Unas elecciones decisivas para los derechos de los europeos
Los comicios de junio pondrán a prueba la defensa de los valores europeos ante el auge de la extrema derecha, según las encuestas
Los derechos y la seguridad de los europeos están en juego. Las elecciones del próximo junio están cobrando una creciente importancia ante la multiplicación de desafíos que afronta la Unión. Los propósitos de la UE de dar una respuesta responsable y solidaria a la crisis climática y al drama de la inmigración tropiezan con el rechazo de las formaciones de extrema derecha caracterizadas por un rotundo euroescepticismo. A los desafíos de fondo se ha sumado el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania. La urgencia de plantearse seriamente la defensa de Europa ha pasado a primer plano. La policrisis que afronta Europa (cambio climático, secuelas de la pandemia de covid-19, la inmigración, el coste de la vida, la guerra de Ucrania y, recientemente, las protestas agrícolas) convierte las elecciones en uno de momentos más trascendentes de su historia. Probablemente, muchos ciudadanos, en especial los jóvenes, son conscientes de la trascendencia del momento y de la importancia de adoptar las medidas adecuadas ante cada desafío. Son decisiones que dependerán de la composición del Parlamento Europeo, que deberá aprobar las directivas y los reglamentos adecuados.
Las advertencias de los líderes europeos se multiplican. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicitado al periódico Financial Times la necesidad de reforzar la defensa de la Unión: “Tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor, tenemos que gastar europeo”.
La relevancia de los comicios del próximo junio ha sido destacada por Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE. “Creo”, manifestó, “que las próximas elecciones europeas pueden ser más peligrosas que las estadounidenses. Me temo que los europeos votarán sobre la base del miedo y promoverán el ascenso de la extrema derecha”.
El viraje del electorados hacia la derecha y la extrema derecha es una constatación de distintas encuestas. Según el sondeo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés), los dos grupos de extrema derecha, Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), registrarán importantes avances. ID, en cuyas filas hay destacadas figuras de la derecha radical (Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, de la Lega italiana, y Tom Van Grieken, del flamenco Vlaams Belang) podrían llegar a los 98 diputados. ECR, por su parte (que agrupa a la populista Georgia Meloni, de los Hermanos de Italia; el ultraderechista español Santiago Abascal, de Vox, y el ultraconservador polaco Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Orden), podría lograr 85 escaños y acercarse al centenar si incorporara al Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Las dos formaciones de extrema derecha podrían sumar en conjunto el 25% de los eurodiputados de la próxima Eurocámara, que contará con 720 escaños, 15 más que los 705 actuales. Los cuatro partidos que han mantenido los principales consensos europeos, Partido Popular Europeo (PPE); Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D); los liberales del Grupo Renew Europe y el Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, perderán peso, según ECFR. PPE perdería cinco escaños y quedaría con 173; S&D cedería 10 y lograría 131; Renew conseguiría 15 escaños menos, para quedarse con 86, y los Verdes lograrían 61, 10 menos que los actuales. La izquierda GUE/NGL ganaría seis eurodiputados y alcanzaría los 44. (Véase gráfico adjunto.)
Votar a los 16 años en cuatro países
El próximo junio más de 365 millones de europeos serán llamados a las urnas en las décimas elecciones de la Eurocámara. En los comicios de 2019 la participación alcanzó el 50,6%, 8 puntos más que en 2014. La encuesta postelectoral del Parlamento Europeo realizada tras los últimos comicios reveló que el 42% de los jóvenes de 18 a 24 años fueron a votar, lo que representó un aumento de la participación del 50% respecto a la registrada en 2014.
El próximo junio, por primera vez cuatro Estados miembros (Bélgica, Alemania, Malta y Austria) permitirán votar a los mayores de 16 años, y Grecia, a los que hayan cumplido 17 años. Según el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS, por sus siglas en inglés), “determinados estudios han subrayado los beneficios de rebajar la edad para votar, no solo en por el impacto inmediato en la participación, sino también respecto al desarrollo del hábito a votar a lo largo de la vida, especialmente para los jóvenes si han votado por primera vez cuando todavía vivían con sus padres”.
La participación de los jóvenes en los procesos electorales democráticos europeos ha sido analizado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Los trabajos indican que la participación está estrechamente ligada a la educación de los jóvenes y al nivel de renta. En el Eurobarómetro de 2021 se detectó que votar es más común entre las personas que completaron su educación a los 20 años o más, que entre los que lo hicieron a una edad más temprana. También registraron mayor participación (55%) de los hogares más acomodados, frente al 30% de las familias con dificultades para pagar las facturas. El Eurobarómetro de primavera de 2023 del Parlamento Europeo indicó que el interés por las elecciones europeas de 2024 se situaba en el 56%, lo que significaba un aumento de seis puntos respecto a las elecciones anteriores.
