Diamantes de sangre hacia España y Andorra

La guerra que asoló Sierra Leona y Liberia en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI conmocionó al mundo por la brutalidad extrema de los señores de la guerra —con Charles Taylor, condenado luego a 50 años de cárcel por un tribunal internacional creado ad hoc, como máximo exponente— y contribuyó como pocas a reforzar el estigma de que África no tiene solución ante el estallido habitual de conflictos tribales, presentados, a menudo, como inextricables e irresolubles.

Sin embargo, las ONG y Naciones Unidas advirtieron casi en tiempo real, y luego las sospechas fueron todas ratificadas en el proceso penal del tribunal internacional, que la auténtica gasolina de la guerra brutal no había que buscarla tanto en el ADN tribal como en el de la codicia occidental: los traficantes de armas y de diamantes —en las minas de Sierra Leona se extraen piedras preciosas de calidad suprema— no solo estaban haciendo su agosto a costa de miles de víctimas —70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados, según el recuento oficial— y de prácticas inhumanas como el empleo de niños soldado, sino que determinaban hasta las claves últimas del conflicto: la lucha por el control de las minas en Sierra Leona, la extracción de diamantes 24 horas al día mediante prisioneros y secuestrados en régimen de esclavitud y el control de su tráfico ilegal hacia los mercados internacionales a cambio de armas y millones de dólares.

‘Oportunidad’ en Monrovia

Las zonas mineras de Sierra Leona fueron ocupadas por el Frente Revolucionario Unido (FRU), la guerrilla aliada del entonces presidente de la vecina Liberia, Charles Taylor. Y en Monrovia, la capital liberiana, se instalaron los empresarios occidentales que vendían las armas y que se encargaban del comercio de diamantes camuflando primero su origen espúreo e introduciéndolos luego en los circuitos legales. Ahora, dos décadas después, la Audiencia Nacional, apoyada en la querella de una víctima de Sierra Leona y en exhaustivos informes de la Comisaría General de Información de la Dirección General Policía Nacional, está uniendo las piezas del puzzle: la sangre era, efectivamente, africana, pero la investigación apunta a que los actores más importantes que se beneficiaban del lucro tenían la base en España y, sobre todo, en Andorra.

La querella, impulsada por la ONG jurídica suiza Civitas Maxima, creada para intentar resarcir a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y redactada por los abogados españoles Hernán Garcés y Joan Garcés, fue admitida a trámite en 2021 por el magistrado del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial, y desde 2023 la instrucción está en manos de Luis Francisco de Jorge, que se reincorporó a su plaza.

A pesar de los muchos años transcurridos desde que sucedieron los hechos denunciados, la querella fue admitida a trámite y sigue instruyéndose ante la gravedad de los delitos apuntados —crímenes de lesa humanidad y trabajo esclavo, entre otros—, cuyos plazos de prescripción son mucho más prolongados de lo habitual e incluso pueden no prescribir.

Detención ‘exprés’

El pasado 6 de julio fue detenido en Málaga, donde tiene una residencia de vacaciones, el empresario español residente en Brasil Manuel Terrén, principal acusado en el sumario por su supuesta participación desde Monrovia, entre 1998 y 2002, en todo el entramado de tráfico ilegal de diamantes de Sierra Leona, que según los informes de la policía española se hacían pasar como si fueran de Liberia y que, a través de Andorra y de Bélgica, se colocaban en los mercados internacionales, ya sin rastros de la sangre derramada, lo que generaba extraordinarios beneficios.

Pese a la gravedad de los cargos imputados a Terrén, el juez lo dejó en libertad con cargos tres semanas después ante la presión de la fiscalía, que tras apoyar la causa durante los dos primeros años de instrucción, dio un giro de 180 grados después de la detención. La pista de Terrén ha hecho aflorar importantes ramificaciones en el poder financiero de Andorra, y desde el momento mismo de la detención, la fiscalía busca archivar la causa al considerar de súbito que los delitos pudieran haber prescrito.

