Cómo hacer posible la ‘revolución’

¿Cómo acelerar el ritmo de la renovación energética del parque de viviendas sin cargar los costes sobre las clases populares ni aumentar las hostilidades hacia la agenda de transición ecológica? El documento Perfiles sociales y financiación de la renovación energética de viviendas analiza a fondo una batería de propuestas y apunta ocho ideas concretas capaces de aunar estos objetivos.

1. Oficinas de ventanilla únicas

Enfocadas a propietarios, hogares, pymes y entes públicos, con especial énfasis en hogares vulnerables, suponen una pieza clave para orientar en el proceso de renovación, con apoyo técnico y financiero.

Francia cuenta con unas 550 oficinas, muchas gestionadas por activistas y ONG, que trabajan en colaboración con los ayuntamientos y el Gobierno. Las hay  públicas, privadas y mixtas, así como público-comunitarias, con proyectos como Domus, de la fundación Europace, y las oficinas de barrio, como el caso de Opengela, desarrollado para la vivienda social de Bilbao con la colaboración de las asociaciones locales.

La proximidad es fundamental para el llamado marketing social de la renovación, que consiste en fomentar el conocimiento compartido de primera mano, entre vecinos, de las soluciones y su impacto de mejora, pero, sobre todo, en la promoción económica local y el empleo: ofrecer contratistas cercanos de confianza facilita cumplir los objetivos de renovación, eliminar incidencias gracias a la contratación profesional, abaratar costes, así como aumentar la actividad económica en la zona —con nuevos empleos y formación— y los retornos fiscales.

Arquitectura sin Fronteras y ECODES ya han testado proyectos que emparejan hogares vulnerables con contratistas locales.

Las oficinas facilitan soluciones de escala para la financiación: al agrupar proyectos y estandarizar procesos, abaratan los tipos de interés y reducen el riesgo, lo que  facilita el acceso a la financiación, como se ha puesto de manifiesto en experiencias de financiación mixta (blended finance, en inglés) en Lituania y en Polonia, donde se ha implicado el banco BNP.

La financiación de la propia oficina suele tener su origen en fondos de asistencia técnica del Banco Europeo de Inversiones, como el programa ELENA, y en España ya se han desarrollado colaboraciones con los ayuntamientos, como en Barcelona, donde la ventanilla única es gestionada por el Gremio de Arquitectos de Barcelona.

2. Estándares mínimos de eficiencia energética y medidas de acompañamiento

A pesar de ser el perfil de hogar de mayores ingresos del país, los caseros a menudo no sienten que tengan algo que ganar con la renovación de las viviendas que alquilan, lo que exigiría fijar por ley estándares mínimos de eficiencia energética de viviendas (MEPS, en sus siglas en inglés).

Un precedente sería la inspección técnica de vehículos (ITV), destinada a proteger al usuario, pero también a reducir externalidades hacia otros. En el caso de las viviendas, se estaría impulsando el disfrute de las ventajas de una vivienda eficiente a la vez que se evita la externalidad negativa de las emisiones sobre los demás.

Una medida de este tipo tendría que estar acompañada de los siguientes elementos:

• Una planificación pactada, combinando elementos como el pasaporte del edificio y moratorias temporales para hogares de bajos ingresos.

• Subvenciones en función del nivel de ingresos, del 0% para hogares que pueden afrontarlo hasta el 100% para hogares vulnerables.

• Más facilidades de financiación.

• Una serie de excepciones, como podrían ser las segundas viviendas que no estén alquiladas, pero en ningún caso las viviendas de alquiler turístico o de temporada.

• Una tasa a las viviendas desocupadas, para desincentivar que desaparezcan viviendas ofertadas en el mercado de alquiler.

• Una moratoria en la compra de vivienda por parte de cualquiera que no sea un particular para vivienda habitual y un plan ambicioso de construcción de vivienda social en alquiler.

3. Fondo Social para el Clima

A partir de 2027 aumentarán los costes de no renovar, ya que las familias que sigan utilizando los combustibles fósiles en sus hogares tendrán que pagar permisos de emisiones de CO2. Por tanto, esta medida aumenta los ahorros esperados de la renovación energética, pero puede ser contraproducente para hogares que no puedan costearla.

No está claro el precio de los permisos que tendrán que asumir los hogares, pues dependerá del mercado, pero la directiva europea establece que los permisos a subastar serán cada vez menos.

El Fondo Social para el Clima se pondrá en marcha en 2026 para distribuir compensaciones ante estos pagos, de manera que el sistema de comercio de emisiones (ETS-II) deje de ser regresivo,  estimule la renovación, haga más llevadera la carga para los hogares y evite la contestación social.

