“Las pensiones tienen un sesgo de género muy fuerte”

Carmen Castro va por el mundo explicando que hace falta un cambio en la economía que tome en cuenta a la mitad de la población. En esta entrevista, desde Asturias, nos habla de sus ideas sobre políticas públicas para la igualdad de género.

 

Estamos mejorando en hacer visible la problemática y el conflicto de las responsabilidades familiares de cuidados con la vida política, laboral y personal. Pero las respuestas  no están permitiendo aún modificar de manera significativa el reparto del trabajo de cuidados. La responsabilidad, la carga y la operativa sigue siendo un trabajo asumido mayoritariamente por mujeres. Es verdad que hay avances significativos. Desde las políticas públicas, por ejemplo, hay inversiones para establecer servicios de atención a los cuidados de proximidad. Pero no son suficientes. Se han hecho pequeños parches. Por ejemplo, los servicios de atención a la dependencia. Los colectivos feministas y grupos de empleadas de atención a la dependencia dicen que hace falta, como mínimo, crear un millón de puestos de trabajo para atender todas las necesidades. Mientras no lleguemos ahí y nos sigamos limitando a hacer más llevadera la situación de desequilibrio y de desigualdad, seguiremos hablando de parches. Hace falta un mayor esfuerzo en la orientación de las políticas públicas para que la corresponsabilidad social sea una realidad.

 

Esa clave… ¿quién limpia los baños? Hay un código cultural y un aprendizaje social interiorizado. Pero también es cierto que en otros ámbitos un buen diseño de políticas públicas ha conseguido acelerar un cambio. Por ejemplo, en el tema del tabaco, la conducción y los cuidados infantiles. Forma parte del aprendizaje de la masculinidad tradicional. Un nuevo marco y orientación hacia el cambio de comportamiento masculino es la clave  para conseguir resultados diferentes.

 

La reforma legislativa para la equiparación de los permisos es positiva. Somos el primer país del mundo que tiene un permiso por nacimiento aparentemente igual, intransferible y bien remunerado, independientemente del sexo y de cómo se conforman los núcleos de convivencia. Ahora bien: en el propio diseño de la reforma legislativa hay un par de matices que diluyen el efecto transformador. La PPiiNA protesta con razón. El primero es el del tiempo obligatoriamente simultáneo. 

 

La reforma no deja que sean los propios núcleos de convivencia quienes decidan cómo les conviene utilizar el permiso. Y lo que acaba provocando es que, en las familias biparentales heteronormativas, al estar los dos en el primer momento, sea más difícil escaparse de la división de papeles. El otro matiz-trampa es que el derecho a poder utilizar el permiso a tiempo completo no es tal porque requiere la autorización de la empresa. 

 

Mientras no entre en conflicto tu entorno privado con lo  interiorizado no hay conflicto. Cuando el conflicto se vuelve explícito, dependiendo de cómo se gestione, se van abriendo aristas. Si el conflicto no lo resuelves es un elemento de ruptura. Y sí, también conozco muchas feministas divorciadas.

 

Hay algunos efectos que se han suavizado. Pero tanto los tributos como la orientación del gasto público siguen hablándonos de una jerarquía asimétrica en género y división sexual del trabajo. En la imposición directa, por ejemplo, tenemos el IRPF, que lanza un mensaje que no favorece los procesos de autonomía económica de las mujeres. La reforma pendiente del IRPF es la individualización, que requiere acabar con la tributación conjunta. Y con la desgravación por cónyuge a cargo (esposa dependiente, porque en la mayor parte de la tributación conjunta son ellos los primeros perceptores de los ingresos). Sin embargo, sigue pendiente. Pero una mujer adulta genera valor en casa, sobre todo, si pensamos que sobre ellas sigue recayendo la responsabilidad de la producción doméstica, logística, manutención, transformación de alimentos, servicios de limpieza, textil, apoyo emocional, etc. Genera valor y ahorro.

 

Si transformas alimentos en casa no tienes que ir a comer al restaurante. En cambio, nuestro sistema fiscal considera que hay que desgravar más por tener una persona cónyuge dependiente sin ingresos que por un hijo o hija que no transforma el valor. Por otra parte, el planteamiento del IRPF beneficia más, por ejemplo, a familias numerosas que a las monomarentales. Gran parte de la política social se aplica a través de desgravaciones fiscales en vez de inversión directa en política social y empleo público. En los tributos indirectos como el IVA, todavía tenemos una incidencia muy desigual, que recae sobre productos que tienen que ver con la atención y los servicios de cuidados: los higiénicos sanitarios, los servicios de guardería, etc. Se ha reducido el tipo impositivo a determinados productos de higiene sanitaria, que afectan a más de la mitad de la población durante la mayor parte de su ciclo de vida. Tenemos la incidencia de la tasa rosa, ese sobreprecio que pagamos fundamentalmente las mujeres por productos sujetos a ese canon y estereotipo de imagen: peluquería, depilación, etc. Respecto al gasto público, solo hay que ver el escaso porcentaje de las políticas de igualdad en los presupuestos públicos. Aunque hay avances tímidos, no son suficientes. Otra cosa son las pensiones.

 

Sí, y  fue Europa la que sentenció que el planteamiento de la Seguridad Social encerraba una discriminación indirecta. Porque afectaba fundamentalmente a mujeres, las que trabajamos mayoritariamente a tiempo parcial. Las pensiones de jubilación tienen un sesgo de género muy fuerte que tiene que ver con la propia definición del sistema, basado en la contributividad del empleo remunerado. No tiene en cuenta las contribuciones del trabajo no remunerado, que realizan mayormente las mujeres. A las mujeres que ahora están en edad de recibir esas pensiones no se les ofrece todavía una vía para garantizar su jubilación en condiciones dignas.

