Universidad: privatización acelerada

El pasado 9 de septiembre, en presencia de autoridades políticas y académicas, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, bendijo las nuevas instalaciones de la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, a las afueras de Sevilla. Un día después, la segunda universidad privada de la ciudad comenzó a recibir a sus primeros 400 alumnos, que podrán optar a 10 titulaciones distintas.

En menos de un año, el Gobierno andaluz ha aprobado la apertura de cuatro nuevas universidades privadas. Cuando empiecen a funcionar, en Málaga habrá tres, por tan solo una pública. En Sevilla serán tres y dos, respectivamente. El cambio de perfil de la educación superior en Andalucía se está produciendo a enorme velocidad: en enero de 2019, cuando la derecha comenzó a gobernar gracias a un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, había en la comunidad 10 universidades públicas y una privada. Cinco años después ya hay dos privadas funcionando y otras dos en marcha.

Más allá de Andalucía, la tendencia es la misma en casi toda España: mientras que la universidad privada crece en número de centros y de estudiantes,  la pública se estanca en lo que se refiere a instalaciones y su número de alumnos disminuye. Está ocurriendo algo parecido a lo que sucede en la sanidad: cada vez hay más hospitales privados y cada vez más personas contratan un seguro privado.

El número de universidades privadas se ha cuadruplicado en lo que va de siglo en España. Según datos recopilados por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), si en el año 1996 no había más de 10, hoy rozan las 40. Las públicas siguen siendo las mismas: 50.

¿Hay una intencionalidad política tras la proliferación de universidades privadas? “Si se comparan los datos del año 2000 con los de ahora y se observa dónde se han creado los nuevos centros, la pregunta se responde por sí sola”, afirma Joan Subirats, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y ministro de Universidades entre 2021 y 2023. “Está sucediendo en toda España, especialmente en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP”, sostiene Subirats, quien piensa que detrás del fenómeno “hay negocio y sesgo político”. El exrector de la Universidad Complutense Carlos Berzosa coincide: los gobiernos regionales del PP están fomentando las privadas en detrimento de las públicas.

El negocio

Las universidades privadas españolas estaban tradicionalmente vinculadas a organizaciones católicas, pero el aumento de la demanda ha despertado el interés de grandes fondos de inversión internacionales, que ven en la educación superior una interesante fuente de ingresos con retornos más altos que en otros sectores, apunta Subirats. El Grupo Planeta, conocido por su negocio editorial y sus intereses en los medios de comunicación, ya obtiene una cuarta parte de su facturación de la división de formación y universidades, que gestiona centros en España (la UNIE y la Universidad Internacional de Valencia, entre otros) y media docena de países extranjeros, con 120.000 alumnos y más de 6.000 profesores. La Universidad Europea de Madrid es propiedad del grupo de inversión sueco EQT Partners —máximo accionista de Idealista y Parques Reunidos—, que en abril pasado compró una participación mayoritaria a Permira, otro fondo de capital privado con sede en Londres. La Europea cuenta con 54.000 estudiantes y más de 3.400 empleados y ofrece más de 500 titulaciones en 12 campus en España—Madrid, Valencia y Canarias— Portugal, Ecuador y Colombia. La Universidad es dueña del Centro de Estudios Garrigues, de la escuela de diseño IADE y de la Escuela Universitaria Real Madrid.

Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el curso 2022-2023 había en España 18 universidades religiosas, prácticamente la mitad de los centros de educación superior existentes. Entre ellas las hay ligadas al Opus Dei, como la Universidad de Navarra y la Universitat Ramon Llull, en Barcelona; a los Legionarios de Cristo (Universidad Francisco de Vitoria); a la Asociación Católica de Propagandistas (San Pablo CEU, en Madrid, Cardenal Herrera CEU, en la Comunidad Valenciana y CEU Fernando III, en Sevilla) y la Compañía de Jesús (Deusto, en Bilbao y la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid). En 2023, las universidades privadas religiosas recibieron subvenciones de 50,6 millones de euros, la mayor parte procedentes del Gobierno central, según cálculos de La Marea.

Espacio libre

En la última década, la tendencia privatizadora de la enseñanza superior se ha acelerado. El número de estudiantes en la universidad privada ha aumentado el 56% desde 2015, mientras que los de la pública han caído el 6%. Ello supone que una cuarta parte de los 1,3 millones de universitarios que cursan sus estudios en España ya lo hacen en centros privados, frente al 4% de hace 28 años. En la última década las universidades públicas han perdido más de 200.000 alumnos y en los últimos cinco años se han creado 10 universidades privadas, cinco de ellas en Madrid, una en Galicia, otra en el País Vasco, otra en Canarias y dos más en Andalucía.

