España-Francia: vecinos en los antípodas

Cuando la Unión Europea (UE) acordó lanzar, en 2020, el gran fondo de reconstrucción Next Generation para paliar los estragos de la pandemia y, a la vez, impulsar transformaciones clave en las economías europeas, con una movilización insólita de 750.000 millones de euros, el entusiasmo generalizado ante esta decisión histórica quedó matizado en algunos sectores sindicales y de izquierdas por una cláusula inquietante incluida en la letra pequeña: los desembolsos iban a quedar condicionados a la reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad futura.

En la neolengua habitual de la burocracia europea, el significado parecía apuntar hacia una sola palabra: recortes.

Desde la década de 1990, la UE, en sintonía con las grandes instituciones multilaterales, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsa reformas en los sistemas de pensiones públicos. El objetivo declarado es garantizar su viabilidad ante el progresivo envejecimiento de la población, especialmente agudo en Europa y que se agravará en los próximos años como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre las décadas de 1950 y 1970), especialmente numerosa.
En las últimas décadas, de hegemonía del paradigma económico neoliberal, las recetas sugeridas en las reformas para abordar este desafío iban siempre en una misma dirección: pasar la tijera, es decir, recortar gastos, empeorar las prestaciones y, por ende, la protección social, base última de la cohesión y del modelo europeo surgido en la posguerra.

El clímax de esta perspectiva ortodoxa fue la respuesta que las instituciones europeas dieron a la Gran Recesión de finales de la década de 2000, provocada por el crash financiero global, y a la subsiguiente crisis de la deuda soberana en la eurozona: la UE impuso durísimos programas de austeridad, con severos recortes en los modelos públicos de pensiones incluidos. A su vez, estos ajustes tuvieron efectos nocivos en la economía, al dificultar la recuperación, y provocaron estragos sociales, especialmente visibles en España con una brutal destrucción de empleo, centenares de miles de desahucios y la ruina de millones de familias, que perdieron los ahorros de toda una vida al decidir las autoridades que parte del ajuste se iba a endosar a las participaciones preferentes.

Auge del populismo

Esta respuesta implacable, y el empeoramiento de las condiciones de las clases populares y medias, desencadenó una ola de descontento social que fue más allá de reivindicaciones económicas tradicionales al expresar también una enorme desconfianza en las instituciones: muchos politólogos han visto ahí el magma que luego propulsó el auge de los movimientos populistas, tan a menudo colindantes con la extrema derecha.

Visto en perspectiva, el resultado global de los planes de austeridad —empeoramiento de la crisis económica, estragos sociales, desconfianza de las instituciones y auge de los populismos— ha sido considerado negativo por los propios organismos que la alentaron, desde el FMI, cuyo economista jefe de la época, Olivier Blanchard, admitió el “error” en una fecha tan temprana como 2013, pasando por las propias instituciones europeas al máximo nivel como la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en aquel momento miembro del Gobierno alemán, principal ariete de estas políticas, y hasta grandes actores financieros del capitalismo global, como Bank of America Merrill Lynch, que no ha vacilado en calificar la imposición de la austeridad en la UE a principios de la década de 2010 como “el mayor error de la política de la eurozona”.

En consecuencia, la respuesta europea a la sucesión de crisis recientes, desde la pandemia hasta todas las derivadas de la guerra en Ucrania, se ha afrontado desde un paradigma distinto, más flexible, que no se guía ya por la austeridad elevada a la categoría de dogma, como lo prueba la extraordinaria movilización de recursos públicos plasmada en el programa de reconstrucción Next Generation.

Es en este nuevo marco, menos ideológico y predeterminado, donde se está desarrollando la ronda actual de reformas de los modelos de pensiones públicos exigido por la UE para garantizar su sostenibilidad futura, vinculándolas al desembolso de los fondos. Y, con ello, en la neolengua comunitaria, reforma de las pensiones ha dejado de ser un sinónimo de recortes: tras un largo periodo de pensamiento único y de diktat neoliberal, parece que vuelve a ser posible el debate político también en asuntos económicos.

Dos proyectos opuestos

Los proyectos de reforma de las pensiones impulsados simultáneamente en Francia y en España son una prueba de ello: los enfoques son opuestos y, sin embargo, ambos han sido avalados de forma preliminar por Bruselas.

En Francia, el Gobierno liberal de Emmanuel Macron ha optado por la perspectiva hegemónica en las últimas décadas, centrada en el recorte de gastos a partir de la totémica elevación de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y una batería de ahorros que suman alrededor de 11.000 millones anuales.
 