 

Todo esto tiene que ver con que la economía convencional cree que el trabajo en los hogares no es un trabajo. Hay que pensar en propuestas a corto y medio plazo, pero con el horizonte de transformar todo el sistema. Los intentos aprobados de corregir la brecha de género en las pensiones son insuficientes. Gran parte de las mujeres pensionistas están empobrecidas con pensiones no contributivas de 400 euros al mes. 

 

Desde la crisis de 2008 hay una tendencia agudizada a mostrar los datos generales en vez de desagregar. Aunque algunos indicadores sí están desagregados, sobre todo en el ámbito de la medición social. En temas de pobreza no están lo suficientemente desagregados o no se muestran con detalle.  Puede que tengas desagregada la incidencia de situaciones de riesgo o de vulnerabilidad social por variables de sexo o incluso de edad o por niveles educativos. Pero luego, cuando se va a hacer el cruce para interpretar esa realidad con otros factores, se vuelven a dar datos conjuntos. No podemos completar los análisis porque no está todo desagregado. Por otra parte, a la hora de medir la pobreza, se mide solo la pobreza monetaria. Desde la perspectiva feminista se insiste en la necesidad de medir la dimensión de la pobreza en términos de tiempo, disponible para el descanso, para la formación, para ti misma, etc. Eso nos ayudaría a desplazar el foco de atención, que sigue estando en esa parte visible de la economía y no en la parte sumergida, que realmente está sosteniendo todo, la vida misma.

 

Aumentó de manera significativa el tiempo que las mujeres tuvieron que dedicar a los trabajos de cuidados. Esto también se cruza con la parcialidad del empleo. Parte de la explicación de la mayor brecha de salarios tiene que ver con el trabajo a tiempo parcial y la segregación ocupacional. Los sectores en los que trabajan las mujeres son de baja remuneración. Pero ojo, porque en parte seguimos tirando de  intuición, y de la extrapolación de algunas investigaciones. Necesitamos encuestas de usos del tiempo, y periódicas.

 

Se suponía que al menos cada cinco o siete años íbamos a tener una producción estadística de usos del tiempo. Sin embargo, la última encuesta que hizo el INE fue en 2010. Y estamos en 2023. Es una estadística clave para evaluar si realmente están siendo efectivas las políticas, las campañas de sensibilización, etc. 

 

No lo suficiente. Estamos facilitando recursos e instrumentos para liberar a quienes asumen las responsabilidades del cuidado. Esto no quiere decir que estemos transformando el modelo de conciliación ni la implicación de los hombres. Nos falta una orientación más efectiva hacia un modelo de sociedad basado en los cuidados como eje transformador desde la corresponsabilidad social. Que haya toda una serie de redes, de servicios públicos orientados a que ello ocurra y que haya estrategias desde la formación, la instrumentalización política y las prestaciones. Que desde los agentes económicos, empresas, sociedad y familias atiendan a ese reparto en equidad. Y que los hombres dejen de practicar el absentismo de los cuidados.

 

 

El proceso de envejecimiento de la población está ahí, aunque pongamos el foco de atención en los permisos por nacimiento, y en el tramo 0-3. Hay que pensar en los cuidados en el largo recorrido, en el ciclo de vida.

 

Hay distintos tipos de propuestas y esa es una de ellas. Hay otras líneas que tienen que ver con invertir en la creación de empleo público en el sector de los cuidados. Hacer de la economía de los cuidados el eje transformador. Luego, otras líneas plantean que en ese repensar los procesos de transición ecológica se incluya el concepto de sostenibilidad de la vida. Que el cuidado no solo sea a las personas, sino también a nuestros nuestros ecosistemas. Todo eso lo tenemos que debatir.

 

El congreso aborda toda la economía feminista en general, pero este año pone el foco en la economía digital, lo cual no quiere decir que no hablemos de otros temas. Las tecnologías son herramientas y depende de cómo estén diseñadas pueden reproducir sesgos o representar oportunidades. Hay un debate latente en el fondo que tiene que ver con hasta qué punto el objetivo de la digitalización de la economía se aleja del concepto de sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, en relación con las tierras raras, la producción de los chips, las crisis de materias primas, las políticas extractivas, de minerales y materiales necesarios para los componentes electrónicos. Pensaremos hacia dónde podemos ir y cómo podemos convertir la tecnología en una oportunidad que no represente un nuevo sistema de colonización, sectorialización ni jerarquías de clases. Quiénes tienen acceso a determinados puestos y condiciones de trabajo en lo digital, y quiénes quedan fuera, etc. 

 

Hay menos mujeres informáticas, menos mujeres en ciberseguridad, menos mujeres en programación. Es un sector fuertemente masculinizado, con una producción de algoritmos acorde. Las máquinas funcionan con algoritmos; y los algoritmos los crean las personas. Y las personas somos productos patriarcales.

 

¿Quién es?

Carmen Castro (Valencia, 1967) es doctora en Economía y feminista especializada en modelos de bienestar, políticas europeas de género y sistemas de permisos por nacimiento. Es también integrante de la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia y de los comités científicos de los Congresos de Economía Feminista que se celebran cada dos años. Recientemente, ha publicado el libro Claves feministas para transiciones económicas (Tirant Humanidades, 2022) y está comenzando un proyecto para crear una escuela iberoamericana de economía feminista junto con la Mesa de Economía Feminista de Colombia.