Cómo hacer que los ricos paguen impuestos

La crisis económica causada por la pandemia de covid-19 ha llevado a millones de personas a caer en la pobreza y a sufrir niveles de privación que no habían conocido nunca. La espiral inflacionista desencadenada por el final de los confinamientos y la rotura de las cadenas de suministro, agravada después por la invasión rusa de Ucrania y la escalada de los precios de la energía, está afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables y ha obligado a gobiernos de todo el mundo a reforzar sus redes de protección social. La necesidad de ingresos adicionales para evitar una fractura social de graves consecuencias ha reavivado el debate sobre la conveniencia de subir los impuestos a las personas con rentas más altas y a las empresas que más beneficios tienen.

Nuevos vientos

El fracaso estrepitoso de la rebaja de impuestos a los más ricos planteada por la efímera primera ministra británica Lizz Truss y su ministro de Hacienda, Kwasi Kuarteng, ha puesto en evidencia que no es momento de aplicar recetas neoliberales, sino de una intervención más activa del Estado en la actividad económica. Así lo han entendido la mayoría de los gobiernos occidentales, desde EE UU a España y Alemania, que han subido los impuestos o han creado nuevos tributos para ayudar con dinero público a las personas más afectadas por la pandemia y a paliar la subida de los precios de productos de primera necesidad como la energía eléctrica, el transporte y los alimentos. En buena parte del mundo soplan nuevos vientos en favor de un sistema impositivo orientado hacia un reparto más justo de la riqueza.

“La incapacidad de los gobiernos para aumentar sus ingresos fiscales haciendo pagar a los más ricos hace que se reduzcan las instituciones y los servicios del estado de bienestar y que aumenten las desigualdades, dando lugar al populismo y al nacionalismo”, sostiene la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRIT), una organización sin ánimo de lucro apoyada por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de todo el mundo que cuenta entre sus patronos con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el economista francés Thomas Piketty y el ex ministro colombiano de Economía José Antonio Ocampo.

Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, dos economistas de la Universidad de California-Berkeley que han consagrado su carrera al estudio de la desigualdad, opinan que las crecientes injusticias sociales tienen su origen en un sistema fiscal injusto. Aunque parezca insólito, a los multimillonarios estadounidenses se les aplican hoy unas tasas impositivas más bajas que a las clases medias. EE UU, que en la década de 1930 fue un ejemplo de justicia fiscal para el resto del mundo, ha dado la espalda a su propia historia. En 1970, sus ciudadanos más acaudalados pagaban en impuestos en torno al 50% de sus ingresos, el doble de lo que pagaba la clase trabajadora. En 2018, tras la reforma tributaria de Donald Trump, los supermillonarios empezaron a pagar menos que los obreros de la siderurgia, los profesores y los jubilados. Las grandes empresas norteamericanas, que en 1960 tributaban el 52% de sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades, abonan hoy el 21% gracias a Trump.

80%

de los españoles opinan que deben pagar más quienes más riqueza tienen

En su libro El triunfo de la injusticia (Taurus, 2021) Saez y Zucman afirman que el fin de la progresividad en los impuestos— el modelo que eleva la carga tributaria a medida que aumenta la renta del contribuyente— no solo amenaza con perpetuar un reparto injusto de la riqueza, sino que socava los propios cimientos de la democracia. En las últimas décadas, subrayan, la mayoría de los países ha visto aumentar las desigualdades de renta y disminuir la progresividad tributaria en un contexto de evasión fiscal creciente y competencia fiscal entre países y entre regiones dentro de un mismo país. “Si los impuestos promulgados por nuestros cargos electos siguen aumentando la renta de una minoría privilegiada, ¿quién mantendrá la fe en las instituciones democráticas?”, se preguntan.

