La renta para las personas más pobres llega con cuentagotas y entre críticas de entidades sociales. El ministro Escrivá hace ajustes para agilizar el proceso.
Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.
El roto social que está provocando la pandemia de la covid-19 ha reavivado el ya agitadísimo debate sobre la conveniencia de repartir dinero entre la población que palíe o directamente erradique las situaciones de pobreza.
Es necesario fijar topes a la acumulación para garantizar la libertad efectiva de toda la ciudadanía y que nadie sea tan poderoso como para imponer a su arbitrio los destinos públicos. Sería el complemento ideal de la renta básica incondicional.