Además de los intereses económicos y políticos, detrás de la tendencia también hay motivos puramente académicos. Las universidades privadas están ocupando espacios que dejan libres las públicas, generando oferta allí donde está la demanda, especialmente en los campos de la educación, la salud, la administración de empresas y la tecnología. En muchos casos, la nota de corte para acceder a determinadas carreras en la universidad pública es muy alta —consecuencia de la escasez de plazas, de la alta demanda o de ambas cosas a la vez—, lo que dirige hacia la privada a muchos de los alumnos que no consiguen superarla.

En su informe U-Ranking, que analiza anualmente la marcha del sistema universitario español, el Ivie y la Fundación BBVA subrayan que las universidades privadas son mucho más jóvenes y más pequeñas y que presentan una mayor concentración en zonas geográficas con mayor renta per cápita, así como una oferta de títulos menos diversificada que las públicas, "en buena medida porque su juventud les ha permitido decidir en qué titulaciones especializarse".

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), dedicada también al seguimiento de la enseñanza superior, pone de relieve que el mayor peso relativo de las universidades privadas con relación a las públicas es uno de los rasgos distintivos del sistema universitario español en comparación con la Unión Europea, sobre todo entre los matriculados en másteres. “La mayor flexibilidad de las universidades privadas para ofrecer estudios en modalidad híbrida u online, incluso en el caso de las presenciales, estaría teniendo un papel decisivo en ese nivel universitario, caracterizado por estudiantes mayores y con más necesidades de compatibilizar los estudios con otras esferas de su vida y mejorar la conciliación entre estudios, trabajo, familia y otras responsabilidades” apunta la fundación. “

En menos de una década, la cifra de alumnos de másteres en universidades privadas casi se ha triplicado, al pasar de 55.000 en 2015 a 145.000 el curso pasado. El contraste con la pública es aún mayor en las clases online: el año pasado, 90.000 estudiantes cursaron sus másteres en la universidad privada a través de Internet, por tan solo 12.000 en la pública. Mientras que en las universidades públicas solo uno de cada 10 alumnos cursa un máster, la proporción sube a tres de cada 10 en las privadas. El curso pasado, por primera vez, los alumnos matriculados en másteres privados superaron a los inscritos en centros públicos.

Carlos Berzosa pone de relieve que los másteres de los centros privados se adaptan mejor a las demandas del mercado laboral y que en ellos enseñan profesores que está trabajando en empresas, algo que raramente sucede en la pública. Además, los alumnos hacen contactos que pueden ser útiles para encontrar un primer trabajo y durante toda la vida laboral. Berzosa añade otro factor: los centros privados son más flexibles a la hora de contratar al profesorado. “La universidad pública está obligada a contratar al menos durante seis meses, mientras que la privada lo puede hacer por 15 días”, dice.

Para el exrector de la complutense y catedrático de Economía, todo esto supone una discriminación social y económica. “Los másteres privados”, afirma, cuestan mucho dinero y no están al alcance de amplísimas capas de la población”. El peligro, advierte Berzosa, es que España acabe teniendo una universidad (la privada) para estudiantes procedentes de familias con rentas altas y otra (la pública) para los que vienen de familias con rentas bajas”.

Caso paradigmático

El caso de La Rioja es paradigmático, con una diferencia gigantesca entre la universidad pública y la privada en cuanto a medios y número de alumnos. Mientras que la Universidad de La Rioja, de carácter público, tuvo el curso pasado unos 3.500 estudiantes, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que se presenta a sí misma como “la universidad online a distancia 100% virtual”, contó con 25.000 alumnos de grado y 36.800 de máster —muchos de ellos en América Latina— gracias a sus cursos a través de Internet.

El auge de los centros privados coincide, según los partidos de izquierda y los sindicatos mayoritarios, con un proceso de infradotación de la pública. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, CC OO denuncia que los centros públicos tuvieron el curso pasado el 15% menos de presupuesto que en 2010, consecuencia de los recortes del Gobierno de la expresidenta Esperanza Aguirre. Cinco de las seis universidades públicas están en número rojos, según la Federación de Enseñanza del sindicato.

En Madrid, las universidades privadas ya son el doble que las públicas (hay 13 frente a seis) y el 70% de los estudiantes de posgrado estudian en un centro privado. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, sostiene que las universidades públicas madrileñas están “al borde del colapso” por falta de financiación y que es posible que no puedan pagar sus nóminas ni la calefacción este curso.

También en Madrid, el grado en Medicina se imparte en menos universidades públicas que privadas (cuatro frente a seis) y desde el curso 2023-2024 su número de alumnos es mayor en las privadas: 930 plazas por 937 en la pública. Este año académico, más de la mitad de los alumnos de primero de Medicina están inscritos en un centro privado. Según cálculos de El País, el esfuerzo económico que los padres deben hacer es, de media, de 20.000 euros por curso en una universidad privada, lo que supone 120.000 euros en los seis años de carrera de Medicina. Por el contrario, en la pública el alumno paga 1.240 euros anuales y el resto lo paga la Comunidad.