El giro de la fiscalía ha colocado la espada de Damocles sobre la viabilidad penal de la instrucción, que ahora se encuentra amenazada, a pesar de que para diciembre están agendadas nuevas citaciones en la Audiencia Nacional. Sin embargo, en estos tres años de diligencias, la causa, ahora ya pública, ha acumulado muchos materiales —en especial, los informes de la Comisaría General de Información de la policía— que detallan de forma muy minuciosa el entramado del negocio de los diamantes de sangre, con independencia de que los delitos hayan prescrito o no. Y en particular sobre el papel central que desempeñaron España y, especialmente, Andorra, con la supuesta participación muy relevante de uno de los más insignes representantes de su poder político y financiero: Jordi Cinca, que, según los informes policiales, tutelaba tanto las acciones de Terrén en Liberia como la ruta de los diamantes que de allí salían hacia los mercados internacionales.

Orfund: epicentro en Andorra

Las pesquisas policiales y de la instrucción ratifican el papel del empresario andorrano que ya señaló el periodista Carles Quílez en el libro Diamantes sucios: la verdadera historia de Jordi Cinca, el responsable de las finanzas andorranas (Ediciones Crónica Global, 2016), que se publicó en medio de querellas cruzadas entre los accionistas de Orfund, la sociedad andorrana que la instrucción de la Audiencia Nacional coloca en el epicentro del esquema de tráfico ilegal de diamantes en la guerra de Sierra Leona.

La carrera de Cinca, que fue director de Orfund entre 1996 y 2000, siempre se ha desarrollado anclada al núcleo de poder político y financiero de Andorra, país con un sistema financiero históricamente muy opaco, que entidades internacionales como Tax Justice Network equiparan a un paraíso fiscal: entre 1990 y 1993, Cinca fue portavoz del Gobierno andorrano. Posteriormente, fue directivo durante más de una década de la entidad financiera Crèdit Andorrà (actual Creand) y, entre 2011 y 2019, ministro de Finanzas (y desde 2015, de nuevo portavoz). Desde entonces combina la dirección del fondo Giraffe con la presidencia de la Comisión Gestora del Fondo de Pensiones del país.

Ni los abogados de Terrén, representado por el bufete Cuatrecasas, ni Giraffe ni tampoco el fondo de pensiones andorrano han contestado a las peticiones de Alternativas económicas para comentar la causa que instruye la Audiencia Nacional y que les involucra directamente.

En el caso de Terrén, como investigado, ahora en libertad provisional, al ser ciudadano español. En cambio, Cinca, que es ciudadano andorrano, queda fuera de la causa penal, que tras sucesivas reformas para limitar la jurisdicción universal en España, puede dirigirse únicamente contra ciudadanos españoles, a pesar de que todos los informes policiales y la misma querella subrayan que desempeñó un papel central en la trama. El prócer andorrano siempre ha explicado a su entorno, como han declarado testigos en los interrogatorios, que se trata de un “montaje” para perjudicarle.

Sin embargo, el papel predominante de Cinca, descrito con detalle por los informes policiales, se basan en los materiales y declaraciones surgidos en tres procesos judiciales distintos. Dos de ellos están discurriendo en paralelo: el que se instruye en España y el que está investigando la justicia belga, desde donde operaba la compañía Cindam Belgium (actualmente BCB International NV, con sede en Amberes), que en 1999 firmó un acuerdo con Orfund que, según la policía, permitía introducir en el mercado internacional los diamantes de sangre. Ambos procedimientos están ya interconectados a través de una orden europea de investigación.

El tercer proceso judicial es el tribunal que en 2012 condenó a Taylor y a sus secuaces, en el que paramilitares aportaron detalles que permiten a los investigadores identificar el papel desempeñado por las dos filiales de Orfund que a principios de 1999 empezaban a operar desde Monrovia: Bluestone y Diandorra.

“La documentación existente aportada en la causa deja constancia del pleno conocimiento de Cinca”, sostienen los informes policiales, que subrayan que Terrén respondía personalmente a su jefe de Andorra. Según su relato, el hombre de Orfund en África se instaló en Monrovia, la capital de Liberia, a principios de 1999, de la mano de Fernando Fernández Robleda, que según la policía ejercía de “contrabandista de armas”, y Alhaji Fofana, muy próximo a Charles Taylor y a la guerrilla del FRU en Sierra Leona.

Los informes destacan que Terrén, Fofana y Orfund controlaban las dos filiales con sede en Monrovia (en las calles Randall y Mechlin), que “operaban de facto como filiales de Orfund Group y como una única unidad empresarial”. Apenas un mes después de constituirse, las filiales firman sendos convenios de explotación minera y de exportación con el Gobierno de Liberia, que según la investigación eran una pantalla “para facilitar la ocultación del origen de los diamantes”, que procedían de Sierra Leona.

