Acuerdo histórico basado en más ingresos

El Congreso de los Diputados aprobó a finales de marzo la segunda parte de la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de coalición, que proporciona una gran estabilización social. El acuerdo significa el concierto social más importante de este país, que afecta a unos 10 millones de pensionistas y a más de 20 millones de cotizantes. El pacto revalorizará las pensiones según el aumento del coste de la vida (IPC), aumentará las cotizaciones hasta el 1,2% y establece una contribución de solidaridad, que llegará al 6% y que solo afectará a las pensiones situadas por encima de la base máxima.

La reforma ha sido acordada con los sindicatos y cuenta con la luz verde de la Comisión Europea. La patronal CEOE ha rechazado el acuerdo, que también ha sido criticado por la Airef, el Banco de España, Fedea, Funcas y otros centros de estudio relevantes que consideran que la reforma aprobada plantea problemas de sostenibilidad. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, principal artífice del acuerdo, ha recordado: “los críticos con la reforma llevan 20 años equivocándose”.

La reforma se basa precisamente en el Informe de Seguimiento y Evaluación de 2020, que fue aprobado en el Congreso por el 80% de los diputados. La verdadera prueba de la viabilidad de la reforma dependerá en buena medida de la capacidad de la economía de mantener una elevada creación de empleo.
El desafío sustancial de las pensiones en España, al igual que en otros países desarrollados, es consecuencia del progresivo envejecimiento de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la estructura por edad de la población española va a cambiar radicalmente en los próximos 28 años.

La población mayor de 65 años va a pasar de los 9,5 millones actuales a los 16 millones en 2050, mientras que la población en edad de trabajar caerá en cerca de un millón de personas. Hay que tener en cuenta que el déficit de pensiones se ha incrementado en 22.767 millones de euros en la última década, un descuadre compensado con cargo a los presupuestos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), durante el siglo XX, a medida que aumentaba la longevidad, el diseño de las pensiones facilitaba la salida del mercado laboral a edades cada vez más tempranas. La combinación de ambas realidades ha duplicado la duración del periodo de jubilación, que ha aumentado en una década cuatro años por el aumento de la longevidad y seis por las prejubilaciones. Según este organismo, la edad de jubilación se sitúa actualmente en torno a los 61 años, cuando en la década de 1970 superaba los 67 años.

Tasa de dependencia

A partir de estos datos, un estudio de Fedea del pasado enero, elaborado por los investigadores José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza, advertía del fuerte aumento de la tasa de dependencia a consecuencia del envejecimiento. Esto se traduce en que los mayores de 64 años sobre la población de 16 a 64  pasarán de representar el 33% en la actualidad al 57% en 2050. Según estos economistas, esto significa que donde ahora hay tres trabajadores potenciales para pagar una pensión, “en 28 años habrá tres trabajadores para pagar prácticamente dos pensiones”.

El Banco de España ha publicado un estudio con datos de 2019 en el que señala: “El gasto en pensiones en España alcanzó el 12,7% del producto interior bruto (PIB), por encima de la media simple de la UE (el 10,4%). Reconocía, no obstante, que en otros países como Grecia, Italia y Portugal superaron el 15%. El supervisor indicó que las proyecciones demográficas apuntaban a un aumento del gasto en los próximos años, que en el 40% podría ser compensado si la tasa de empleo (cociente entre el total de ocupados y la población de 16 años y más) se elevara hasta el nivel de Alemania. La tasa de empleo en España es inferior al 70%, mientras que en Alemania supera el 78%.
 

El problema del envejecimiento se agravará por el retiro de la generación del baby boom (los nacidos entre 1955 y 1977), lo que implica que en los próximos 27 años se jubilarán cerca de 20 millones de trabajadores. En la década actual se jubilan a un ritmo de 220.000 personas al año y en la siguiente será de hasta 750.000 anuales, según estimaciones de Fedea.

Dos etapas

Ante el desafío de mantener las pensiones y asegurar la sostenibilidad del gasto, el Gobierno abordó la reforma en dos etapas. En la primera decidió aumentar este año las pensiones el 8,5%, una décima más que el promedio de la inflación durante 2022. Y estableció que se adaptarán en el futuro teniendo en cuenta el alza del coste de la vida. En la segunda parte, aprobada recientemente, se acordó subir las cotizaciones para compensar el aumento del gasto.

La reforma aprobada establece un régimen dual para el periodo de cómputo para calcular las nuevas pensiones durante un periodo transitorio, de forma que la Seguridad Social aplicará la fórmula más beneficiosa de estas dos: los 25 últimos años cotizados (como en la actualidad) o los últimos mejores 27 años de carrera (entre los 29 últimos). Esta segunda posibilidad se desplegará desde 2026 y durante 12 años, y según el ministro Escrivá beneficiará a los trabajadores con carreras irregulares en sus últimos años.

La segunda pata de la reforma fija un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, mediante el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), desde 2024: las cuotas subirán una décima cada año, hasta llegar a 1,2 puntos porcentuales en 2029. En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena, el 1% lo pagará la empresa y el 0,2% el trabajador. A partir de 2030, se mantendrá este porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador, hasta 2050. 

Actualmente, la base máxima de cotización es de 4.495 euros al mes (53.946 euros anuales). Según CC OO, que junto con UGT apoyan este aumento, la cotización máxima actual se encuentra muy por debajo de la media de los países europeos. Hoy en día, 1,1 millones de trabajadores tienen salarios superiores a la cotización máxima. El sindicato estima que si estos salarios cotizasen en su totalidad, proporcionarían unos ingresos adicionales de hasta 8.000 millones de euros anuales. 

En España, la tasa de reposición (la proporción entre pensión y salario) está en el 70%, una de las más altas de Europa. La tasa media en la UE es del 50%. No obstante, la realidad es que todavía queda bastante trecho para que los pensionistas españoles alcancen el nivel de derechos de la Unión. Los datos sobre las cuantías también son relevantes. Según la Seguridad Social, en diciembre de 2022 en España había 9.994.836 pensionistas (jubilación, 6.302.297; viudedad, 2.356.613; incapacidad permanente 949.781; orfandad, 341.311 y favor familiar, 44.834). El 60% de todas las pensiones es inferior a 1.000 euros mensuales. En el caso de las de viudedad el 64% es inferior a 800 euros mensuales. No se puede hablar de un sistema muy generoso.