Nuevos actores para viejos problemas en la vivienda

En los últimos meses, el contexto electoral nos ha envuelto en un batiburrillo de debates, artículos y mítines en los que se especulaba sobre cómo mejorar la situación de la vivienda en España. Durante este torbellino de voces, un dato dramático ha irrumpido en escena: solo el 2,5% de las viviendas en el país son sociales. Esta cifra minúscula, que se sonroja frente al 9,3% de media en la Unión Europea, da fe sobre las grandes debilidades de nuestro —aún en andamios— estado del bienestar.
Ahora, una vez casi superada la resaca electoral, necesitamos repensar nuestro sistema de vivienda si queremos construir un país próspero, un país donde no se lleven a cabo 100 desahucios diarios o donde no se acepte que más de 8 de cada 10 jóvenes no se puedan independizar. Tras el verano, toca ponerse la pilas y asumir estos retos que llevan décadas enquistados. Tenemos la necesidad de que se dé un paso firme hacia delante, para que —dejando a un lado colores políticos— se desarrollen de forma conjunta soluciones innovadoras y duraderas que no dejen a nadie atrás.

En España, la ciudadanía rema a contracorriente para llegar a fin de mes, sorteando con dificultad los elevados precios de los alquileres e hipotecas. Esta situación frena la economía de una gran parte de los españoles y españolas que, según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, destinan más de un tercio de sus ingresos a la renta de sus hogares.

La vivienda continúa siendo una tarea pendiente en España que se lleva posponiendo desde hace demasiados años, y no podemos continuar poniendo parches a la exclusión residencial sin abordar su raíz: la falta de vivienda social y asequible. Cuando hablamos de vivienda asequible nos referimos a aquella que no supone más del 35-40% de los ingresos para la parte inquilina pero que, además, supone un alojamiento adecuado a sus necesidades (tamaño, temperatura y servicios básicos cerca).

Necesitamos que la vivienda adecuada deje de ser algo idílico a lo que aspirar y se convierta en una realidad para la mayor parte de la población; y para ello es clave el aumento de vivienda social y asequible, con precios por debajo del mercado y sin fines de lucro. Esto es fundamental para que las Administraciones y entidades del Tercer Sector puedan responder con agilidad a las situaciones de exclusión residencial y promover itinerarios de inclusión a través de la vivienda. Además, que el parque de vivienda social y asequible fuese amplio podría influir en los precios del mercado libre y favorecer una bajada de los mismos.

Por tanto, en este país tenemos un desafío improrrogable: desarrollar un modelo de vivienda que dé un giro a esta tendencia y no continúe acrecentando las desigualdades sociales. Necesitamos con urgencia seguir la estela europea y establecer más viviendas con precios por debajo de mercado para que la ciudadanía pueda prosperar y construir sus proyectos de vida con libertad.

Inmobiliarias con un fin 100% social

En el campo de la vivienda nuestros vecinos europeos nos llevan ventaja y ya hemos visto cómo han sido capaces de desarrollar nuevas formas de actuar, fórmulas exitosas que podemos y debemos imitar. Ejemplo de ello es la ciudad de Viena, con más del 60% de los hogares a precios por debajo del mercado. 

Sin embargo, este no es un caso aislado, y vemos cómo es un modelo vanguardista que ya se repite a gran escala en países como Finlandia, Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. En dichos lugares se ha consolidado esta fórmula denominada generalmente housing associations o asociaciones de vivienda.
Las housing associations son organizaciones independientes sin ánimo de lucro o de lucro limitado que se dedican —con apoyo de las Administraciones públicas— a construir, rehabilitar y gestionar vivienda asequible y social. Estas, digamos, inmobiliarias con un fin 100% social huyen de la especulación del mercado de la vivienda y proporcionan una oferta asequible a la población, evitando la subida desmesurada de los precios de alquiler.
En España estamos lejos todavía de impulsar de forma generalizada esta vía, aunque ya empiezan a brotar pequeños proyectos que siguen esta fórmula y buscan promover la vivienda asequible. Algunos de ellos son Hàbitat 3 y las fundaciones representadas por Cohabitac en Cataluña, o Lumvra, de Provivienda, en el ámbito estatal.

Estos proyectos sirven de caudal para que diferentes iniciativas sociales puedan facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y lo hacen desde el profundo conocimiento de la exclusión residencial, y priorizando la calidad frente al beneficio económico.

Estas organizaciones cuentan con casos de éxito que pueden ser replicables a lo largo y ancho del territorio español. Tanto es así que las entidades que forman parte de Cohabitac gestionan cerca de 3.500 viviendas en alquiler social en Cataluña, y Provivienda ha gestionado más de 2.700 viviendas en toda España a lo largo del  pasado 2022. De este modo, las tres organizaciones sociales han demostrado que construir un modelo inmobiliario alternativo es posible, realista y efectivo, pese a las barreras que presentan las ONG en un contexto de vivienda que favorece al sector privado y con ánimo de lucro.

Un cambio de políticas y de compañeros de viaje

En los últimos 30 años, España ha construido un modelo de vivienda focalizado en favorecer el acceso a la vivienda a través del endeudamiento de la población, sin poner límites de precio a los alquileres y fomentando la compra de vivienda mediante créditos bancarios. Siguiendo esta fórmula, además, se han llevado a cabo políticas públicas que fomentaban la descalificación de vivienda protegida. Estas suponen una oportunidad perdida para disponer de un parque público o público-social del país a precios por debajo del mercado. Así, viviendas que se adquirieron a precios protegidos limitados han pasado a formar parte del mercado libre, impulsado aún más el auge de los costes de adquirir o alquilar una vivienda.

Por todo ello, y tras el periodo electoral, es clave parar y reflexionar sobre cómo abordar este problema, que ya representa ser uno de los más graves de nuestro país. Tenemos ante nuestros ojos un problema estructural para el que ya no sirven ni las soluciones del pasado, como favorecer el acceso a la propiedad a través del endeudamiento, ni los viejos compañeros de viaje, como el sector privado con ánimo de lucro.

Es necesario un cambio de ruta que promueva nuevos actores y nuevas fórmulas de acción como las housing associations, y para ello las ONG, a la vanguardia de esta temática, deben formar parte y liderar la conversación.