La ciberviolencia contra las mujeres, en el punto de mira

España va por delante del resto de Europa en lo que respecta a la última directiva europea contra la violencia de género, en la que por primera vez se tipifican los crímenes digitales contra las mujeres. Aprobada por el Parlamento Europeo en abril de 2024, la Directiva (UE) 2024/1385 debe incorporarse a las legislaciones nacionales de todos los Estados miembros antes de junio de 2027.

Gracias a la nueva norma, se establece como delito el intercambio no consentido de material íntimo o manipulado, el ciberacoso, el ciberhostigamiento, el ciberengaño y la ciberincitación a la violencia o al odio. “La directiva establece unas normas mínimas para la definición de estos delitos; abarca las formas más graves, cuando son susceptibles de causar un daño grave o un perjuicio psicológico grave a la víctima o de hacerla temer seriamente por su propia seguridad o la de las personas a su cargo”, explica desde Bruselas la eurodiputada del PSOE Lina Galvez, muy activa en la preparación de la normativa. “Para preservar el derecho a la libertad de expresión, el delito de ciberincitación a la violencia o al odio solo puede abarcar conductas que perturben el orden público o que sean amenazantes, vejatorias o insultantes, pero los Estados miembros son libres de ir más allá de esta limitación”.

La normativa subraya que la ciberviolencia afecta especialmente a las mujeres políticas, periodistas y defensoras de los derechos humanos. Y por eso convierte en factor agravante que la violencia sea contra este tipo de personas.

Por otro lado, la norma refuerza los derechos de las víctimas, al prever la posibilidad de presentar denuncias en línea por actos de ciberviolencia. “Las víctimas tendrán acceso a asesoramiento sobre cómo buscar ayuda legal y cómo eliminar contenidos en línea”, agrega Galvez. “La directiva establece la obligación de revisar la legislación nacional para tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.

Falta de datos

En temas relacionados con el género, la falta de datos es todavía muy común, ya sea en medicina como en asuntos sociales o criminales. Y esta escasez de información afecta también a la ciberviolencia contra la mujer. La norma salió adelante a pesar de los pocos o caóticos datos con los que se contaba.

“Hay un problema con la falta de datos”, dice Eleonora Esposito, investigadora de la Universidad de Navarra que dirigió y coordinó el informe Combatir la violencia cibernética contra mujeres y niñas: Desarrollo de un marco de medición de la UE, del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés). Este documento muestra justamente el caos existente hasta ahora, tanto a nivel informativo como conceptual. ¿Qué es ciberviolencia y qué no? ¿Cómo se tipifica? ¿De dónde vienen esos datos? ¿De la policía, de los hospitales, de las mismas redes sociales, de encuestas?

“Lo bueno de la normativa es que no solo define los tipos de violencia, sino que se obliga a los Estados miembros a recopilar datos y a comunicarlos”, explica Esposito. “Habrá un hub de coordinación, que lo va a hacer la EIGE. Ahora la directiva lo hace mucho más fácil, porque tipificando los delitos vamos a tener una ventaja. Pero esto será solo a partir de 2027”.

El último informe del Parlamento Europeo sobre ciberviolencia contra las mujeres hace también un recuento de investigaciones de diferentes tipos. La encuesta  de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, realizada entre 2012 y 2014, se refiere a  la violencia en línea contra las mujeres y, más específicamente, al ciberacoso y al hostigamiento, como parte de sus estudios generales sobre la violencia contra las mujeres en todos los Estados miembros de la UE. La investigacion encontró que 1 de cada 10 mujeres (11%) había sufrido, al menos, una forma de ciberacoso desde los 15 años, y 1 de cada 20 (5%) en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Las formas de ciberacoso incluidas en el estudio incluían el ciberflashing (envío de imágenes sexuales no solicitadas), pero no la distribución de imágenes íntimas no consensuadas. El estudio halló también que las mujeres son, año tras año, el principal grupo objetivo del discurso de odio.

A nivel nacional, los Estados miembros de la UE recopilan datos sobre la ciberviolencia a través de encuestas o basándose en delitos denunciados a las autoridades. Sin embargo, las encuestas no son exhaustivas y pueden no incluir formas de violencia cibernética, o pueden mezclar violencia en línea y fuera de línea. “Los datos basados en el número de delitos denunciados a las autoridades subestiman significativamente la magnitud de la ciberviolencia, ya que solo unas pocas víctimas la denuncian”, dice un informe del Parlamento Europeo de 2024. “Además, no existe una metodología común que permita la comparación de datos en toda la UE”.

