Los esfuerzos para lograr la semana laboral de 37,5 horas

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y los sindicatos mayoritarios, CCOO y y UGT, pactaron el pasado diciembre establecer la semana laboral en 37,5 horas en 2025. Anunciado con toda solemnidad, el pacto certificaba la aplicación de uno de los compromisos más importantes del acuerdo de Gobierno firmado en octubre de 2023 por los socialistas encabezados por el presidente Pedro Sánchez y sus socios de Sumar, liderados por la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El acuerdo tiene como lema principal “trabajar menos para vivir mejor”. Se trata de la primera reducción del tiempo de trabajo en España desde 1983, cuando el Gobierno socialista de Felipe González estableció la jornada máxima de 40 horas semanales que ha estado vigente durante las últimas cuatro décadas.

La conversión de este histórico acuerdo en una ley presenta, sin embargo, más obstáculos de los previstos inicialmente. Las dificultades están no solo por el rechazo de las patronales CEOE y CEPYME y la oposición de algunos grupos políticos cuyos votos serán necesarios en el Parlamento —como es el caso de los independentistas catalanes de Junts—, sino por las disensiones que han surgido en el seno de la coalición.

El acuerdo fue saludado inicialmente con unas eufóricas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que aseguró que, “el acuerdo permite ganar tiempo de vida y saldar una deuda histórica con quienes han sido el motor de nuestra economía: las mujeres y hombres que han dedicado su esfuerzo y tiempo al desarrollo del país sin recibir a cambio una mejora proporcional en su calidad de vida”. No obstante, dos semanas después del pacto llegaron las desavenencias internas. El 3 de enero, Díaz acusó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de poner trabas para que el acuerdo se convirtiera en ley. Calificó de “mala persona” al ministro por rechazar la reducción de media hora de trabajo al día y le censuró concretamente por “vetar” el debate de la nueva ley en el Consejo de Ministros al no incluirla entre los temas de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que es un trámite previo obligatorio.

El titular de Economía ha rechazado estas acusaciones asegurando que, para él, “la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es una prioridad”. Un posterior encuentro entre la vicepresidenta y el ministro limó asperezas en el tono pero sin concretar avances. De todas formas, el choque hay que relativizarlo y situarlo en los continuados enfrentamientos que han caracterizado las relaciones entre las dos formaciones políticas de la coalición. Disputas que, sin embargo, no han impedido la aprobación de numerosas leyes de carácter social.

Artífices del acuerdo

Los sindicatos CCOO y UGT, con cerca de un millón de afiliados cada uno, han sido los verdaderos artífices del acuerdo. Hay recordar que en la negociación colectiva de los últimos años ya se ha pactado la semana máxima de 37,5 horas en varios convenios. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha destacado que el pacto persigue “redistribuir los beneficios de la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras”. Considera que “afecta positivamente a sectores feminizados y combate las brechas en el empleo”.

Para Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, se trata de “un acuerdo con una gran trascendencia porque nos llevará a tener una jornada más europea”. Y subraya que esto “no es el final, pues vamos a seguir trabajando para llegar a una jornada de 32 horas semanales”. Hay que recordar que en Francia, en 1998, el Parlamento aprobó la semana laboral de 35 horas, impulsada por la ministra de Trabajo Martine Aubry. 

Con independencia de las disensiones políticas entre los dos socios del Gobierno, el Acuerdo Social presenta la reducción de la jornada de dos horas y media “como una medida redistributiva de los notables incrementos de productividad” experimentados desde 1983. Así, precisa que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad por hora trabajada en España “aumentó en un 30% entre 1990 y 2022, mientras que los salarios reales solo lo hicieron en un 11,5%”. Según Natalia Arias Pérez, economista del Gabinete de Estudios de CCOO, “el fundamento económico de la reducción de jornada es reequilibrar las ganancias de productividad entre capital y trabajo y reducir la brecha de género”.

De entrada, la iniciativa ha sido abiertamente rechazada por las organizaciones patronales, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, (CEPYME). Esta última es quizá la que ha presentado una posición más beligerante en contra de la reducción de jornada al advertir que supondrá un aumento de los altos costes laborales. Concretamente, ha precisado que “una reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo los salarios conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros, según un informe de su Servicio de Estudios. Por su parte la patronal catalana Pimec (Petita i mitjana empresa de Catalunya) se ha mostrado partidaria de que Junts, el partido independentista que lidera Carles Puigdemont en el exilio, y los demás partidos apoyen la reducción de jornada en el Congreso de los Diputados. La posición favorable de esta patronal catalana dificultará a Junts oponerse a la nueva norma.

