El otro problema de la vivienda

Manuela Navarro, vecina de Poblado Dirigido de Orcasitas, en Madrid, simboliza el éxito de una rehabilitación, para el planeta y para el bolsillo. Batalló por lograr ayudas para un barrio construido en la década de 1970, y la calificación energética mejoró de E a C. Las emisiones de CO2 se redujeron el 58%. Y la factura bajó de 300 euros (para 15 ºC de temperatura) a 58 euros (a 19 ºC).

Los edificios consumen el 30% de la energía final, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Ocho de cada 10 disponen de las tres peores categorías de certificación en eficiencia (E, F, G). Los A apenas suman el 0,3% del total.

 

Aunque el boom inmobiliario, en el que se construían 400.000 viviendas al año, fue una oportunidad perdida, el problema se centra en los pisos más antiguos. La tasa de rehabilitación en España es del 0,1% del parque. En Francia es del 1,7%. En Alemania, del 1,5%. 

 

Y el listón de exigencia aumentará en breve, no solo para los edificios que se construyan. La nueva directiva europea de eficiencia energética de edificios, en tramitación, fija unas nuevas normas mínimas que centran los esfuerzos en las viviendas con mayor potencial de descarbonización. Se ha propuesto que las viviendas clasificadas como G pasen al menos a F en 2030 y a E en 2033, e instan a los gobiernos a facilitar ayudas. "Los estándares mínimos buscan acabar dejando fuera del mercado las viviendas menos eficientes, y es un reto difícil de cumplir", señala Joaquim Arcas, cofundador de la cooperativa Cíclica, experta en transformación urbana sostenible.

 

El coste de una rehabilitación de calado oscila entre los 15.000 y los 45.000 euros. Arcas relativiza la suma al compararla con otras inversiones que muchos hogares tienen interiorizadas, como cambiar de coche cada 10 o 15 años. Y rehabilitar el piso redunda en ahorro.

 

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) plantea rehabilitar 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030; primero, 30.000 al año, para llegar a 300.000 al final del periodo. Incluso si se lograra, quedaría mucho por hacer: la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESSE) cifra en 7,1 millones los edificios que deben ser rehabilitados para 2050.

 

El Gobierno ha asignado a la rehabilitación 7.890 millones euros. Cada Administración canaliza ayudas y subvenciones de distinto tipo y alcance. El Prat de Llobregat (Barcelona) plantea, en uno de los ejemplos de alcance, una bonificación del 50% en el IBI durante cinco años si la rehabilitación integral permite un salto de letra y durante siete años si el salto es de dos letras.

Pero incluso con el alud de ayudas y subvenciones, adicionales a las disponibles para instalar placas solares, hay un déficit de inversión de 275.000 millones de euros al año que los gobiernos no pueden cubrir solos, según Positive Money. Esta organización sin ánimo de lucro ha lanzado la campaña europea Unlock para reclamar que el Gobierno y el Banco de España obliguen a los bancos a ofrecer financiación a tipo 0 a 30 años. "La rehabilitación ayuda a ahorrar a largo plazo. Hay que incentivar para que salga a cuenta, y también para reducir pobreza energética", explica Susana Martín Belmonte, economista responsable de Unlock en España, que lidera Revo Prosperidad Sostenible. 

 

Son muchas las entidades críticas con la ayuda pública indiscriminada. "Quien primero la recibe es quien puede cofinanciar la obra, no quien más la necesita. Además, la rehabilitación revaloriza la vivienda. Mientras se vive en ella no hay plusvalía. Pero el comprador o el heredero podrían asumir parte del coste de algún modo", sugiere. Positive Money exige que la banca deba monitorizar la calificación energética de su cartera de préstamos.