En España el fondo distribuirá 9.112 millones, siempre que el Gobierno aporte el 25%. La cantidad que finalmente se destine a los hogares afectados por el ETS-II en el pago por calefacción debería centrarse en los que no puedan afrontar los costes de renovar por sí mismos ni aprovechar las desgravaciones fiscales.

El pago del ETS-II y de las compensaciones que se prevean pueden tener muy diversos impactos en los hogares dependiendo de su nivel de renta. Compensar principalmente a los hogares de renta más baja mejoraría los efectos redistributivos del gasto público, pero el objetivo final es estimular también a hogares de todos los niveles de renta. Incluir las compensaciones en una batería de medidas que pudieran estimular a hogares de renta media-alta, como la reducción de los tipos de interés como política monetaria, que no afectaría al gasto público, así como facilitando la gestión y la reducción de riesgos mediante oficinas de renovación, etc., podría permitir utilizar el fondo para compensar a aquellos para quienes mejorar la rentabilidad de la renovación no es el estímulo más importante.

Los hogares que viven de alquiler no pueden tomar la decisión de renovar energéticamente la vivienda que habitan, por lo que no tendría sentido que paguen los permisos de emisiones. Una manera de incentivar a los caseros sería que el Gobierno decidiera que el pago de los permisos de emisiones pudiera recaer más sobre ellos en viviendas ineficientes, en línea con el planteamiento del Gobierno alemán. Este enfoque reduciría la carga fiscal de los inquilinos y animaría a los propietarios a realizar inversiones de mejora, al tiempo que incentiva a los inquilinos para que reduzcan su huella de carbono.

4. La no traslación de costes de caseros a inquilinos

Todos los Estados de la UE tienen que prever en su plan nacional de renovación cómo evitar este traslado de costes de caseros a inquilinos, o su desalojo para dar entrada a inquilinos de mayor nivel de renta.

Esta preocupación está justificada, pues muchos procesos de renovación han alentado la gentrificación. Los controles de precios incluidos en la ley de vivienda están surtiendo efecto donde se aplican, pero también están reduciendo la oferta de vivienda en alquiler para vivienda habitual, lo que agrava la escasez.

Una solución eficaz a este reto exigiría un plan integral de vivienda que incluya no solo incrementar la construcción de vivienda nueva, social y asequible, sino también incorporar viviendas a la oferta mediante un desincentivo a las viviendas desocupadas en forma de tasa a las viviendas vacías, así como estudiar medidas que permitan reducir la demanda generada por motivos de inversión o especulación.

5. Programas del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

El banco público europeo puede apoyar la rehabilitación energética de viviendas con un paquete de medidas para la financiación. No solo ofrece financiación a muy bajo coste, sino que, además, y de forma complementaria, ofrece asistencia técnica (ELENA) y un fondo de garantía (INVEST-EU).

La iniciativa ELENA (European Local Energy Assistance) respalda proyectos de eficiencia energética, energías renovables y transporte urbano sostenible. Este programa puede ser esencial en la creación de las oficinas de renovación energética al actuar como un facilitador experto, ofreciendo apoyo, normalmente a fondo perdido, a entidades públicas y privadas en la planificación, diseño, financiación y gestión de proyectos que buscan reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad a nivel local.

Por ejemplo, si un ayuntamiento quiere impulsar la rehabilitación energética de un barrio con viviendas antiguas y poco eficientes, con el objetivo de mejorar el confort de los residentes, reducir las facturas de energía y contribuir a los objetivos climáticos del municipio, ELENA puede apoyar en múltiples facetas, con tres pilares fundamentales: asistencia técnica especializada, subvenciones e intercambio de conocimientos.

Algunos proyectos de renovación de viviendas ya han sido apoyados por ELENA, sobre todo en Cataluña y Navarra.

InvestEU, el fondo de inversiones sostenibles de la UE, participado por el BEI y la Comisión Europea, funciona como “aval” o “garantía” para proyectos que beneficien a Europa, lo que permite atraer más inversión privada hacia proyectos que, de otra forma, podrían tener dificultades para conseguir financiación.

Es frecuente que la financiación obtenida para los proyectos, que se suelen canalizar a través de entidades financieras locales, esté también financiada con fondos del BEI y, a veces, también disfrute de garantías de Invest EU. La financiación del BEI es muy competitiva, ya que capta capital a muy bajo tipo de interés gracias a que su rating crediticio es AAA, y lo ofrecen con un tipo de interés normalmente por debajo del  euríbor.

6. Tipos de interés verdes al 0% para renovaciones energéticas de viviendas

Una forma de adaptar la política monetaria al reto climático consistiría en que la política monetaria apoyase los objetivos europeos de renovación energética de los hogares con un tipo de interés más bajo.