Los rectores de las universidades han comenzado a dar la voz de alarma, poniendo en duda la calidad de ciertas ofertas privadas. Al conocerse los planes de la Universidad Pontificia Comillas para impartir el grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Bormujos (Sevilla), los responsables de los centros públicos andaluces denunciaron lo que consideran una nueva vía “de privatización exprés” sin control parlamentario. “Desde las universidades públicas de Andalucía queremos mostrar nuestro firme rechazo a la estrategia de privatización del sistema universitario andaluz puesta en marcha por la Junta de Andalucía”, afirmó la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas. “La inminente autorización para la implantación de una universidad privada con sede en Madrid en nuestra comunidad autónoma abre la puerta a una nueva y alarmante fase en esa estrategia de privatización del derecho a la educación superior en Andalucía”.

En Canarias, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, advirtió de que la proliferación de centros académicos privados puede generar “situaciones indeseadas” y comprometer la equidad y la igualdad de oportunidades, especialmente en titulaciones vinculadas a ciencias de la salud y al ámbito educativo. En el acto de apertura del curso académico 2024-2025 aludió a la creciente oferta universitaria privada, “de calidad variada y a unos costes exorbitantes”. García puso el dedo en la llaga al recordar que las universidades públicas tienen dificultades para afrontar un incremento de plazas “dada nuestra limitación de recursos”.

En cabeza de las listas

Por regla general, las nuevas universidades tienen un nivel académico inferior al de centros privados tradicionales como Deusto, Navarra o la Universidad Pontificia Comillas. Estas últimas gozan de buena reputación, pero su posición en las clasificaciones internacionales es inferior a la de los grandes centros públicos. Ninguna universidad privada española figura entre las primeras 500 universidades del mundo en la lista que publica anualmente la Universidad de Shanghái, considerada una referencia en el sector. En cambio, sí figuran dos públicas entre las 300 primeras (Universidad de Barcelona y Universidad de Granada), cinco entre las 400 primeras (Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona y Universidad de Valencia) y otras dos entre las 500 primeras (Universidad Politécnica de Valencia y Universidad del País Vasco).

Los autores del informe U-Ranking explican que tanto los sistemas universitarios públicos como los privados son muy heterogéneos respecto a la calidad de la enseñanza que imparten, por lo que hay una gran diversidad en cuanto a sus rendimientos. “Sin embargo”, agregan, “el sistema público destaca respecto al privado en sus logros investigadores, mientras que la especialización docente del privado va acompañada de mejores resultados”.

Las universidades públicas lideran el sistema universitario español, según U-Ranking. La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Carlos III de Madrid encabezan la lista de 2024. Las primeras universidades privadas (Universidad de Navarra e IE Universidad) no aparecen hasta el cuarto escalón de la lista.

“Parece mentira que en tiempos de dificultades económicas haya gente dispuesta a pagar una universidad privada cuando tenemos una universidad pública de calidad”, afirma Berzosa. “Es fundamental que la universidad pública mantenga su nivel para que no suceda lo mismo que en la enseñanza media: que los ricos van a la privada y los pobres a la pública”.

El exministro de Universidades Manuel Castells intentó, a principios de la década, exigir un mínimo de calidad a las nuevas universidades con un real decreto que les obligaba a impartir formación en al menos tres de las cinco grandes ramas del conocimiento, a que la mitad de los profesores tuvieran un título de doctor y a dedicar, como mínimo, el 5% de su presupuesto a la investigación. ¿Qué ha pasado? Su sucesor en el cargo, Joan Subirats, apunta que el decreto no se está cumpliendo y que las comunidades autónomas, que tienen la última palabra en materia de apertura de nuevas universidades, están dando luz verde a centros privados que no cumplen los requisitos, aunque con el compromiso de hacerlo en el futuro.

Promesas

La nueva ministra del ramo, Diana Morant, ha prometido “poner freno a ese modelo educativo de privatización de la educación superior” y al maltrato que, en su opinión, sufren las públicas en determinadas comunidades autónomas por motivos políticos. En declaraciones a la agencia Efe, Morant subrayó que es preciso debatir “qué podemos hacer para mantener su calidad y, sobre todo, para advertir a aquellos que por una cuestión de modelo ideológico están privatizando a costa del maltrato de la pública, que no lo van a tener tan fácil y que no van a poder permitir que proliferen estas universidades privadas en detrimento de las públicas si no hay unos criterios de calidad”.

El Ministerio ha creado un grupo de trabajo para acordar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios, con el fin de endurecer sus criterios de calidad y, posteriormente, modificar el real decreto de Castells. Su aprobación estaba prevista para antes del verano, pero a finales de septiembre aún no se había materializado.