Preocupación por el clima
Un estudio realizado por los politólogos Ivan Krastev y Mark Leonard ha analizado el impacto que pueden tener sobre los ciudadanos las cinco principales crisis que afronta la UE.
En su opinión, el cambio climático es la crisis que afectará a un mayor número de personas en el futuro, 73,4 millones de votantes. El clima es la primera preocupación para los franceses y daneses y el segundo problema más importante para italianos, alemanes y españoles.
El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática en 2019 y ha desempeñado un papel decisivo en el logro de una reducción más ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La legislación europea sobre el clima obliga a la UE a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y a reducir las emisiones de GEI en al menos el 57% en 2030 en comparación con los niveles de 1990. El compromiso de la Unión para alcanzar estos objetivos es que dedicará como mínimo el 30% de su presupuesto a lograrlo.
Una parte significativa de estos recursos se desembolsará de forma común a través del programa REPowerEU para ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar las fuentes de suministro. El Parlamento Europeo respaldó, además, la creación del Fondo Social para el Clima con una dotación de 86.700 millones de euros para abordar la pobreza energética y de transporte.
A pesar de los avances, “el mundo no va por el buen camino para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del 2%”, según el análisis del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo Ten issues to watch in 2024, (Diez cuestiones a tener en cuenta en 2024). Por su parte, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) destaca que un exceso temporal (de las temperaturas) “es casi inevitable”. Hay que recordar que la Agencia Europea del Medio Ambiente ha estimado que las pérdidas por los eventos climáticos en la UE han ascendido a 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, de los que solo el 19,5% estaban asegurados.
El reto de la inmigración
La llegada de emigrantes y, especialmente, de los que buscan asilo huyendo de la persecución política constituye uno de los grandes desafíos de la Unión. El rechazo a los migrantes abanderado por la extrema derecha ha logrado movilizar a una parte de la población. Se trata de una actitud que, además de insolidaria, atenta contra los principios europeos y supone una gran contradicción para una Europa envejecida que precisa muchos trabajadores.
Por fin, un acuerdo
La inmigración constituye el mayor drama humanitario de la que son testigos los países ribereños del sur de Europa. En 2023, un total de 281.431 personas accedieron de forma clandestina en la UE y, al menos, 3.863 personas perdieron la vida en el intento,según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Tras cuatro años de negociaciones, el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron el pasado diciembre, durante la presidencia española de la UE, un pacto migratorio que fija por primera vez las cuotas de migrantes que debe aceptar cada Estado y endurece los requisitos de acogida. El acuerdo regula los distintos pasos de los solicitantes de asilo desde su llegada a la UE y hasta su acogida o rechazo. No pudo lograrse que las cuotas fueran obligatorias y se aprobó una solidaridad flexible que permite a los Estados miembros pagar 20.000 euros por persona si rechazan la cuota que les corresponde.
La presidenta del parlamento Europeo, Roberta Metsola, calificó de “histórico” el pacto en la medida que respeta "las fronteras y es justa y humana con aquellos que necesitan protección, firme con quienes no son elegibles y fuerte contra los traficantes que explotan a la gente más vulnerable”.
El pacto no ha gustado a ONG como Médicos sin Fronteras, que considera que ha sido “la continuación y la intensificación de las políticas de contención y disuasión con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo”. Los límites del acuerdo se justifican por el temor de que un futuro parlamento con mayor peso de la extrema derecha pudiera aprobar un pacto peor para los derechos de los migrantes. La emigración es un territorio con muchas aristas. El pasado enero la agencia Europea Frontex amenazó con irse del España si no llega a un acuerdo con el Gobierno para renovar las operaciones conjuntas contra inmigrantes irregulares.
Defensa del Estado de derecho
Los asuntos relacionados con la emigración están bajo la lupa parlamentaria. El pasado julio el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía una participación más proactiva de la UE en las operaciones de búsqueda y rescate emprendidas por los Estados miembros.
El Parlamento Europeo defiende una Unión basada en el Estado de derecho, los derechos fundamentales, la libertad de los medios de comunicación, la no discriminación y la igualdad de género. Además, quiere intensificar la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la desinformación. Precisamente, en relación con la corrupción, Metsola reaccionó con rapidez y adoptó serias medidas para investigar el escándalo de los supuestos sobornos de Catar, que provocó la detención de la vicepresidenta Eva Kaili acusada de blanqueo. La presidenta del Europarlamento aseguró que no habría “impunidad” y anunció la reforma de las normas sobre los grupos de presión y un reforzamiento de la transparencia. Un año después de la crisis, la defensora del pueblo europea, Emily O’ Reilly, ha reconocido el fortalecimiento de las normas, pero sigue preocupada por su cumplimiento.