España, a favor

La ciudadanía, al menos la española, está a favor de un sistema fiscal progresivo. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre preguntó a las personas encuestadas si estaban de acuerdo con el criterio de que paguen más impuestos los que más riqueza tienen. El 80,3% respondió que estaba “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo”, mientras que solo el 16,1% se mostraba “poco de acuerdo” o “nada de acuerdo”. Una clara mayoría (68%) se declaró a favor de que la Unión Europea adopte unas reglas fiscales comunes para todos los países miembros.

La tendencia hacia un Estado con más recursos, capaz de hacer frente a situaciones de crisis y recortar las desigualdades, va en la dirección contraria a la política fiscal de los gobiernos regionales de Madrid y Andalucía, que bonifican al 100% el impuesto sobre el patrimonio a los residentes en sus territorios, lo que exime del pago a todos los contribuyentes. Galicia ha decidido hacer lo mismo, pero solo al 50%.

Para compensar la pérdida de ingresos que suponen esas bonificaciones y combatir la competencia fiscal entre territorios, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos anunció en septiembre la creación de un impuesto temporal a las grandes fortunas, que deberán pagar aquellos contribuyentes con más de tres millones de euros de patrimonio neto. Con el objetivo de evitar la doble tributación (que una persona pague dos veces el mismo impuesto) habrá una bonificación del 100% para quienes sí paguen el impuesto de patrimonio, es decir, aquellos contribuyentes que no residan en Madrid, Andalucía ni Galicia. El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones de euros con el nuevo tributo a partir del año que viene, cuando empezará a recaudarlo.

1.500

millones de euros espera recaudar el Gobierno con el nuevo impuesto a las grandes fortunas

Aluvión de consultas

Según datos de 2019, unos 20.500 contribuyentes de la Comunidad de Madrid (la única que bonificaba entonces el tributo al 100%) se libraron de pagar el impuesto sobre el patrimonio. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que Hacienda dejó de ingresar 1.000 millones de euros por ese motivo.

El impuesto sobre el patrimonio, que tiene naturaleza estatal pero cuya recaudación y gestión están transferidas a las comunidades autónomas, tienen que pagarlo quienes posean una riqueza neta superior a los 700.000 euros, exceptuando 300.000 euros de vivienda habitual. Por tanto, aquellos residentes en Madrid, Andalucía y Galicia cuyo patrimonio esté entre los 700.000 y los 3 millones de euros no tendrán que pagar el nuevo impuesto a las grandes fortunas.

Se necesita recaudar más para evitar una fractura social y combatir la inflación

Desde que se anunció su creación, bufetes de abogados de toda España han recibido un aluvión de consultas de clientes para ver la mejor manera de eludirlo. La incógnita es si los ultrarricos que se vean afectados por el nuevo tributo podrán seguir reduciendo su factura fiscal utilizando las fórmulas incluidas en el impuesto sobre el patrimonio, que permiten a las personas con rentas altas pagar menos o, sencillamente, no pagar nada. La creación de una empresa familiar, por ejemplo, exime de abonar el impuesto sobre el patrimonio. Se puede eludir el pago invirtiendo en el sector inmobiliario: comprar varios inmuebles y contratar a una persona para gestionarlo se considera un negocio y se convierte inmediatamente en patrimonio exento. También se puede reducir el patrimonio neto y, por tanto, la carga fiscal, mediante la donación de dinero o inmuebles. Otra opción es cambiar la residencia fiscal a un tercer país, pero es una decisión difícil, pues conlleva un desarraigo del contribuyente y un alejamiento de familia y amigos. La ley considera residente fiscal a las personas que pasan más de 183 días en España.

El Gobierno trata de frenar el 'dumping' fiscal con un nuevo impuesto a los ricos

¿Cuánto más?

El consenso en torno a la conveniencia de que los más ricos paguen más es cada vez más amplio. Pero ¿cuánto más? El filósofo social John Rawls sostiene que la existencia de desigualdades económicas es aceptable siempre que estas eleven el nivel de vida de las personas más vulnerables de la sociedad. Partiendo de esa base, Rawls argumenta que no debemos preocuparnos por los intereses económicos de los ricos, sino tan solo de cómo afecta su tributación al resto de la población. Lo más conveniente, por tanto, no sería que los ricos paguen “lo que le corresponda” (algo difícil de determinar), sino garantizar que la gran riqueza de unos pocos beneficie a los menos pudientes.