Paramilitares en la oficina

Entre los directivos de Bluestone y Diandorra había varios empleados de Orfund y también el hermano del vicepresidente de Taylor, Francis Menwon, que estaba al frente de una milicia paramilitar. Varios extrabajadores han declarado que la presencia de militares y paramilitares era constante en la oficina de ambas filiales de Orfund en Monrovia, donde supuestamente se intercambiaban o compraban armas y diamantes.

Entre los materiales aportados a la causa destacan comunicaciones directas entre Fernández Robleda y Cinca para el pago del teléfono con el que operaba en Liberia, bajo la pantalla de una empresa maderera, el supuesto “contrabandista de armas”, que la investigación asocia a la trama del ucraniano Leonid Minin.

Varios testigos han relatado también que en esta época, cuando las ONG ya habían puesto el foco en los diamantes de sangre como acelerador de la guerra de Sierra Leona, tanto Fofana como el ministro de Minas de Liberia, Jenkins Dunbar y otros miembros de la camarilla de Taylor viajaron a Andorra invitados por Orfund. En el accionariado de esta sociedad estaban representadas algunas de las familias mejor conectadas del principado, que, según las pesquisas, inyectaron dinero a la mercantil tras un acto organizado en el hotel Ritz de la capital justo a principios del mismo año en que empezaron las actividades de sus filiales en Monrovia.

La policía española ha podido seguir el rastro de, al menos, cuatro envíos de diamantes de sangre a través de las filiales de Orfund entre mayo y julio de 1999, con un valor de mercado conjunto que calculan entre 8 y 15 millones de euros una vez introducidas en los mercados legales a través de Cindam Belgium.

Filial en Panamá

Además de la andorrana Orfund —incluidas sus dos filiales en Monrovia—, que arrancaban la ruta de los diamantes de sangre tras extraerse de las minas de Sierra Leona con trabajo esclavo, y de la belga Cindam, que los introducía ya sin mácula en el mercado europeo, los investigadores completan el circuito del dinero con la adquisición, en 2000, por parte de Cinca, de otra compañía en Panamá, un país también considerado paraíso fiscal: Mariette Holdings. El informe policial  sospecha que este vehículo opaco permitía “mover una gran cantidad de dinero obtenido de la venta de los diamantes de sangre en Sierra Leona” y supuestamente facilitar su posterior blanqueo.

Cinca se desvinculó formalmente de Orfund en 2000, cuando adquirió Mariette en Panamá. Esta última sociedad se disolvió en 2022, coincidiendo con la caída en desgracia de Taylor y el arranque de la investigación internacional que acabaría condenándole.

Tras apartarse de Orfund, el empresario andorrano se convirtió en directivo de Crèdit Andorrà y, posteriormente, en ministro de Finanzas de Andorra. Por su parte, Terrén desapareció de escena hasta que en 2007 irrumpió en Brasil al frente de varias empresas hoteleras con base en Lucena, en la costa norte del país, junto a su esposa, la brasileña María do Socorro Toscano Ximenes, con el resort Costa Brava como buque insignia. La policía española sospecha que los capitales para los emprendimientos procedían “ilícitamente del tráfico de diamantes”. La detención de Terrén precipitó una investigación judicial en Brasil para dilucidar si el emporio hotelero tiene como origen el blanqueo de capitales.

La investigación de la Audiencia Nacional ha identificado también que la esposa de Terrén ha ido recibiendo ingresos sin justificación aparente en sus cuentas en España que superan los 250.000 euros desde 2015. Entre ellos destacan hasta 15 transferencias entre 2016 y 2022 ordenadas por Marc Pantebre, expresidente de la Cámara de Comercio de Andorra, que suman 170.000 euros. Además, la pareja adquirió un piso en la costa malagueña en 2016 que se pagó íntegramente a través de una combinación efectivo, cheques y transferencias, sin necesidad de hipoteca.

A los 25 años de la llegada de Orfund a Monrovia, las víctimas supervivientes de los diamantes de sangre aún no se dan por vencidas: están más cerca que nunca de desentrañar el circuito del dinero que alimentaba a sus verdugos.