Con todo el peso de la ley

  • Diciembre 2017

    Las políticas públicas son clave para acabar con la discriminación laboral de las mujeres, pero en España más bien les empujan a quedarse en casa a ocuparse de los cuidados.

    ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR

    De entrada, lo tienen ya más difícil para obtener un buen puesto en la empresa  cuando empiezan, por lo que los expertos llaman “discriminación estadística”: los empresarios suelen ver a las candidatas mujeres menos comprometidas porque, ya se sabe, puede que estén pensando en tener hijos y quizá desaparezcan. Luego, si llegan a ser madres, se toman efectivamente ellas las bajas por maternidad. Y cuando quieren reincorporarse al mercado laboral, suelen hacerlo a tiempo parcial —porque asumen el grueso de las tareas del hogar y de cuidados, lo que se conoce como “doble jornada laboral”— y así hasta el siguiente paso atrás, cuando empiezan a cuidar —de nuevo ellas— a los familiares mayores o enfermos. 

    Resultado: a lo largo de toda la vida laboral, los ingresos de las mujeres son sensiblemente inferiores a los de los hombres; las cotizaciones sociales, también, además de intermitentes; y las pensiones resultantes de ellas son en el mejor de los casos raquíticas (véanse los  artículos precedentes del Dossier), con lo que las mujeres se ven con mucha mayor frecuencia abocadas a la pobreza o a la dependencia económica.

    “¿Y no podrían los gobiernos hacer algo?”, se pregunta casi siempre quien acaba de descubrir este fenómeno, que en ocasiones se ve con la misma resignación que si se tratara de una plaga bíblica. En realidad, los gobiernos ya hacen muchísimo... pero más bien para mantener esta situación de desigualdad: la legislación en la mayoría de países —y en España muy en particular— es precisamente una de las causas que explican por qué las mujeres ganan menos, cotizan menos y tienen peores pensiones.

    Esta es la tesis que María Pazos, coordinadora de la línea de investigación sobre Fiscalidad y Género del Instituto de Estudios Fiscales, desarrolló en el libro Desiguales por ley (Catarata, 2013),  que aporta un torrente demoledor de datos:  toda la organización social —con las leyes y los sistemas de ayuda que se derivan— está pensada para el viejo esquema de “sustentador masculino / esposa dependiente”, con el hombre ganando el pan para la familia y la mujer dedicándose al hogar y a los cuidados, obviamente sin retribución. Tratar de escapar de este supuesto destino es a menudo una odisea porque, como demuestra Pazos, todos los incentivos de las políticas públicas —desde los impuestos hasta la educación, pasando por las “ayudas a la familia”— están pensados para el viejo modelo y penalizan la independencia económica de la mujer.


    IRPF CON TRUCO

    Un ejemplo, entre muchos: el IRPF. La posibilidad de declaración conjunta desincentiva claramente que la mujer busque trabajo, sobre todo en tiempos de empleos mal pagados: al matrimonio le acaba saliendo mucho más a cuenta  que ella se dedique a sus labores porque el conjunto de la familia incluso ingresa más —gracias a la declaración conjunta— y gasta menos porque ella asume gratuitamente las tareas del hogar (sin cotizar, claro). 

    “Por increíble que parezca, en este país se desgrava mucho más por esposa sin ingresos que por una criatura a cargo”, advierte Pazos. Además, según sus cálculos, la declaración conjunta en estas circunstancias supone que la Administración deja de recaudar nada menos que 3.000 millones al año, el doble de lo que supondría, por ejemplo, equiparar el  permiso de paternidad a las dieciséis semanas del de maternidad, con todo el efecto que ello tendría en avanzar de verdad hacia la igualdad y en combatir la citada “discriminación estadística” en el acceso al empleo y a las promociones internas.

    “Los hombres cada vez tienen más interés en coger permisos de paternidad, pero siguen una regla de oro: sólo lo hacen cuando están bien retribuidos y son intransferibles, de forma que si no los aprovechan se pierden”, abunda Teresa Jurado, directora del Departamento de Sociología de la UNED y del proyecto de investigación IMPLICA sobre conciliación en el mundo de la empresa.

    Esta es una de las reivindicaciones de políticas públicas que más consenso reúnen de la economía feminista para avanzar de verdad hacia la igualdad: la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, con el 100% del salario, intransferible (de lo contrario, siempre lo asume ella) y en períodos no simultáneos. En este sentido, un buen sistema no sería el que concede largos permisos transferibles, sino el que iguala las condiciones entre hombre y mujer. 

    Otra reivindicación de consenso: una extensa red pública de escuelas infantiles. Y es que lo mismo que sucede con la declaración conjunta del IRPF pasa con las escuelas infantiles: como hay poca red pública —y además el coste supone un gran esfuerzo para las clases populares—, puede salir más rentable que la mujer se quede en casa cuidando al bebé (y, de nuevo, interrumpiendo sus cotizaciones).  Según los cálculos de Pazos, el gasto público en educación infantil en relación con el PIB no llega en España ni a la mitad del de Francia, Suecia y Finlandia, entre otros países, y es apenas un tercio del más comprometido de la UE: Dinamarca.


    DEPENDENCIA SIN PRESUPUESTO

    La dinámica acaba siendo la misma también con el cuidado de familiares mayores: cuando los hijos empiezan a independizarse, comienza quizá este otro ciclo, que en la práctica tiene exactamente el mismo esquema: ante la falta de servicios públicos de calidad y asequibles, los acaba asumiendo la mujer, que sigue, pues —¡una vez más!—, sin cotizar. Además, empujada a ello por las políticas públicas “de apoyo a la familia”, a través, por ejemplo, de desgravaciones para atender en casa a un familiar dependiente.

    En los últimos años, con la crisis económica, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado, coinciden Pazos y Jurado, como consecuencia de las políticas de austeridad y de una concepción conservadora de la política social que, a través de las citadas desgravaciones y “ayudas a la familia”, desincentivan la integración laboral de las mujeres.  “Los recortes han debilitado los servicios públicos y siempre es  la mujer quien los acaba supliendo sin cobrar, al tiempo que cuanto más precario es el empleo más exigencias conlleva —como largos horarios— , con lo que de nuevo se desincentiva la integración laboral  de las mujeres”, recalca Jurado.

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    Aunque los gobiernos centrales y autónomos son los principales actores en la definición de estas políticas públicas —por competencias y presupuesto—, los ayuntamientos tienen también margen para incidir, siguiendo el principio que tan bien formuló el ex alcalde de Vitoria José Ángel Cuerda: “Donde acaban mis competencias, empiezan mis incumbencias”. Pazos recuerda además que no hay excusas ante la falta de presupuesto porque “si no hay dinero, tienen que reclamarlo”.

    Algunos de los municipios del cambio han colocado, al menos simbólicamente, las políticas de género en el centro de su programa político, con carácter transversal, como el Ayuntamiento de Barcelona, que en 2016 aprobó un ambicioso Plan para la justicia de género (2016-2020) a fin de mitigar las desigualdades, que luego se ha completado con la Estrategia contra la feminización  de la pobreza y la precariedad, que además del diagnóstico incluye hasta 71 medidas concretas para ir implementando en este mandato.

    Y es que en realidad no hay una plaga bíblica: son las políticas públicas y las leyes.

     

    PARA SABER MÁS

    Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género. María Pazos. Editorial Catarata, 2013.  Descargable en www.mariapazos.com

    Los artículos que componen el dossier son:
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