47%

es el tipo impositivo máximo vigente en España. Están sometidos a él los contribuyentes con ingresos superiores a 300.000 euros

Defiende Rawls la conveniencia de rebajar la carga tributaria de los más adinerados en caso de que esta resultara excesiva y acabase reduciendo los ingresos tributarios del Estado (por ejemplo, porque los ricos decidan trabajar menos para pagar menos). Por tanto, en su opinión, el tipo impositivo óptimo para los ricos es el que genera los máximos ingresos posibles para el Estado, lo que ayudaría a tener una sanidad pública, un sistema educativo y unas infraestructuras de calidad. Saez y Zucman creen que el tipo marginal medio para el 1% más rico de la población estadounidense debería rondar el 60%. En España, los contribuyentes con ingresos superiores a 300.000 euros están sometidos actualmente a un tipo marginal máximo del 47% en el IRPF, porcentaje que puede aumentar en los tramos autonómicos del impuesto.

Ante la evidente injusticia fiscal, hay ricos que piden pagar más

Seis propuestas

Saez y Zucman son miembros de Tax Justice Network, una organización destinada a la búsqueda de un sistema fiscal justo que propone seis medidas para garantizar que todas las personas y empresas paguen los impuestos que les corresponden:

Intercambio automático de información entre países para prevenir que un contribuyente utilice cuentas bancarias en el extranjero para pagar menos impuestos en su país de origen.
Creación de un registro global de activos para identificar a las personas que se benefician de una actividad económica a través de terceros, como empresas fantasma (a nombre de unos propietarios ficticios), fondos de inversión, fundaciones o proyectos conjuntos.
Que cada país identifique a las compañías que desvían sus beneficios a paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos en los territorios donde tienen su sede social.
Establecer una tributación unitaria para obligar a las multinacionales a pagar impuestos allí donde tienen su actividad en lugar de en los territorios donde declaran sus beneficios.
Reforzar los medios y los recursos humanos de los organismos encargados de velar por el buen funcionamiento del sistema tributario y garantizar que las grandes empresas pagan sus impuestos como cualquier otro contribuyente.
Firma de un convenio tributario en el ámbito de Naciones Unidas para obligar a los países a cumplir determinados estándares de fiscalidad corporativa, transparencia y justicia fiscal.

Giro de 180 grados

La injusticia tributaria es tan evidente que hay gente con mucho dinero que quiere más impuestos. En enero pasado, más de un centenar de personas más ricas del mundo enviaron una carta abierta al Foro Económico Mundial de Davos en la que pedían a los gobiernos que les subieran la carga tributaria. El grupo, bautizado como Millonarios Patriotas, considera que los superricos no aportan al fisco la parte que les corresponde para apoyar la recuperación de la economía mundial de la pandemia de coronavirus. “Como millonarios, sabemos que el sistema impositivo actual no es justo. La mayoría de nosotros ha visto aumentar nuestras fortunas durante la pandemia mientras que el mundo ha sufrido enormemente en los últimos dos años”.

En España hay pocos ejemplos de esa manera de pensar. Tuvo que ser un futbolista como Raúl García, del Athletic de Bilbao, quien en una entrevista con El País se mostraba “encantado” de pagar impuestos si ello contribuye al bienestar general. “Hay que ser solidarios. Los futbolistas no tenemos ninguna importancia en la sociedad. Importancia tiene un profesor que intenta educar y dar valores”, afirmó.

¿Será posible que algún día los ricos paguen lo que le corresponde para tener una sociedad más justa? Zucman y Saez creen que sí, y nos recuerdan que la historia de la fiscalidad está llena de giros de 180 grados. “Si nos guiamos por esto, los milmillonarios inteligentes que hoy no pagan muchos impuestos no podrán engañarnos a perpetuidad”, sostienen.