Un país en la sala de espera

España sigue en la sala de espera tras los endiablados resultados de las elecciones del pasado 23 de julio, que  contra pronóstico frenaron el regreso inmediato del Partido Popular (PP) a La Moncloa, a lomos, esta vez, de la extrema derecha. Y la espera puede ser aún larga porque el rey, Felipe VI, ha encargado la investidura al líder conservador, Alberto Núñez-Feijóo, pese a no contar con los apoyos parlamentarios para lograrlo; luego debería ser el turno del socialista Pedro Sánchez, que sí tiene posibilidades de reunirlos, y, finalmente, en el horizonte aguarda una eventual repetición de los comicios en caso de que ningún intento de investidura fructifique.

Es un largo periodo de incertidumbre, pues, siempre es susceptible de giros imprevistos que lo acorten. Pero esta vez no se trata de la clásica espera absurda provocada porque el tren llega con retraso. Está en juego, como pocas veces ha ocurrido en las cuatro décadas de democracia, la ruta que tomar en un auténtico cruce de caminos: a la derecha, un Gobierno centralista que regrese a la ortodoxia neoliberal en economía y a los valores conservadores (frente al feminismo, el cambio climático, etc.). A la izquierda, un Gobierno abierto a la plurinacionalidad, con un programa económico que saque  de los corsés neoliberales a la socialdemocracia y con una agenda progresista en derechos y libertades y comprometida con la lucha contra el calentamiento global.

Paradójicamente, la llave final recae en Junts per Catalunya, el partido del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, instalado en Waterloo (Bélgica), cuya agenda particular nada tiene que ver con las dos rutas antagónicas del cruce de caminos. Sus prioridades son otras: conseguir la amnistía, o alguna medida equivalente, que permita la normalización de todos los implicados en la consulta organizada en Cataluña en 2017 al margen de la legislación española, y avanzar hacia un referéndum de autodeterminación. Sobre la primera exigencia pivotarán las posibilidades de acuerdo, en la medida en que el referéndum es una línea roja para todos los partidos constitucionalistas, PSOE incluido. 

Expectativas incumplidas

La derecha contaba con una victoria holgada el 23-J para poder “derogar el sanchismo”, la expresión que acuñaron sus propagandistas para identificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un régimen ilegítimo que debe caer a toda costa y en su totalidad. Sin embargo, la movilización in extremis del electorado de izquierdas, muy preocupado por el auge de la extrema derecha y por la posibilidad de que su líder, Santiago Abascal, lograra una vicepresidencia en un gobierno de Feijóo, consiguió desmentir la mayoría de sondeos e insufló nueva vida al primer gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, que tras los comicios conserva las posibilidades de seguir si mantiene el apoyo de los  socios parlamentarios de la pasada legislatura y le añade el de Junts.

El PSOE incluso mejoró resultados — ganó casi un millón de votos y un diputado: ahora cuenta con 121—, mientras que Sumar, la coalición forjada a contrarreloj por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, logró domar tanto las apelaciones al “voto útil” como el fuego amigo y aguantó por encima de los 30 escaños.

En cambio, el Partido Popular (PP) quedó muy lejos de sus expectativas, que llegó a fijar en 160 diputados: a pesar del importante aumento en votos y escaños con respecto a 2019, se quedó en 137 actas. Y lo que es peor: sin apenas socios potenciales para alcanzar los 176 diputados necesarios para regresar a La Moncloa. Su único aliado de peso, Vox, perdió 600.000 votos y 19 escaños, con lo que se quedó con 33 actas.

El discurso beligerante del PP y su dependencia de Vox, al que ha integrado en los Ejecutivos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Aragón, ha alejado a potenciales aliados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y solo ha podido sumar a su satélite navarro, Unión del Pueblo Navarro (UPN), y a Coalición Canaria (CC). 
 

La impotencia del PP quedó de manifiesto en la constitución del Congreso, cuando la izquierda logró tejer una alianza plurinacional, que incluyó incluso a Junts, para elegir presidenta de la Cámara a la expresidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, mientras que la candidata del PP, Cuca Gamarra, ni siquiera logró sumar el apoyo de Vox y se quedó con el apoyo raquítico de 139 diputados.

La “costumbre” del Rey

A pesar de este fracaso del PP, que mostró que las posibilidades de Sánchez de ser investido son muy reales mientras que Feijóo está muy lejos de los 176 escaños necesarios para lograrlo, el rey, Felipe VI, encargó a este último que se someta a la investidura en función de la supuesta “costumbre” de darle una oportunidad a la fuerza más votada. Destacados constitucionalistas como Javier Pérez Royo y Miguel Ángel Presno Linera han advertido de que no existe tal costumbre y subrayan la excepcionalidad en una democracia parlamentaria de encargar la investidura a la opción contraria a la  expresada por el Congreso en la elección de la mesa.

Feijóo no solo obtuvo el encargo del Rey, sino que también arrancó a la presidenta de la Cámara un plazo muy largo para negociar al fijarse el 26 y 27 de septiembre como fechas para el debate de investidura. Con ello, queda descartada la posibilidad de volver a las urnas por Navidad, pero Feijóo logra un tiempo extra para intentar convencer al PNV o para poner en marcha alguna vía heterodoxa, lo que ha provocado inquietud en sectores de la izquierda, que creen escuchar en las apelaciones del PP hacia los supuestos socialistas buenos ecos del tamayazo de hace justo 20 años, cuando Esperanza Aguirre logró ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid al atraerse a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, una operación muy oscura cuyos pormenores nunca fueron aclarados.

Incluso en el caso de que el líder conservador se estrelle en su intento de ser investido, las dificultades de Pedro Sánchez de lograr el apoyo de Junts para su investidura van a ser considerables, teniendo en cuenta que en los últimos seis años han habitado en universos paralelos y que la competición entre los neoconvergentes y ERC en Cataluña, presionados por el declive electoral del independentismo, hace todavía más difícil que encajen todas las piezas del puzzle.

Las negociaciones arrancan, pero con dos guiones simultáneos que se rodarán en paralelo: el que tiene que ver la investidura y el que busca instalar un relato para ir en mejores condiciones a una eventual repetición electoral.

Aún falta para que en la sala de espera se anuncie el nuevo tren y su destino.