Estado de bienestar en juego

La financiación autonómica, entendida como el dinero que gestionan los gobiernos regionales, ha adquirido una relevancia extraordinaria en los últimos años porque de ella dependen la sanidad, la educación y los servicios sociales. La vinculación de la financiación autonómica al Estado de bienestar es una idea en la que viene insistiendo desde hace años Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y ex consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana. Es un enfoque que revela la trascendencia social del asunto y que permite una mayor comprensión para los ciudadanos. Una perspectiva en la que también ha coincidido recientemente Andreu Mas-Colell, catedrático de Economía en Harvard y ex consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya, al asegurar que lo importante es pensar en la sanidad y en la educación. Se trata de un planteamiento más pragmático que debería facilitar un acuerdo ante la urgencia de alcanzar una solución equitativa para todos los españoles.

La realidad es que las autonomías han adquirido un peso político y una creciente responsabilidad en la administración del Estado de bienestar que era impensable cuando se diseñó el actual modelo territorial en la Constitución de 1978. Durante las últimas cuatro décadas, España  ha registrado un intenso proceso de descentralización hacia un Estado federal. Este proceso, sin embargo, no ha ido acompañado de la dotación de los fondos necesarios a los Gobiernos autonómicos para asegurar unos servicios tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Dos sistemas

En España conviven dos sistemas de financiación de las autonomías muy diferenciados: el foral para País Vasco y Navarra y el común para las 15 comunidades restantes. Como han explicado las profesoras Núria Bosch y Maite Espasa, el modelo de régimen común es un sistema vía gasto. Es decir, el Estado estima las necesidades de gasto de las comunidades y estipula los instrumentos necesarios para cubrirlas. Implícitamente, el Estado se compromete a garantizar las necesidades de gasto de las autonomías.

Los instrumentos de estas comunidades de régimen común son: una cesta de impuestos cuyo rendimiento se ha cedido total o parcialmente, que representan el 85% de sus ingresos, un fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y otros tres fondos de suficiencia, competitividad y cooperación, que aportan el resto.

En las comunidades forales la financiación es vía ingreso. El Estado otorga a estas comunidades los recursos financieros, pero sin garantía de cubrir los mínimos necesarios. El sistema funciona porque País Vasco y Navarra son dos comunidades ricas y en consecuencia obtienen un elevado nivel de ingresos con sus impuestos.

La propuesta de una financiación singular para Cataluña está todavía pendiente de perfilar. La cuestión de fondo es definir si los socialistas catalanes renuncian a avanzar por el modelo federal que ha constituido históricamente su ideario y si los republicanos son capaces de priorizar la defensa del Estado de bienestar a sus objetivos independentistas. Josep Borrell, Alto Representante de la política exterior de la Unión Europea y buen conocedor del tema, ha recordado que “en ningún Estado federal el Gobierno central ha renunciado a recaudar impuestos en una parte del territorio”.

En este dossier hemos recogido la opinión de destacados expertos para ofrecer una visión amplia de la materia. La confrontación y  debate de distintos puntos de vista y la aportación de información transparente son necesarios para alcanzar un acuerdo satisfactorio. El sistema actual adolece de serias deficiencias, que alcanzan una mayor trascendencia si se tiene en cuenta que estamos hablando de la sanidad y educación de todos los españoles.

Una década perdida

La primera deficiencia del sistema es que lleva diez años sin revisarse. El modelo vigente fue aprobado en 2009 y tenía que haberse revisado legalmente en 2014. Llevamos una década perdida. En 2017 se elaboró un Libro Blanco sobre el tema, pero no se aplicó. Para la profesora Maite Vilalta, la cobertura de los gastos de las comunidades autónomas ha empeorado. Los cambios legislativos, que han supuesto más responsabilidades para las autonomías,  el impacto de la covid-19  y el envejecimiento de la población han roto el equilibrio existente en 2009.

Desigualdad de recursos 

Es el problema más serio del actual sistema de financiación y el que crea más dificultades para una reforma que conduzca a un modelo más equitativo. Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, subraya que las diferencias de recursos por habitante entre las comunidades forales y las del régimen común superan el 50%, y entre las mismas comunes, el 30%. Recuerda que estas notables diferencias suponen un incumplimiento de los mandatos constitucionales de solidaridad entre regiones y de que no existan privilegios económicos entre ellas. El profesor Francisco Pérez advierte de que esta asimetría viene de lejos y no del reciente acuerdo PSC – ERC sobre un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. En su opinión, el origen de las asimetrías es cómo se aplica la singularidad foral: es decir, el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra.

Singularidad catalana

Aunque el documento sobre el acuerdo para una financiación singular para Cataluña no menciona el concierto, este concepto es el que inspira a los republicanos, como explica con claridad Josep Maria Jové i Lladó, presidente del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlament. El horizonte que persiguen no lleva a engaños: “Un sistema que en su esencia es equiparable a un concierto económico, donde la Hacienda catalana es la responsable de recaudar, gestionar e inspeccionar todos los impuestos que se generan en Cataluña”.  Jové aporta un dato importante que puede contribuir a profundizar el análisis sobre las desigualdades entre comunidades. Señala así el comportamiento desleal de la Comunidad de Madrid, que le ha permitido captar más de 6.000 grandes fortunas entre 2011 y 2015 mediante un favorable trato fiscal.

Agravar la asimetría

La salida de Cataluña del modelo común para disponer de un sistema similar al foral ha despertado la inquietud de numerosos expertos desde un punto de vista estrictamente académico. Carmen Lizárraga, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, pone el dedo en la llaga al precisar que “el elefante en la habitación son las grandes y conocidas diferencias de financiación por habitante entre las comunidades forales y las Comunidades de régimen común peor financiadas. Sería inasumible políticamente una profundización en la desigualdad horizontal con el nuevo modelo”.

Gobierno sin recursos

Los catedráticos de Hacienda, Ignacio Zubiri, (Universidad del País Vasco) y Carlos Monasterio, (Universidad de Oviedo) sostienen que si el modelo singular de Cataluña se generalizara a todas las comunidades, todos los impuestos pasarían a las haciendas autonómicas y la Administración central se quedaría sin recursos impositivos. Y en consecuencia,  imposibilitaría al Gobierno central efectuar políticas de estabilización o intervenir en redistribución de la renta y la riqueza.

La urgencia de una solución estable requiere conocer todos los puntos de vista, los datos y argumentos de todas las partes con la máxima transparencia y, sobre todo, que no dejen de negociar.