Los desahucios, diez años después de Aziz

El desafío de los desahucios sigue vivo en España. Aunque se ha moderado su impacto y mejorado de forma significativa la protección de los consumidores por la aplicación de la normativa europea, la pérdida de la vivienda sigue siendo un drama para decenas de miles de familias. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2022 se efectuaron 11.556 ejecuciones hipotecarias. La cifra representa un tercio de las ejecuciones anuales registradas en el periodo 2013-2015, pero duplica la de los años 2018 y 2019.
 

Legislación antisocial

La realidad social es que en los últimos años se han producido más lanzamientos o desahucios por el impago del alquiler que por procedimientos hipotecarios. En 2021, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos por impago del arrendamiento ascendieron a 28.993, mientras que los causados por ejecuciones hipotecaria fueron 10.103.

La legislación europea, y sobre todo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han supuesto un progreso muy importante en los derechos de los ciudadanos en relación con el derecho de la vivienda. Hasta 2013, la legislación hipotecaria española, diseñada conforme a los intereses bancarios, era de un marcado carácter antisocial. Todas las hipotecas incluían una draconiana cláusula, denominada de vencimiento anticipado, que dejaba en la más absoluta indefensión a los hipotecados. El vencimiento anticipado, recogido además en la legislación española, significaba que si un consumidor no podía pagar una mensualidad de la hipoteca, el banco le podía exigir inmediatamente la devolución de todo el préstamo. Incumplir esta exigencia conducía inexorablemente al desahucio. 

Lo característico de este fulminante procedimiento es que una vez puesto en marcha, nadie, ni siquiera un juez, podía paralizarlo. A consecuencia de la crisis económica, el desempleo afectó a una cuarta parte de los trabajadores, que lógicamente no pudieron hacer frente a sus hipotecas, aunque en España es lo último que deja de pagarse. El resultado fue que entre  2009 y 2012 se registraron 356.431 ejecuciones hipotecarias. 

La crisis social propició una gran movilización de los afectados. Hay que destacar el papel estratégico desempeñado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), promovida por Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, Adrià Alemany, Ernest Marco, Lucía Martín,Guillem Domingo y Lucía Delgado, que continúa al frente de la plataforma. La iniciativa se extendió rápidamente por toda España con más de cien plataformas. Los activistas contaron desde el principio con el respaldo de destacados juristas como Verónica Dávalos, Eva Corredoira, Javier Rubio y Rafael Mayoral, entre otros.

Destacados jueces respondieron contra un procedimiento hipotecario tan agresivo. El magistrado Guillem Solé planteó una recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo menospreció sin ni siquiera admitirlo a trámite en 2011. El drama social que comportaba el alud de desahucios provocó una rebelión de los jueces en octubre de 2012. Los magistrados aprobaron un documento en el que responsabilizaban a las entidades financieras de la crisis. Precisaron que disponían de una importante ventaja: “un procedimiento privilegiado para el cobro de los créditos hipotecarios, creado en 1909, debido a la presión de los bancos”.
 

Abnegación con premio

Ante la indefensión de los máximos tribunales españoles la esperanza estaba en la justicia europea. La abnegación del abogado Dionisio Moreno fue determinante para que el magistrado José María Fernández Seijo llevara el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En 2013, los jueces de Luxemburgo sentenciaron que el procedimiento hipotecario español era contrario a las leyes europeas. Fue el conocido caso Aziz, que significó un punto de inflexión en el derecho a la vivienda, al obligar a modificar la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que había validado un sistema tan cruel.

Sin embargo, con el caso Aziz, que puso al descubierto el retraso del derecho español respecto al europeo y del que ahora se cumplen diez años, la pugna no había hecho más que empezar. Los jueces españoles multiplicaron sus preguntas al tribunal de Luxemburgo sobre el procedimiento hipotecario. El TJUE ha dictado numerosas resoluciones que han ido corrigiendo parcialmente el procedimiento hipotecario español por aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas de 1993. Las principales resoluciones han sido los casos Sánchez Morcillo–BBVA, (2014), Quintano Ujeta-BBVA (2015), Banco Primuss-Jesús García (2017), Abanca–García Salamanca y los Bankia–Sánchez Martínez, BBVA–Quintano Ujeta 2 y Bankia-Rengifo Jiménez, de marzo y julio de 2019.  

En todos estos casos el TJUE resolvió que ante la existencia de una cláusula abusiva como el vencimiento anticipado, la solución era declararla nula. En otros casos ha censurado la falta de igualdad de armas entre el banco y el consumidor al que no se permitía apelar. También señaló que lo determinante era lo que decía la hipoteca, que permitía iniciar la ejecución con un impago, y no la práctica del banco que había esperado varios meses. Y, sobre todo, subrayó que había que preguntar al consumidor si quería que continuase la ejecución  hipotecaria, que según el Supremo era lo mejor para él.
 

Balance agridulce

Lamentablemente, la última palabra no la tiene el TJUE, a pesar de la teórica primacía del derecho europeo. El Supremo reinterpreta las sentencias europeas en el sentido de salvar el procedimiento hipotecario. En 2019, el TJUE rechazó la propuesta del TS de continuar el procedimiento sustituyendo una parte de la cláusula abusiva por una disposición legal. La solución dada por el Supremo fue sustituir la cláusula abusiva por lo dispuesto en la ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, de ese mismo año, que exige como mínimo de 12 cuotas mensuales impagadas para iniciar la ejecución, lo que sin duda es un avance respecto a 2013. 

Pero la verdad es que el balance de esta historia es agridulce. Como señala el magistrado Fernández Seijo, “en cierta media el caso Aziz ha sido un fracaso para mí porque no le pude dar la casa a Mohamed Aziz, que es lo que pedía”. Y reconoce que la doctrina europea que permite suspender el procedimiento hipotecario no se ha traspuesto a la legislación española.

Para la abogada Verónica Dávalos, sustituir la cláusula abusiva del vencimiento anticipado por una disposición legal, en lugar de anularla y expulsarla, es una perversión. “Ahora tengo muchos desahucios que antes habría ganado por la nulidad del vencimiento anticipado y ahora los bancos plantean de nuevo y ejecutan por imperativo legal”, concluye.