Antes de hacer cualquier consideración conviene recordar que España “se constituye como un 'Estado social y democrático de Derecho' (artículo 1.1 de la Constitución) que proclama su voluntad de promover el progreso de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida (Preámbulo Constitucional)”. No es una manifestación retórica. Es la reproducción textual del primer párrafo de la Ley 38/ 2022 que estableció los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca en diciembre de 2022.
La ley fundamenta los gravámenes a estos grupos empresariales en la siguiente constatación: “Los sectores en los que la subida de precios puede incrementar en mayor medida sus beneficios son el sector eléctrico, gasista y petrolero y el de las entidades de crédito”.
Los acontecimientos posteriores han demostrado que la medida estaba completamente justificada. A pesar de los gravámenes, bancos y energéticas han vuelto a cosechar unas ganancias récord en 2023 y en lo que llevamos de 2024. Esto ocurre en una sociedad que registra una tasa de riesgo de pobreza del 26,5% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN). Significa que en 2023 un total de 12,7 millones de personas se encontraban en situación de riesgo de pobreza, 400.000 más que el año anterior. Los impuestos son el instrumento más eficiente para reducir desigualdades y la pobreza.
En el caso de los bancos españoles, los beneficios netos alcanzados en 2023 ascendieron a 32.470 millones de euros, el 27% más que el año anterior y los más elevados de la serie histórica, según el Banco de España. Las ganancias de 2023 superan en el 72% las registradas en 2019, el año previo a la pandemia. En los nueve primeros meses de 2024, los beneficios han crecido el 19,7%.
Privilegio
Hay que tener en cuenta que el BCE y los bancos centrales han concedido 140.000 millones de euros de beneficios a los bancos privados mediante la generosa remuneración del 4% de sus reservas, según el profesor Paul de Grauwe. En España, este privilegio ha supuesto unos ingresos netos de 4.786 millones de euros, según los economistas Carlos Arenillas y Jorge Pérez, mucho más que los 1.695 millones de euros que pagarán los bancos por el impuesto especial.
En el oligopolio eléctrico la evolución de los beneficios también ha sido extraordinaria. En 2023, los cuatro principales grupos (EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy) obtuvieron unos beneficios netos totales de 9.782 millones de euros, el 45% más que en 2019, según el informe de Deloitte y la Fundación Naturgy. Los beneficios correspondientes a la actividad desarrollada en España registraron un aumento del 95%, hasta los 4.302 millones de euros, en el mismo periodo.
En este escenario de ganancias disparadas resulta inconcebible la rebelión orquestada por los bancos y las compañías energéticas contra las propuestas del Gobierno de coalición de mantener o ampliar determinados impuestos. Las amenazas han ido desde paralizar importantes inversiones, trasladar actividades a otros países hasta emprender acciones legales. Es una muestra de insolidaridad inaceptable por tratarse de los grupos económicos más privilegiados de este país que han logrado unos beneficios extraordinarios sin ningún esfuerzo especial y gracias a una legislación muy favorable.
Parches
La reforma fiscal llevada a cabo por el Gobierno (PSOE y Sumar) y sus socios es de mínimos. Más bien parece una sucesión de parches. El acuerdo alcanzado en el Congreso ha aprobado el impuesto a la banca, el aumento a las rentas de capital, a los hidrocarburos y al tabaco. Pero ha tenido que dejar para una nueva ley el impuesto a las energéticas. Y han sido descartados los impuesto a las inmobiliarias (Socimis), los seguros privados, bienes de lujo y diésel y el IVA a los pisos turísticos. Las evidentes diferencias entre los socios de izquierda (ERC, BNG, Bildu y Podemos) y de derecha (PNV y Junts) han impedido ir más lejos.
Para mantener y ampliar el estado de bienestar, España precisa una profunda reforma fiscal para lograr más ingresos y una distribución más justa de los impuestos que ahora recaen excesivamente sobre las rentas del trabajo. Falta recaudar 38.000 millones de euros más para equiparar la presión fiscal española a la europea, según Carlos Cruzado y José M. Mollinedo, dirigentes del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