En cambio, en España, el Ejecutivo de coalición de izquierdas presidido por Pedro Sánchez ha adoptado un enfoque socialdemócrata: sin negar la necesidad de cuadrar las cuentas, se ha decantado para conseguirlo en el aumento de los ingresos aportados al sistema, a través de un progresivo aumento de las cotizaciones y la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad.
En coherencia con esta aproximación socialdemócrata, la reforma no persigue únicamente evitar el déficit, sino también incrementar las pensiones más bajas por razones de cohesión y a la vez de estímulo de la economía en general, teniendo en cuenta que hasta el 60% de las pensiones están todavía por debajo de los 1.000 euros mensuales.

Los modelos predictivos que ponen el foco básicamente en el envejecimiento de la población para sugerir recortes en las prestaciones suelen pasar de puntillas sobre el hecho de que el factor clave de la sostenibilidad reside, sobre todo, en la evolución del empleo de calidad, que, a través de las cotizaciones sociales aporta los ingresos necesarios para pagar las pensiones. Por ello, el Gobierno español inserta en el mismo esquema tanto la reforma laboral, que aprobó en diciembre de 2021, como la de las pensiones de ahora: la mejoría en la calidad del empleo —con contratos estables y mejor retribución— acaba revirtiendo también en la sostenibilidad del modelo público de pensiones.

Los últimos datos de empleo y de ingresos de la Seguridad Social apuntalan esta visión. A pesar de las turbulencias económicas globales, los dos primeros meses de 2023 se han cerrado con una recaudación récord de cotizaciones, con 2.152 millones de euros más respecto al año anterior, un incremento del 9,5%. Y si la comparación se hace con los dos primeros meses de 2019, antes de la pandemia, el aumento de ingresos por cotizaciones es todavía más notable: asciende a 4.777 millones de euros, el 23,5% más. 
 

Los estudios de modelos comparados, como el realizado recientemente por el Banco de España*, señalan a Francia como uno de los sistemas de jubilación más estresados de la Unión, con un gasto equivalente al 14,7% del PIB, frente al 12,7% en España (véase gráfico), y unas proyecciones de envejecimiento de la población también más preocupantes, más allá de la diferente edad legal de jubilación. Pese a lo llamativo de que en Francia sea de solo 62 años, en la práctica no es tan distinto porque los requisitos para poderse jubilar en la edad teórica son muy difíciles de cumplir: según los últimos datos de la OCDE**, la edad media real de jubilación, tomando como base el perfil de una persona que ha cotizado ininterrumpidamente desde los 22 años, es de 65 años en España y de 64,5 en Francia.

La gran diferencia entre ambos países en la reforma no es, pues, que afronten un desafío muy distinto, sino la opción elegida en las recetas para abordarlo: centrarse en los recortes, como el Gobierno liberal en Francia, o bien en los ingresos, como el Ejecutivo de izquierdas en España.

Calma o estallido

Las consecuencias del camino seguido en la encrucijada de cómo acercarse a la sostenibilidad del modelo de pensiones públicas han sido también muy diferentes: mientras que en España las críticas de la patronal CEOE y del Partido Popular, que en coherencia con su ideología liberal-conservadora incluso ha elogiado la reforma de Macron, han sido moderadas y por los canales habituales del debate público, en Francia la situación ha estallado con virulencia en las calles, con dinámicas que algunos analistas asocian a una “crisis de régimen” y hasta con derivas autoritarias, puesto que la reforma se ha impuesto sin contar siquiera con el aval del Parlamento.

El estallido social en Francia trasciende de mucho el malestar de los sindicatos en un país que, en contra de un mito muy instalado, cuenta con una de las tasas de afiliación a las organizaciones de trabajadores más bajas y más en declive de toda la UE (véase gráfico). Pese a ello, el resultado de la imposición de una reforma centrada en los recortes ha encendido las calles y, paradójicamente, está dando alas sobre todo al ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen.

A diferencia de la izquierda, muy combativa contra la reforma, Le Pen se ha puesto más bien de perfil y, sin embargo, los sondeos la sitúan en cabeza para convertirse en presidenta si las elecciones presidenciales fuesen ahora (véase artículo de la página 39).

En Historia de dos ciudades, Charles Dickens compuso un gran clásico a partir de las  diferencias entre Francia y Reino Unido en los turbulentos años de finales del siglo XVIII. Quizá un tecnócrata con talento y predispuesto a extraer lecciones esté trabajando ya en Bruselas en una Historia de dos reformas, ahora con España como contrapunto de la siempre agitada Francia.