Hacer negocio en el espacio público se paga

El pequeño comercio habla de "la ley de la selva" cuando se refiere a los marketplaces o plataformas digitales que ponen en contacto a personas con necesidad o ansia de consumir y un bazar virtual a golpe de clic que ha poblado el paisaje urbano de furgonetas de reparto en zonas de carga y descarga, en la acera o donde puedan parar. "En algunos sectores, la afectación sobre las ventas alcanza el 50%. Las tiendas se están convirtiendo en probadores de la compra online. Es un modelo insostenible, porque no tiene límites legales. Quien realiza la venta no lo hace con las mismas condiciones de mercado que nosotros", se lamenta Joan Guillén, presidente del Consell de Gremis, que agrupa a 15.000 pymes del comercio, los servicios y el turismo en Cataluña. El sector ve "positivamente" medidas que supongan ponerle el cascabel al gato, siempre que se apliquen "adecuadamente".

El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, encargado por el Gobierno, aborda la eventualidad de un gravamen para los protagonistas del comercio electrónico. Y explicita el propósito de Barcelona de implantar "una tasa que grave las entregas a domicilio de envíos por los operadores postales", junto con iniciativas en este sentido como la adoptada en Colorado (EE UU).

Salvo sorpresas, el propósito pasará a realidad a partir de marzo. Un pacto entre socialistas (PSC) y Barcelona en Comú, que gobiernan el municipio, y los republicanos (ERC) allanó en diciembre el camino a una tasa que se aplicará a las empresas con un negocio en la ciudad de más de un millón de euros. Según sus promotores, no tiene que preocupar a pequeños transportistas subcontratados. El gravamen será del 1,25% sobre la facturación en Barcelona, y es una figura única en la Unión Europea. La Universitat de Barcelona (UB) y el Institut d'Economia de Barcelona (IEB) han realizado los cálculos técnicos de la ya conocida como tasa Amazon o tasa Ballarín, el apellido de la concejal (Montse Ballarín) que ha liderado los trabajos. Pero, pese al nombre, se verán afectados 26 grandes operadores, que al año facturan cerca de 200 millones de euros en el municipio. La estimación máxima de recaudación asciende a 2,6 millones anuales. 

 

El profesor de la UB experto en fiscalidad Alejandro Esteller señala que uno de los retos de su funcionamiento residirá en "la capacidad de controlar con precisión cuánto factura cada operador en los límites de la ciudad", aunque la concentración del 60% del negocio en cinco  compañías  —Amazon, Seur, MRW, DHL, UPS y Correos Express— haga más gobernable el seguimiento.

El Ayuntamiento habla de mandar una señal: se busca reorientar los envíos a puntos de recogida. Así, la tasa no se aplicará si los paquetes  se dejan en un establecimiento. "No es lo mismo distribuir con vehículos pesados paquetes de unos pocos gramos a un punto que cubra 100 viviendas, que distribuirlos a cada una de ellas", indica Esteller. 

Algunos operadores ya han alcanzado pactos (remunerados o no) con tiendas que guardan los envíos. Fuentes cercanas a la propia Amazon, que espera conocer más detalles antes de valorar la tasa, hablan de un millar de estos puntos o lockers solo en Barcelona. El gigante de Jeff Bezos sí esgrime las conclusiones del estudio que el año pasado encargó a Oliver Wyman: el comercio físico en Europa genera entre 1,5 y 2,9 veces más emisiones de CO2 que el e-commerce. No obstante, aunque como derivada pueda ayudar a reducir las emisiones, la tasa no va por ahí. Lo que hace es poner precio al uso lucrativo del espacio público, además de equilibrar lo que considera "competencia desleal" con el comercio físico, que paga tributos como el IBI. Según el mismo estudio, los envíos vía operadores de e-commerce generan el 0,5% del tráfico en las zonas urbanas, frente al 11% del comercio físico.