Una financiación singular para garantizar la justicia social

En 2014, el Gobierno de Convergència i Unió  (CiU) acordó unos presupuestos con Esquerra Republicana de Catalunya que suponían pasar de los recortes en gasto a recuperar nuevos ingresos. En la década de 2014 a 2024, Cataluña ha ido de los recortes a presupuestos de máximos. Es un gasto récord de 43.673 millones de reuros, mientras la ratio de deuda sobre el PIB se ha reducido del 35% al 30%, todo un hito posible gracias al compromiso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con una fiscalidad catalana de progreso y verde, que garantiza que los que más ganan, más tienen, más heredan y más contaminan son los que más contribuyen.

No ha sido tarea fácil, dificultada por la competencia desleal de otros territorios del Estado, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Si bien ERC acabó con los privilegios fiscales a los más ricos en Cataluña, en Madrid se han cronificado, tanto que investigadores de la OECD la han definido como un “paraíso fiscal interno”.

El informe Paraísos Fiscales, Wealth Taxation and Mobility (1) evidencia la agresividad de Madrid para captar grandes fortunas: de 2011 a 2015, hasta 6.000 de ellas se trasladaron a Madrid. Otro ejemplo: Cataluña ingresa el 45,5% de impuesto de patrimonio, un hecho que se explica porque el otro gran motor económico del Estado, la Comunidad de Madrid, bonifica en su totalidad esta figura. En esta tesitura, los hay que quieren responder a la rebaja con rebaja. Una carrera hacia la nada, que  solo supone más disparidades e injusticia.

ERC ha  trabajado para hacer que Cataluña sea sinónimo de progreso y justicia social, también en el ámbito fiscal. Aun así, los impuestos sobre los que la Generalitat tiene capacidad de gestión suponen solo una pequeña parte. Únicamente tiene capacidad de gestión plena sobre el 3% de los ingresos (los impuestos propios y plenamente gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña, ATC) y parcial sobre el 15% (los cedidos, gestionados por la ATC con una capacidad normativa limitada).

Tenemos obligaciones de gasto, pero no capacidad para generar ingresos, una contradicción que se detalla en el informe Finançament singular. Una proposta de finançament just per a Catalunya, del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat. La comparación con otros Estados federales es palmaria: mientras que en Canadá el Gobierno central dispone del 46% de los ingresos vía impuestos, los regionales el 44%  y los locales el 10% —una distribución similar a la Alemana—, en el Estado español el Gobierno central acapara el 62%, los regionales el 24% y los locales el 13%.

Dicha capacidad está orientada a la introducción de bonificaciones, con poco margen para incrementar la base o tipos impositivos. Es más fácil rebajar impuestos que abordar reformas de progreso. El margen recae en aquello que no ha regulado el Estado, hecho que explica que Cataluña sea pionera en fiscalidad verde. Es un margen limitado por un estatus quo conservador y centralista. Un ejemplo: el impuesto catalán sobre los depósitos bancarios que quedó en agua de borrajas cuando el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro reguló la misma figura impositiva en un 0,0%.

Fondos opacos

El actual sistema de financiación se configura, pues, como poco redistributivo entre regiones, con fondos ad-hoc opacos y distorsionadores e  incentivos para gestionar la política fiscal bonificando y rebajando.

Este sistema imposibilita garantizar el bienestar de Cataluña. Si queremos equipararnos al gasto de las comunidades forales en salud, educación y derechos sociales necesitamos aumentar 8.767 millones de  euros  —un incremento aproximado del 37% respecto los presupuestos de 2024—, y si nos queremos equiparar a la zona euro, estaríamos hablando de 16.262 millones. Las cifras que necesitamos para garantizar el bienestar de la ciudadanía están muy muy lejos de las que podemos obtener con el actual sistema de financiación. Solo es posible garantizar las demandas sociales de la ciudadanía de Cataluña si garantizamos que la Generalitat sea soberana para decidir y gestionar su propia fiscalidad, en un contexto de soberanías compartidas a nivel europeo.

Tal fue la conclusión de la comisión de estudio de la deuda histórica del Parlament de Catalunya, que reclamaba un cambio de modelo para garantizar que Cataluña recauda y gestiona todos sus impuestos. También es el consenso que se dibujó ampliamente en 2005 en el sistema de financiación incorporado al Estatuto, que contó con el voto a favor del 90% del hemiciclo. Estos grandes consensos históricos han servido para forjar el acuerdo entre ERC y el PSC, avalado por la ejecutiva federal del PSOE, para transitar hacia a un financiamiento singular que permita incrementar la soberanía fiscal de Cataluña.

Hacienda catalana

Es un acuerdo claro en su horizonte, el camino para llegar y los pasos a seguir.

Horizonte. Un sistema que, en su esencia, es equiparable a un concierto económico, con la Hacienda catalana responsable de recaudar, gestionar e inspeccionar los impuestos devengados en Cataluña, mientras que se sufraga el coste de los servicios del Estado vía participación en impuestos. La solidaridad se garantiza con una cuota acordada entre Estado y Generalitat de forma transparente y bilateral, limitada por la ordinalidad.

Camino. El primer semestre de 2025 una comisión bilateral Generalitat-Estado propondrá el calendario legislativo para llegar al horizonte acordado. El calendario aún no está cerrado, pero sí orientado de forma clara: Cataluña ha de recaudar, gestionar e inspeccionar todos los impuestos. La garantía de singularidad es el mecanismo de negociación bilateral con el Estado y con el objetivo de llegar al horizonte anteriormente explicado.

Pasos. El traspaso del IRPF, efectivo en 2026. Es decir, el IRPF de 2025 que se liquida en el año siguiente ya se tendría que recaudar en Cataluña. No es un hito menor, pues la ATC pasaría de gestionar el 18% de los ingresos a gestionar el 64%. Es un cambio de calado, imposible de un día para otro: 852 personas trabajan en la ATC, mientras que en la AEAT son 25.909. Es imprescindible que, en paralelo al calendario de traspaso, la ATC adquiera la dimensión necesaria.

La izquierda del resto del Estado tendría que recibir este acuerdo como una oportunidad. Informes de la OECD definen la Administración española como un régimen integrado: bajo nivel de autonomía fiscal y descentralización del gasto. Es un sistema contradictorio que dificulta el rendimiento de cuentas y fomenta los “paraísos fiscales internos” allá donde manda la derecha… y algunos barones del PSOE.

Cataluña ha puesto sobre la mesa una propuesta que liga los recursos disponibles al esfuerzo fiscal y que es garantía de soberanía y de progreso. La alternativa, mantener el statu quo, es condenar a Cataluña a la insuficiencia financiera, continuar cargando en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de Cataluña el coste de las rebajas fiscales de las que disfrutan las élites sociales y económicas del resto del Estado.