Estalla el malestar por la vivienda
Las administraciones han reaccionado con mucho retraso y las medidas implementadas resultan claramente insuficientes para garantizar una casa digna. Hacen falta medidas más contundentes
Las multitudinarias manifestaciones celebradas en Madrid y Valencia por el derecho a la vivienda los pasados 13 y 19 de octubre, respectivamente, significan un salto cualitativo en la secuencia de movilizaciones registradas en varias ciudades españolas ante las crecientes dificultades para lograr una casa digna. Las recientes marchas se suman a las ya numerosas manifestaciones que vienen celebrándose en distintas ciudades españolas desde el pasado abril como Mallorca, Málaga y varias localidades de Canarias, en las que han participado cientos de miles de personas.
La lucha por el derecho a la vivienda ha estallado y ocupa las calles de numerosas ciudades. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una movilización de protesta para el próximo 23 de noviembre en Barcelona en la que exige bajar los alquileres a la mitad. El portavoz del Sindicato en Barcelona, Enric Aragonès, ha advertido de que “si los rentistas y los políticos no bajan los precios lo haremos nosotros”. Entre los acciones que se barajan figura una huelga al pago de alquileres.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un objetivo imposible para la inmensa mayoría de los jóvenes, sobre todo para los pertenecientes a familias con menos recursos. La emancipación de los menores de 34 años es cada vez más difícil lo que se traduce en que un 66% tiene que seguir viviendo con sus padres, un porcentaje que duplica el de Alemania, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat. En este sentido la falta de viviendas sociales, que apenas llegan al 2,5% del total, frente al 9% de la UE, resulta una de las carencias más evidentes. El abandono de la vivienda social tras la crisis financiera ha sido absoluta en los últimos años. La construcción de viviendas de protección oficial ha descendido drásticamente desde las más de 50.000 en 2012 a menos de 7.000 en 2023, según el economista Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario.
El lema de la protesta, La vivienda es un derecho, no un negocio, es una clara respuesta de protesta ante la nueva realidad del mercado inmobiliario en España. Los pisos y las casas se han convertido en un producto de inversión y especulación. Según el Sindicato de Inquilinos, el 60% de las compras se realizan al contado sin necesidad de acudir a un préstamo bancario. En Barcelona, en los últimos 15 años la mitad de las compras de vivienda han sido realizadas por inversores que ya son propietarios de ocho pisos o más.
Las dificultades de los hipotecados y los inquilinos quedan patentes en distintas estadísticas oficiales. Según un reciente comunicado del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo trimestre de este año se practicaron 7.850 lanzamientos (expulsiones de familias de viviendas), un 7,8% más que el mismo periodo del año anterior. Un 74,8% de los casos fueron consecuencia de impagos de alquiler y el 18,7% derivó de ejecuciones hipotecarias. Y los restantes 507 a otras causas.
El 14º Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas inglés), publicado la semana pasada, certifica el deterioro de las condiciones de vida relacionadas con la vivienda. El indicador que registra los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal ha experimentado un intenso agravamiento. Así, mientras en 2008 un 8,2% de la población no podía hacer frente a este tipo de pagos; en 2015, el porcentaje ascendió hasta el 11,7% y en 2023 alcanzó al 13,6%; es decir, un total 6,5 millones de personas no podían asumir este tipo de gastos.
El buen comportamiento de la economía, que se refleja con un mayor crecimiento respecto a otros países y un sólido incremento del empleo, con 434.700 ocupados en el segundo trimestre, no se ha traducido sin embargo, en una reducción de los trabajadores pobres. Según Oxfam, unos tres millones de trabajadores se encuentran en situación de pobreza laboral, lo que representa que más de un 13,7% de los trabajadores vive por debajo del nivel de pobreza.
En realidad la tasa de pobreza laboral apenas se ha reducido en los últimos años, lo que tiene serias consecuencias en relación con la vivienda. Así, los hogares en situación de pobreza laboral destinan el 42% de su salario a gastos directos de la vivienda si tienen hipoteca y un 54% si viven de alquiler. Pero si se consideran el conjunto de gastos relacionados con la vivienda en sentido amplio (alquiler/hipoteca+suministros) para los hogares en situación de pobreza laboral representan el 67% de los ingresos totales en las familias que tienen hipoteca y el 79% en las que viven en alquiler.
Los distintas administraciones (gobiernos central, autonomías y ayuntamientos) han reaccionado con mucho retraso y las propuestas implementadas hasta ahora resultan claramente insuficientes para cambiar la situación a corto plazo. Hacen falta medidas más contundentes y coordinadas entre las distintas administraciones para afrontar unas necesidades urgentes y cada vez mayores como consecuencia del grave desfase entre las 90.000 viviendas que se construyen cada año y los 300.000 hogares nuevos que se constituyen cada año.
