La reforma de las pensiones promovida por el Gobierno de coalición, con el respaldo de los sindicatos y el visto bueno de la Comisión Europea, constituye la principal palanca para reducir la desigualdad en España. Las pensiones contributivas son el principal instrumento de transferencias de renta y equilibrio social en nuestro país. El acuerdo impulsado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, logró una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados a pesar de la oposición conservadora. El Partido Popular ha anunciado que derogará la reforma si llega al Gobierno. Se trata, por tanto, de un avance no consolidado sobre el que pesa una seria amenaza.
El futuro de las pensiones constituye uno de los debates sociales más intensos en varios países europeos. En algunos casos, como en Francia, ha generado una fuerte contestación social por la obcecación de su presidente, Emmanuel Macron, en imponer su modelo. Los ciudadanos perciben que lo que está en juego es la pérdida de unos derechos que han exigido importantes sacrificios y todo un modelo de sociedad. En los debates, sin embargo, se han priorizado en buena medida los análisis que dan preferencia a los factores económicos sobre los derechos sociales.
El desafío que supone la sostenibilidad del sistema ante el progresivo envejecimiento de la población se esgrime como principal argumento para justificar recortes de las prestaciones, retraso en la edad de jubilación y mayores exigencias para conceder las prestaciones. Son consideraciones que, sin duda, hay que tener en cuenta pero que no pueden prevalecer sobre un derecho que no solo hay que garantizar, sino ampliar a los colectivos menos favorecidos. Junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas, hay que tener en cuenta también la sostenibilidad de las familias. La proporción de la población mayor de 65 años en riesgo de pobreza o exclusión social volvió a subir en 2022 hasta el 21,3%, según el INE. Se trata, no obstante, de un riesgo menos grave que el que registró el conjunto de la población (26%) y los menores de 16 años (32,2%), que, en ambos casos, experimentaron una ligera reducción de estos indicadores.
Análisis economicistas
Es necesario, por tanto, adoptar, sobre todo, una óptica humanista cuando se analizan las pensiones y los demás derechos sociales. Los análisis economicistas nunca han sido un motor de derechos, sino más bien todo lo contrario. Los argumentos pretendidamente científicos que abogan por el retraso indiscriminado de la edad de jubilación no consideran, por ejemplo, la injusticia que supone las amplias diferencias en la esperanza de vida, de hasta 10 años, entre los ciudadanos en función de las profesiones y de los barrios que habitan en las ciudades. Tampoco tienen en cuenta el rechazo de las empresas a emplear a personas mayores que quedan en un limbo.
Ante la incapacidad de la patronal de establecer unas condiciones laborales más justas (las pensiones son realmente salarios diferidos, como ha señalado el economista Michael Roberts en Sin permiso), cada vez tienen más sentido las mejoras referidas al salario mínimo, pensiones mínimas e ingresos mínimos vitales. El papel del Estado está cobrando más relevancia que nunca.
Una perspectiva histórica y humanista es necesaria para comprender lo que está realmente en juego. Las leyes laborales y sociales, en general, han sido el resultado de importantes luchas frente a la fría lógica del capitalismo. En España, fue en julio de 1873, durante la Primera República, cuando se aprobó la ley que prohibió el trabajo a los niños menores de 10 años. Entre las motivaciones que impulsaron a Ildefonso Cerdà a diseñar el modelo urbanístico del Eixample de Barcelona figuraba la mejora de la salud de la población de la ciudad en la que los niños de seis a ocho años trabajaban 16 horas al día. Nuestra historia de las pensiones públicas es más reciente. En 1919 se aprobó el retiro obrero que proporcionaba una pensión una pensión de 365 pesetas.
Hoy, las pensiones públicas constituyen una red de seguridad cuyos beneficiarios van más allá de sus perceptores. Representan el 11,8% del PIB, que es asumible. Como proponen Michael Pettis y Matthew C. Klein, en Las guerras comerciales son guerras de clase, la mejora de las pensiones significa también más consumo y estímulo para la economía doméstica. El desafío de las pensiones es, sobre todo, una opción de gasto público que deben decidir los ciudadanos democráticamente. Son los que mejor saben lo que les conviene.