Con el fin de alcanzar estos objetivos ambiciosos sin reacción social contra la política climática, los bancos centrales tienen la capacidad de poner en marcha un tipo de interés verde que sea más bajo que el tipo de interés convencional, pero solo aplicable a inversiones sostenibles.

De esta forma, el Banco Central Europeo (BCE) podría ofrecer una línea de refinanciación para los bancos a tipos de interés negativos para conseguir que la banca, a su vez, prestara al 0% en préstamos e hipotecas asociados o destinados a la renovación energética de edificios.

Esta propuesta, contenida en las demandas de la Campaña Unlock59, es una recomendación que también ha sido recogida en un informe del think-tank Bruegel elaborado para la Comité Económico y Monetario del Parlamento Europeo, y que ha merecido la consideración de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en su respuesta a una carta enviada por diferentes activistas financieros en la que se proponía esta medida. En España, un grupo de trabajo del sector de la renovación energética de edificios, formado por profesionales y actores sociales consultados para impulsar la implementación de la estrategia a largo plazo para la renovación energética (ERESEE), también la ha incluido entre sus recomendaciones.

Conviene tener en cuenta que el BCE ya ha estado prestando a tipos de interés negativos al sistema bancario durante la Gran Recesión y la pandemia, con la única condición de que los bancos dieran crédito en sus mercados, por lo que la propuesta no significaría hacer algo nuevo, sino volver a activar esta medida cambiando los condicionantes.

En el plano regulatorio, los bancos centrales nacionales podrán identificar este tipo de préstamos en los balances de los bancos que regulan gracias a la puesta en marcha de la taxonomía verde europea, que obligará a los bancos a informar sobre los volúmenes de préstamos de renovación e hipotecas verdes.

La Orden ECO/805/2003 de tasación de inmuebles ya prevé que el valor futuro de la vivienda se pueda tener en cuenta en el momento de la tasación a partir de la obtención de la licencia de obras que permite llevar a cabo una reforma. La futura calificación energética de la vivienda tras la obra también habría de tenerse en cuenta a efectos de acceder a la hipoteca verde, por lo que podría ser necesaria una modificación en esta norma, que está en pleno proceso de actualización para incorporar criterios de sostenibilidad.

Recientes investigaciones apuntan a que las inversiones conducentes a la transición ecológica podrían generar actividad económica sin ser inflacionarias. La solución propuesta también contribuiría a resolver el problema de incoherencia entre política monetaria y política fiscal anteriormente señalado: no tiene sentido estar incentivando las inversiones en renovaciones energéticas con fondos Next Generation (política fiscal) mientras que, por otro lado, se encarecen y desincentivan dichas inversiones subiendo los tipos de interés (política monetaria).

7. Reducción del precio al consumidor de la electricidad

En un estudio de 2024, la consultora Bruegel plantea la posibilidad de reducir el coste de la electricidad como medida para estimular la descarbonización de las calefacciones, algo que sería muy relevante si añadimos a la reducción de las necesidades energéticas, el análisis de la sustitución de calderas por otros sistemas de calefacción electrificados, ya que la tendencia de las emisiones de CO2 del sistema de generación eléctrica es descendente.

Sin embargo, la electrificación tiene un problema, y es que los costes de la electricidad están muy sobrecargados de otros costes que van más allá del consumo eléctrico, como los de  red, entre otros.

Estos costes podrían asumirse a nivel europeo como una infraestructura básica imprescindible, y un bien común, para la transición ecológica y el desarrollo de la soberanía energética del continente.

8. Gravamen relativo a externalidades negativas para perfiles de rentas altas

Los beneficios compartidos de la renovación energética de viviendas son enormes e incluyen la mejora en las condiciones de vida, la reducción de la pobreza energética, la alineación con los objetivos de París en mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción de costes sanitarios y de bajas médicas en el trabajo relativos a la reducción de la contaminación y enfermedades respiratorias asociadas, a la reducción de las muertes y enfermedades derivadas de las olas de calor, etc.

Este tipo de beneficios se han cuantificado en diversos trabajos. Como contrapartida de estos beneficios compartidos, se puede definir el coste de la externalidad negativa asociada a seguir igual en lugar de tomar medidas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Las medidas expuestas anteriormente pueden impulsar enormemente las renovaciones energéticas, pero si no fuera así un impuesto de carbono, adicional al ETS-II y proporcional al nivel de renta del hogar, enfocado exclusivamente a los hogares que tienen capacidad económica para renovar, podría incrementar el ahorro asociado a la renovación de la vivienda, mejorando la probabilidad de materializarla.