El proyecto de ley Pacte es un cajón de sastre que recoge múltiples disposiciones que responden a las expectativas patronales: reducción de los derechos sobre las transmisiones de empresa, elevación del umbral a partir del cual una empresa debe acudir a un auditor de cuentas o supresión de la obligación de informar a los asalariados en caso de cesión que introdujo la ley Hamon sobre la economía social y solidaria (ESS).
El Gobierno francés piensa aumentar el control de los parados y ser más eficaz a la hora de sancionar a los que rechazan ofertas de empleo que se consideren razonables. Es necesario controlar a los parados que cobran la indemnización por desempleo para garantizarse que buscan un trabajo.
La reforma del bachillerato y la creación de Parcoursup, la nueva plataforma francesa de admisión en la enseñanza superior, transforman profundamente el bachillerato y las condiciones de acceso a la enseñanza superior.
El Gobierno francés pretende destinar mil millones de euros de dinero público y privado a apoyar el desarrollo de la economía social y solidaria (ESS). Denominado French Impact, ese programa pretende favorecer el cambio de escala de las empresas sociales que desarrollan iniciativas enfocadas a mejorar nuestro bienestar y a hacer que la economía sea más sostenible.
Alternatives Économiques mostró su satisfacción por la aprobación de la ley sobre los indicadores de riqueza complementarios del PIB dedicándole un dossier en otoño de 2015.
Se dice que, al anunciar que el objetivo de reducir a un 50% la parte nuclear de la producción eléctrica francesa se retrasa hasta después de 2025, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolas Hulot, ha dado muestras de realismo.
A riesgo de provocar a todos los que consideran que la vía del referéndum es el summum de la expresión democrática, a veces pienso que optar por una respuesta binaria a problemas complejos no provoca necesariamente un debate a la altura de lo que se está ventilando, ni un resultado que responda a las expectativas de los ganadores de la consulta.
Los decretos de reforma de la ley laboral francesa tienen un objetivo: aumentar aún más la flexibilidad del mercado laboral. Van a disminuir los costes y riesgos ligados al despido de los trabajadores, incluso cuando éste carezca de una causa real y seria.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se considera la encarnación de un liberalismo progresista. Pretende reducir los corporativismos conservadores, que frenan la modernización del país. Estupendo. Llamemos, pues, su atención sobre un sistema sanitario que está pidiendo más eficacia y menos costes.
La economía europea, y con ella la francesa, va mejor. Tras cinco años de casi estancamiento, el crecimiento podría alcanzar en Francia el 1,6% en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística, Insee.