Los datos son de estudios muy dispersos. El informe de EIGE nombra una encuesta de 2023 de la firma Security Hero que encontró que el contenido deepfake había aumentado el 550% entre 2019 y 2023.

EIGE también destaca un estudio francés de la Asociación Feminista contra el Acoso Cibernético (Ipsos, 2021, 2022), en el que muestra que la violencia cibernética es experimentada mayormente por personas vulnerables o discriminadas, que incluyen a mujeres en el grupo de edad de 18 a 24 años (el 87% de las personas encuestadas en este grupo habían sido víctimas de violencia cibernética), personas LGBTQI+ (85 %), personas con antecedentes étnicos (71%) y mujeres menores de 35 años (65%).

En el caso de España, el Portal Estadístico de Criminalidad publica datos sobre delitos informáticos denunciados a las autoridades, desglosados por género. En 2023, las mujeres sufrieron ligeramente más de la mitad de los 350.000 delitos informáticos denunciados. La gran mayoría de estos delitos consistieron en fraudes (informáticos, bancarios o con tarjetas de crédito), mientras que los niveles de criminalidad en otras categorías fueron relativamente bajos, con cifras en miles en delitos como amenazas, descubrimiento y revelación de secretos y violación de la libertad personal.

Acciones hoy

“Mientras se aplica la normativa, se hacen muchas otras cosas”, explica Eleonora Esposito. “Por ejemplo, se trabaja en un nuevo código de conducta en colaboración con las principales plataformas digitales. Y la otra herramienta muy poderosa es la Ley de Servicios Digitales, que obliga, al menos en la UE, a las plataformas a combatir esa violencia en línea”.

La Comisión Europea prepara en estos momentos varios informes sobre las violaciones a la Ley de Servicios Digitales por parte de empresas tecnológicas de redes sociales. “Ahora está en marcha una investigación", agrega Esposito. “Lo que hace la Comisión es recopilar evidencia para demostrar que, por ejemplo, se incumplen algunas reglas como la de protección de menores, la recopilación de datos por parte de las plataformas, el modelo adictivo —que entra dentro de la protección de menores—, el diseño algorítmico, cómo te proponen contenido dañino, que te incita a los transtornos alimenticios, etc”.

Más allá de la ley actual

Por otro lado, más allá de que la normativa pueda estar totalmente implantada en 2027 y se tengan datos precisos de todos los delitos tipificados en la normativa de 2024, las tecnologías cambian tan rápido que obligarán a revisar las normas con cierta frecuencia, para adaptarse a los cambios.

El informe de la EIGE llama la atención sobre este aspecto. Encontraron que las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, la automatización y los algoritmos generativos agravan seriamente la violencia cibernética contra mujeres y niñas (CVAWG, por sus siglas en inglés).

Estas nuevas tecnologías “extienden el alcance de los perpetradores, permitiéndoles cometer actos violentos contra mujeres y niñas a distancia. Nuevas formas de abuso, más siniestras e intensivas, exigirán una revisión continua de los marcos legislativos y de recolección de datos para asegurar que reflejen con precisión estas amenazas en evolución”, advierten en el documento de EIGE. “La IA generativa y las tecnologías inmersivas tienen la capacidad de magnificar los riesgos existentes asociados con la CVAWG, incluidos actos como el acoso automatizado, el abuso basado en imágenes sexuales y la discriminación en línea. Es crucial reconocer y monitorizar los graves daños que la IA generativa puede causar a mujeres y niñas y adaptar las herramientas de medición de datos y los mecanismos de recolección para abordar esto”.

Por último, Mónica Saiz Martínez, investigadora experta en violencia contra las mujeres, señala que el problema es que “las violencias que sufrimos las mujeres no son detectadas como violencia porque las tenemos normalizadas”.

Más allá de la normativa, Saiz hace referencia a  las páginas de Internet como Onlyfans, en las que muchas mujeres suben y venden, motu propio, contenido sexual o erótico, sin darse cuenta de que trabajan para una “red de proxenetismo (...). Hombres que sacan dinero gracias a nuestros cuerpos. Estamos cosificando el cuerpo de las mujeres y trasladando las violencias que ya existen en el espacio cotidiano al espacio online”.