Nadie duda de la importancia que tiene el Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. El hecho de que  haya sido el resultado de un acuerdo entre los sindicatos de trabajadores y la patronal (con la abstención destacable de ASAJA) es de por si una buena señal, para todos aquellos que pensamos que solo se puede construir País negociando y acordando, entre agentes sociales (o partidos políticos) con lógicamente prioridades (o programas) distintas. Pero no puede ser suficiente para hacerse una opinión definitiva sobre la utilidad de la nueva legislación.

El campo español ha perdido dos millones de personas ocupadas desde 1976, según un estudio de Funcas. Y no solo eso. Uno de los elementos que mide el riesgo de exclusión social es la proporción de hogares con baja intensidad de empleo (aquellos cuyos miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial de trabajo). Tras la crisis de 2008 aumentó mucho. Pese a la mejoría posterior, la diferencia entre la situación en las zonas urbanas y rurales, en detrimento de las segundas, se ha cronificado.

¿Qué valores vinculados al consumo alimentario comienzan a verse alterados tras la crisis de la covid-19? ¿Cómo puede influir la crisis económica, resultante de la crisis sanitaria, en la demanda de productos ecológicos y locales, que en los años recientes se encontraba frente a una clara senda de expansión en España? En un mundo post-covid, ¿qué pueden suponer estos súbitos cambios para los pequeños y medianos productores agroecológicos, desde el punto de vista de las condiciones objetivas para abordar un salto de escala de la producción y del consumo? Es posible que parte de los cambios que se entrevén en las formas de producir, distribuir y consumir hayan venido para quedarse tras un proceso de desescalada necesariamente lento.

El campo ha alimentado al país durante dos meses de confinamiento en condiciones difíciles y con grave riesgo para la salud de sus trabajadores. Y no solo ha garantizado el suministro a los supermercados nacionales, sino también a los de aquellos países europeos que dependen de las frutas, verduras y hortalizas españolas para su supervivencia. Pasadas las peores semanas de lucha contra el virus, los agricultores reclaman que se reconozca de una vez su papel estratégico y que se cumplan las mejoras pactadas a raíz de los cortes de carretera, tractoradas y manifestaciones de principios de año, entre ellas un precio justo para sus productos.

Opacidad: Llegar a 2021 sin pactar las cuentas tendría consecuencias graves para la Unión.

Para conseguir precios justos y afrontar con éxito la revolución tecnológica, los productores tienen la opción de asociarse y apostar por la calidad.

Con el año 2019 entró en vigor la subida pactada por el Gobierno con Podemos del salario mínimo hasta los 900 euros al mes, con 14 pagas, o sea 1.050 euros al mes con 12 pagas. Para comparar, según los datos del diario Expansión, este sería de 1.593 euros en Bélgica, 1.557 en Alemania, 1521, en Francia, 700 en Portugal y 683 em Grecia. 

La sociedad civil reclama desde hace décadas medidas que acaben con la discriminación que sufren los habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas.

La mujer rural sufre una doble discriminación: por ser mujer y por ser de pueblo. Problemas como la brecha salarial, la doble jornada, el déficit de formación y la violencia machista se acentúan en las zonas menos pobladas del país.

En este número de la Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, lleva un monográfico sobre las "Cadenas globales agroalimentarias: debates teóricos e investigaciones empíricas", coordinado por Carlos de Castro.

Despoblación: Tras décadas de abandono y silencio, el medio rural reclama en voz alta medidas urgentes para frenar su declive.