La nueva regulación prevista persigue también “impedir la proliferación de horas extraordinarias ilegales y, en ocasiones impagadas”. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan más de 2,6 millones de horas extraordinarias al año, que en muchas ocasiones ni se declaran, ni se retribuyen y tampoco se cotizan. El proyecto de la nueva ley contempla también “el refuerzo del derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral”, según ha destacado la consultora Garrigues.

Más allá de los justificados argumentos económicos existen otros propósitos de igual o más valor para los firmantes del acuerdo como son “la ampliación de los espacios de libertad para el disfrute y desarrollo de las personas más allá del descanso o de la conciliación familiar y personal: En definitiva ganar tiempo de vida”.

La huelga de la Canadiense

La reducción del tiempo de trabajo constituye la reivindicación que inspiró el nacimiento del movimiento obrero, cuyas luchas han sido el principal motor del Derecho del Trabajo. En este ámbito, los sindicatos españoles han desempeñado un nivel muy destacado. El 4 de abril de 1919, después de 44 días de huelga, los obreros catalanes dirigidos por el sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), forzaron al Gobierno a aprobar un Real Decreto que estableció las 8 horas diarias y 48 horas semanales. La protesta conocida como la huelga de La Canadiense, había paralizado el 70% de la industria catalana.

Unos días después, el 23 de abril, Francia estableció también la jornada de 8 horas diarias. En octubre del mismo año 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el primer convenio que estableció la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales. La jornada máxima de horas8  diarias fue establecida por primera vez legalmente en Uruguay en 1915, y en 1917 en la Unión Soviética tras la revolución de octubre.

En España, en 1931 el Gobierno de la Segunda República estableció la semana máxima laboral de 40 horas, siendo de nuevo uno de los primeros países en aprobar esta conquista social. Tras el golpe de Estado fascista de 1936, el Gobierno de la dictadura del general Franco volvió a establecer las 48 horas semanales. Hubo que esperar la muerte del dictador para que las movilizaciones obreras obligaran al Gobierno a rebajar la semana laboral a 44 horas en 1976 y a 43 horas en el primer Estatuto de los trabajadores en 1980. En 1983, el primer Gobierno socialista tras la dictadura aprobó la semana de 40 horas, que sigue vigente.

La historia reciente de la reducción del tiempo de trabajo tiene un momento referencial en la proclama del empresario y socialista utópico galés, Robert Owen que en 1817 acuñó el eslogan “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”. A lo largo de los siglos XIX y XX, las luchas obreras por la reducción del tiempo de trabajo han constituido el eje fundamental de las reivindicaciones de los trabajadores. Uno de sus hitos más importantes fue la masacre de los trabajadores de Chicago en 1886, que se manifestaban por conseguir las ocho horas. En la represión, rememorada como los Mártires de Chicago, perdieron la vida 38 trabajadores y 115 resultaron heridas. A finales de aquel mes varios sectores empresariales aceptaron establecer la jornada de ocho horas. Como memoria de los acontecimientos de Chicago se instituyó progresivamente la celebración del 1 de mayo como la jornada de reivindicaciones obreras.

El 1 de mayo de 1890 y 1891, se celebraron huelgas generales y manifestaciones con la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas. El historiador Albert García Balañà, ha señalado que a raíz de aquellos acontecimientos se retomaron los proyectos de reglamentación industrial sugeridos por la Comisión de Reformas Sociales.

Una década posterior, en febrero de 1902, Barcelona vivió la huelga general más revolucionaria que había conocido España y una de las más sangrantes de Europa. La ciudad estuvo paralizada durante una semana y los obreros luchaban por la jornada de nueve horas. La represión fue espantosa con 12 muertos y 44 heridos, según fuentes oficiales, aunque algunos historiadores elevaron la cifra de fallecidos a un centenar, a 300 los heridos y 500 los detenidos. En aquella Barcelona que estaba en plena efervescencia industrial los niños empezaban a trabajar a los 11 años y en algunas fábricas a los 9 años.