Ayudas insuficientes ante la "tormenta perfecta"

Más allá de las medidas que ha adoptado la Unión Europea, en España este invierno será duro, especialmente para las personas que ya se encontraban en riesgo de pobreza. Casi el 30% de la población española estaba en 2021 en esta situación, según el último informe de la European Anti Poverty Network (EAPN). De todas ellas (13,1 millones), 3,9 millones sufrían ya una privación material grave, de modo que no podían permitirse comer carne, pollo o pescado. O mantener una temperatura adecuada en el hogar. La proporción que no puede mantenerla ya había pasado del 10% al 14%. El 33,4% de los hogares no podía afrontar gastos imprevistos. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y las pymes se refieren a lo que está pasando como “tormenta perfecta”.

Pobreza energética en casa Josep Babot, jurista que acompaña a las personas que buscan ayuda en las asambleas de la APE, explica cómo ha cambiado su perfil. “En el curso pasado comenzó a venir un perfil de gente distinto: mujeres mayores con facturas inasumibles, gente que no es consciente de que sufre pobreza energética y no está acostumbrada a dirigirse a los servicios sociales ", explica Babot. "Y en el último mes y medio han aumentado los perfiles de gente con trabajo. No es gente que lleva tiempo en el paro. Cada vez el problema es más transversal y está tocando a más capas de la población”.

María Campuzano, portavoz de APE, cree que las medidas del Gobierno no son suficientes. Uno de los problemas es la incertidumbre. “Lo que muestran estos paquetes de medidas es que no hay un sistema de protección garantista. Se va haciendo sobre la marcha”, dice. La APE agradece que haya una moratoria de cortes por impago, y que se vaya prorrogando. Pero cree que se deberían prohibir. Y que debería existir una tarifa social progresiva en función de los ingresos de las familias. La asociación celebra que se haya ampliado la cuantía de los que ya tienen el bono social, hasta el 80% de la factura, pero subraya que los trámites son muy engorrosos. Y reclama que las ayudas sean automáticas, ya que, a través de Hacienda, se puede saber quién necesita ayuda.

El Gobierno ha aumentado el 15% los límites que puede consumir un hogar para tener el bono. Pero para las organizaciones sigue siendo insuficiente, porque no se valora, por ejemplo, el tipo de vivienda. Justo las familias que más lo necesitan viven en edificios con las estructuras más ineficientes, con calderas antiguas y equipos de calefacciones que gastan más. Existe, además, confusión sobre las ayudas. Por ejemplo, sobre el tope al gas, el mecanismo de ajuste para amortiguar la subida exponencial de la luz. Por eso también reclaman una campaña de comunicación amplia y clara.

Otra de las ayudas de los fondos europeos que deberían llegar a las familias es la destinada a la rehabilitación de viviendas. En general, estas ayudas no harán bajar la factura este invierno, porque los fondos se agotan rápidamente y porque no hay suficiente material ni mano de obra para actuar rápido. Los trámites son farragosos. En el caso de los edificios, hay que poner de acuerdo a toda la comunidad. Y cuando no, las ayudas son solo parte de una inversión que requiere un gasto mayor por parte de la familia. Para la APE, hablar de placas solares para familias vulnerables es “ciencia ficción”. Solicita que se prioricen estos fondos a familias vulnerables, sin que haya que adelantar dinero.

Existen reducciones fiscales para la rehabilitación, pero el coste de las obras sigue siendo muy alto. En la jornada Hogares más eficientes y confortables para todos, de la Cooperativa Obrera de Viviendas de El Prat (COV), el arquitecto Jorge Romero, de la cooperativa La Rachola, explicaba las dificultades que tienen las familias. A veces, por ejemplo, alguna persona le ha contado que no pide la ayuda porque es tan poca que le sale más a cuenta hacer el trabajo en negro y dejar de pagar el 21% de la factura. Se da la paradoja de que hay un dinero europeo que se debe gastar, pero apenas llega a la población general. En Cataluña, por ejemplo, una fuente de la Generalitat explica que si las ayudas fueran más fáciles de obtener, no tendrían el personal suficiente para tramitarlas.

Cada autonomía y municipio puede decidir cómo gestionar la transición energética. Esto puede generar en una desigualdad territorial, dependiendo de la gestión.

Muchas veces el fin de la distribución del dinero de los fondos europeos se dirime en los ayuntamientos. Algunos municipios solo rebajan el IBI a las familias que pongan placas solares. Otros hacen más, como impulsar las comunidades energéticas, una fórmula para que la población se ponga de acuerdo en compartir placas en algún tejado o solar.

El Gobierno facilitó tímidamente esta medida, al ampliar a un kilómetro la distancia máxima para acceder al autoconsumo compartido. El Prat del Llobregat (Barcelona), que impulsa una de estas comunidades, es uno de los municipios que se ha implicado en las dificultades de su ciudadanía para ahorrar. Abrió la Casa de la Energía para informar y asesorar a la ciudadanía sobre temas como el autoconsumo compartido y la gestión de la demanda.

Empresas

Otro sector que está sufriendo mucho la subida de la energía es el de las empresas pequeñas y los autónomos. Celia Ferrero, vicepresidenta de la asociación de autónomos ATA, explica: “la espectacular subida de la energía, que afecta a toda la cadena de valor, hace tambalear negocios viables que no tienen músculo financiero. Pierden competitividad con las economías de escala. Y muchos ya trabajan a pérdidas. Aunque hay varias líneas de ayuda, no son directas y muchas veces no llegan. Hay que estar pendiente, hay mucho trámite, más pagar al gestor”.

A la inflación y al aumento de la energía, que en algunos casos como panaderías o peluquerías se ha disparado el 300%, se le suma también la devolución de los créditos ICO, que muchas pequeñas empresas pidieron durante la pandemia para capear el temporal.

A la inflación y al aumento de la energía, que en algunos casos como panaderías o peluquerías se ha disparado el 300%, se le suma también la devolución de los créditos ICO, que muchas pequeñas empresas pidieron durante la pandemia para capear el temporal.

“No sé cómo lo vamos a hacer”, se lamenta José Manuel García Madrid, dueño de un bar en el pueblo de Avileses, con 1.600 habitantes en Murcia, que teme perder un negocio que lleva abierto 40 años. “Todos los de la comarca estamos en el mismo círculo. El problema mayor es la energía. Algunos estamos pagando a razón de 125 euros por día. A mí me llegó una factura de 3.500 euros. Y a un amigo que tiene un bar de carretera para unas 1.000 personas le llegó una factura de 35.000 euros”.

Desde CEPYME agregan que, además, hay que tomar en cuenta la bajada en las ventas, lo que se traduce en un mayor recorte de los márgenes empresariales y, a su vez, en el aumento de las tensiones de liquidez en un número creciente de empresas.

Las insolvencias empresariales ya son palpables. En septiembre aumentaron el 103% interanual, según el último informe de Iberinform, que sigue los procesos concursales publicados en el BOE. Tiene que ver en parte con el fin del periodo excepcional de 27 meses de moratoria concursal que decayó el pasado 30 de junio. Sin embargo, los análisis de coyuntura apuntan que en los próximos meses la situación solo puede empeorar, a menos que se le haga más fácil a la gente recibir las ayudas.