Más agujeros en la red de protección social

La crisis deja cada vez a más ciudadanos en el limbo al no cumplir los estrictos requisitos de acceso a la compleja maraña de ayudas, subsidios o pensiones previstos, de fronteras porosas.

A  menos que uno sea riquísimo, los mortales intentan vivir de su trabajo, y si lo pierden, el abanico de ayudas que se despliega ante sí tiene que ver con el empleo. Con haberse ganado el derecho al paro que da haber cotizado. Con buscar otro puesto de trabajo. Con participar en planes de reinserción laboral. Los únicos ciudadanos con pocos recursos que perciben algún apoyo económico sin deber esforzarse por volver a trabajar son quienes, de hecho, no pueden hacerlo: o por muy mayores o por muy enfermos. Hablamos de las pensiones no contributivas de jubilación (si no se ha cotizado 15 años) o de invalidez (con un grado igual o superior al 65%). Pero ¿qué pasa con un trabajador de 57 años que lleve seis en el paro y tenga una minusvalía del 40%? Ni opta a la pensión no contributiva de invalidez, ni tampoco a una renta mínima de inserción para personas en riesgo de exclusión en una  comunidad autónoma, que no suele ser de por vida. Las fronteras entre los programas de ayudas ya eran porosas. Pero ahora que en España se han duplicado los hogares sin ingresos, debajo cada vez hay menos colchón. La red de ayudas sociales, que adolecía de agujeros, se deshilacha por falta de presupuesto. La austeridad ha desactivado instrumentos sociales como la ley de la Dependencia, ha moderado el salario mínimo y ha endurecido los criterios de acceso a los planes de rentas mínimas autonómicos. De ello habla en una entrevista Toni Comín, que intentó reformar este sistema de ayudas en Cataluña hace unos años. En este contexto, se abren paso los defensores de una renta básica universal incondicional, como Daniel Raventós.