Pensiones // Un modelo vasco para el Estado
El Gobierno se fija en el modelo de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Geroa o Lagun Aro son algunos ejemplos.
El Gobierno se fija en el modelo de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Geroa o Lagun Aro son algunos ejemplos.
La renta para las personas más pobres llega con cuentagotas y entre críticas de entidades sociales. El ministro Escrivá hace ajustes para agilizar el proceso.
Octavio Granado (Burgos, 1959) es profesor de enseñanza media, pero ha dedicado prácticamente toda su vida adulta a la política. Tras casi dos décadas como senador, en 2004 fue nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social. Es el único miembro del equipo económico del Gobierno que estuvo ininterrumpidamente los siete años y medio de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
En España hay poco más de 40.000 trabajadoras sociales, según el Consejo General del Trabajo Social. Una mayoría aplastante de ellas son mujeres, que aparecen en lugares muy variados —centros sociosanitarios, colegios, tribunales, residencias de mayores, hospitales, centros de día, incluso universidades— pero siempre inmiscuidas en situaciones difíciles, donde el factor humano está de por medio.
La pandemia ha dado alas al debate sobre la cuestión.
Paradoja: El creciente apoyo ciudadano a una RBU contrasta con la indiferencia de políticos y opinadores profesionales.
Son los euros de ayuda para la compra de un coche diésel o de gasolina (con emisiones de hasta 120 gramos de CO2) aprobados por el Gobierno, que quiere que estos vehículos no circulen en 2050. La ayuda para los coches sin emisiones es de 4.000 euros.
Un recordatorio en primera persona del durísimo mundo previo al Estado de bienestar.
Los creadores del éxito Intocable vuelven con una conmovedora historia, basada en hechos reales, para denunciar el abandono que padecen muchas personas con autismo.
El roto social que está provocando la pandemia de la covid-19 ha reavivado el ya agitadísimo debate sobre la conveniencia de repartir dinero entre la población que palíe o directamente erradique las situaciones de pobreza.
Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.
La respuesta al desafío del coronavirus y sus estragos económicos y sociales pasa por la cooperación a todos los niveles.
La Encuesta de Población Activa de enero a marzo arroja casi 600.000 hogares sin ingresos, más de un millón con todos sus miembros en el paro y un incremento sin precedentes de la cifra de personas inactivas. Tiene lógica que la renta mínima deba ser compatible con ingresos salariales.
La red de seguridad de nuestro Estado de bienestar adolece de un enorme agujero por donde se cuelan pobreza y exclusión social. Así lleva advirtiéndoselo en los últimos cuatro años a España la Comisión Europea. La rotura puede repararse con una renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía, tema que suscita controversia por sus costes. Ahora, los estragos económicos de la pandemia ablandan las tradicionales resistencias a algunos de los modelos en los que la medida puede plasmarse, o al menos a su aplicación temporal. El Gobierno ha aprovechado la corriente favorable de opinión y este verano contempla poder empezar a pagar un ingreso mínimo vital estatal, con cuantías en función de la tipología del hogar, que ayude a mermar la pobreza severa.
Es la solidaridad, estúpido!”. Casi tres décadas después del famoso (y tantas veces manoseado) latiguillo “¡Es la economía, estúpido!”, la fórmula secreta que permitió a Bill Clinton apartar de la Casa Blanca a George H. Bush, resulta que el elemento clave cuando las cosas van mal dadas de verdad es, en realidad, la solidaridad.
El gasto público en protección social en España se sitúa por debajo de la media de la UE, en un indicador en el que Finlandia va primera. Destinamos menos que la media en todas las categorías de gasto público (incluyendo sanidad)salvo seguridad y medio ambiente.
El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal.
El funcionamiento de las transferencias sociales que ayudan a paliar la desigualdad de los hogares con rentas más bajas respecto de los que disfrutan de ingresos más elevados resulta ineficiente en España. En ello coinciden la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos (OCDE).
Si llegara a implantarse, la retribución básica no sería igual en toda la Unión. Su cuantía dependería del grado de desarrollo de cada país.
ENSAYO: Regalar implica reciprocidad. Si no, es otra cosa.
Recibe cada mes la revista en casa y ten acceso a todos los contenidos online.