otras a principios de la década de 1990 (más de 108.000 personas), en 1996 (21.294), en el año 2000 (163.352), en 2001 (239.174) y 2005 (500.000).

Más aportación que gasto

La población de origen foráneo cada vez contribuye más al empleo y a las cotizaciones a la Seguridad Social. En 2023, aportó 18.0000 millones de euros en cotizaciones, de un total de 184.000 millones. Hasta julio de este año, ya llevaban 11.300 millones. Según el Ministerio de Inclusión, frente al 10% que aportan representan el 1% del gasto.

Ayudas y bulos

La población extranjera supone el 18,1% del total, pero vive en mayor proporción cuadros de exclusión o pobreza. Contra lo que expanden algunos bulos, no existe ayuda específica para personas sin papeles sin protección internacional salvo la atención que dan ONG como Cáritas. Si logran que la solicitud entre en el sistema de acogida, hablamos de 50 euros al mes.

Para las personas en situación regularizada, rigen las mismas ayudas que para el resto. De las personas titulares del ingreso mínimo vital (IMV), en agosto pasado había 113.441 de origen extranjero por 535.772 nacionales (21%).

La proporción en las ayudas a la pobreza autonómicas es del 28%. Los datos del INE desmienten que la población extranjera acuda más al médico y, mucho menos, al especialista